Las estaciones migratorias del país permanecen en el olvido

El proyecto del gobierno calderonista para mejorar la situación de las estaciones migratorias que operan en el país sigue inconcluso. Ha pasado ya un año desde que la titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero Castillo, anunció –frente a legisladores– el plan de la presente administración para modificar el reglamento para casi medio centenar de inmuebles en los que se “asegura” a miles de indocumentados, principalmente procedentes de países centroamericanos.

El 13 de marzo, frente a diputados, la funcionaria ofreció un diagnóstico de este sector y, en particular, de la situación en que operaban las 48 estaciones migratorias, ubicadas en 23 entidades de la República.

Un año antes, en 2006, las autoridades de la Secretaría de Gobernación informaron el “aseguramiento” (o detención temporal) de 180 mil extranjeros, fundamentalmente con alojamiento en Chiapas y el Distrito Federal.

Desde ese momento, Romero Castillo admitió las “deficiencias” de las estaciones migratorias, en comparación con los estándares internacionales que México está obligado a cumplir.

“Hay un diagnóstico crudo de la realidad que impera”, toda vez que muchas de las estaciones no contaban con servicios básicos como atención médica, enseres básicos para los asegurados e inclusive muchas no contaban con teléfono, colchonetas o cobijas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido diversas recomendaciones, con base en investigaciones y documentos en alusión a las carencias.

Por ello, dijo entonces la responsable del INM, “un propósito inicial de esta administración ha sido retomar en todos sus puntos el referido informe (de la CNDH).

Semanas después fue conocido el documento base de las “Normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del INM”, pero hasta la fecha el proyecto no ha sido autorizado, debido a múltiples enmiendas ordenadas desde la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Desde abril de 2007, organizaciones no gubernamentales como Sin Fronteras denunciaron que el proyecto gubernamental sólo prevé una rigidez excesiva para los extranjeros (al inicio habían incluido la posibilidad de fichaje con foto y huella, aunque enseguida fue retirada la medida) y más requisitos para los grupos civiles de apoyo a indocumentados y otros auxiliares como sacerdotes o abogados.

México expulsa a más de 400 mil conciudadanos al año, pero como país de tránsito registra un flujo de 400 mil migrantes indocumentados que buscan llegar a Estados Unidos, se informó.

Nota de Fabiola Martínez, La Jornada, 24 de abril.


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