Demostrar que no es una obligación constitucional de los legisladores penalizar todas las conductas, que los fetos no tienen personalidad jurídica y que se debe garantizar el derecho a decidir de las mujeres, son los puntos relevantes que la Asamblea Legislativa defenderá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar sin efecto la controversia constitucional contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
Alejandro Madrazo, asesor jurídico de la ALDF, aseguró que los alegatos para enfrentar la controversia que promovió la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos están listos y se expondrán el próximo 25 de abril.
En entrevista con MILENIO, Madrazo Lajous confió en que la Asamblea Legislativa ganará el litigio, porque “son inviables” los argumentos de la PGR y la CNDH, además de que si se fallara a su favor sería “peligrosísimo”, ya que se sentaría un precedente de que los legisladores están obligados a penalizar cualquier conducta.
Expuso que la Constitución señala que los legisladores tienen esa obligación pero sólo en los casos específicos que se establecen en los artículos 16, 19, 20 y 109.
“Sería demasiado peligroso que se sentara este precedente, porque se estaría hablando de que los diputados van a estar obligados a penalizar cualquier conducta, aún cuando no sea grave”, afirmó.
El abogado precisó que en ningún momento se impide al legislador proteger al feto por diversas vías.
Dijo que la lógica del sistema penal mexicano es que se deben buscar todas las opciones para no llegar a la sanción penal, en específico para proteger un bien jurídicamente tutelado.
“Es como el derecho a la vivienda, si se tuviera la obligación de penalizar todo, esto se penalizaría y los gobiernos estarían en un conflicto constante, porque muchas personas no tienen ese derecho ni hay posibilidades de otorgársela”.
Expuso que la única forma en que se podría declarar inconstitucional la despenalización del aborto en el DF sería que los diputados locales estuvieran obligados por la Constitución a usar la fuerza del Estado para sancionar con pena corporal a una mujer que decidió interrumpir su embarazo.
Sin embargo, esta obligación no existe en la Carta Magna y sería un gran riesgo que la Corte avalara esta posición de la PGR y la CNDH, porque habría gran confusión al respecto.
Alejandro Madrazo consideró que el argumentar en la controversia constitucional la obligación de los legisladores a penalizar, habla de que la PGR y la CNDH no tienen conocimiento de la ley.
Empero, detalló que en ese sentido se enfocarán también a mostrar a los ministros la inviabilidad de la controversia constitucional.
Aunado a la defensa que darán a la reforma que aprobó por mayoría la ALDF el 24 de abril del año pasado, el abogado precisó que un punto a favor que llevan los asambleístas es que existe la presunción de constitucionalidad.
Esta presunción se da porque de entrada el supuesto es que lo que hicieron los diputados locales fue constitucional y son la PGR y la CNDH los que deben comprobar lo contrario.
Por ello, requerirán que los ministros fallaran a su favor por unanimidad o bien que lograran ocho de las 11 firmas.
Mientras que la ALDF sólo requiere el apoyo de cuatro ministros para que se confirme la constitucionalidad de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Sostuvo que de esta manera se ve muy complicado que la PGR y la CNDH logren las ocho firmas, ya que la discusión en la Corte no es sobre si es bueno o malo el aborto, sino la constitucionalidad de la reforma.
“No habrá una discusión de moral ni nada de ello, sino sobre lo que marca la Constitución y los diputados locales se apegaron a lo que dice la ley, por eso existe la certeza de que se va a ganar el juicio”, dijo.
Expuso que la otra parte que se atacará en el litigio será el exponer que la penalización del aborto era simbólica, ya que miles de mujeres interrumpían sus embarazos, lo que generaba clandestinidad e insalubridad en los casos de las mujeres de escasos recursos.
Afirmó que por esta situación, antes de la reforma morían 30 mujeres diario, debido a que se les practicaban los abortos con métodos rudimentarios y en la clandestinidad.
Madrazo Lajous detalló que la PGR y la CNDH interpusieron la controversia con cinco falsas apreciaciones de la Constitución.
Uno de sus errores fue presumir que jurídicamente el embrión o feto es persona, por lo que se están violando derechos fundamentales a la vida, la salud y la igualdad del embrión.
“Este punto lo vamos a atacar señalando que es un error no considerar que, jurídicamente, sólo las personas son titulares de derechos y el carácter de persona, conforme a nuestra legislación, se adquiere por nacimiento y se pierde al morir”, aseveró.
El otro tema será poner claro que la Constitución sí prevé garantizar los derechos de la mujer, no como lo establecen en la impugnación al precisar que el derecho a la libertad reproductiva es inexistente.
- Claves
Las controversias
• El 26 de mayo pasado, la PGR y la CNDH presentaron sendas controversias constitucionales contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
• Las áreas jurídicas del GDF y la Asamblea Legislativa formaron un frente común para defender la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación ante la Corte.
• El pasado 1 de abril, la Corte anunció que el próximo 11 de abril se celebrará la primera audiencia pública para que la CNDH y la PGR presenten sus alegatos contra la reforma
Alejandro Madrazo, asesor jurídico de la ALDF, aseguró que los alegatos para enfrentar la controversia que promovió la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos están listos y se expondrán el próximo 25 de abril.
En entrevista con MILENIO, Madrazo Lajous confió en que la Asamblea Legislativa ganará el litigio, porque “son inviables” los argumentos de la PGR y la CNDH, además de que si se fallara a su favor sería “peligrosísimo”, ya que se sentaría un precedente de que los legisladores están obligados a penalizar cualquier conducta.
Expuso que la Constitución señala que los legisladores tienen esa obligación pero sólo en los casos específicos que se establecen en los artículos 16, 19, 20 y 109.
“Sería demasiado peligroso que se sentara este precedente, porque se estaría hablando de que los diputados van a estar obligados a penalizar cualquier conducta, aún cuando no sea grave”, afirmó.
El abogado precisó que en ningún momento se impide al legislador proteger al feto por diversas vías.
Dijo que la lógica del sistema penal mexicano es que se deben buscar todas las opciones para no llegar a la sanción penal, en específico para proteger un bien jurídicamente tutelado.
“Es como el derecho a la vivienda, si se tuviera la obligación de penalizar todo, esto se penalizaría y los gobiernos estarían en un conflicto constante, porque muchas personas no tienen ese derecho ni hay posibilidades de otorgársela”.
Expuso que la única forma en que se podría declarar inconstitucional la despenalización del aborto en el DF sería que los diputados locales estuvieran obligados por la Constitución a usar la fuerza del Estado para sancionar con pena corporal a una mujer que decidió interrumpir su embarazo.
Sin embargo, esta obligación no existe en la Carta Magna y sería un gran riesgo que la Corte avalara esta posición de la PGR y la CNDH, porque habría gran confusión al respecto.
Alejandro Madrazo consideró que el argumentar en la controversia constitucional la obligación de los legisladores a penalizar, habla de que la PGR y la CNDH no tienen conocimiento de la ley.
Empero, detalló que en ese sentido se enfocarán también a mostrar a los ministros la inviabilidad de la controversia constitucional.
Aunado a la defensa que darán a la reforma que aprobó por mayoría la ALDF el 24 de abril del año pasado, el abogado precisó que un punto a favor que llevan los asambleístas es que existe la presunción de constitucionalidad.
Esta presunción se da porque de entrada el supuesto es que lo que hicieron los diputados locales fue constitucional y son la PGR y la CNDH los que deben comprobar lo contrario.
Por ello, requerirán que los ministros fallaran a su favor por unanimidad o bien que lograran ocho de las 11 firmas.
Mientras que la ALDF sólo requiere el apoyo de cuatro ministros para que se confirme la constitucionalidad de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Sostuvo que de esta manera se ve muy complicado que la PGR y la CNDH logren las ocho firmas, ya que la discusión en la Corte no es sobre si es bueno o malo el aborto, sino la constitucionalidad de la reforma.
“No habrá una discusión de moral ni nada de ello, sino sobre lo que marca la Constitución y los diputados locales se apegaron a lo que dice la ley, por eso existe la certeza de que se va a ganar el juicio”, dijo.
Expuso que la otra parte que se atacará en el litigio será el exponer que la penalización del aborto era simbólica, ya que miles de mujeres interrumpían sus embarazos, lo que generaba clandestinidad e insalubridad en los casos de las mujeres de escasos recursos.
Afirmó que por esta situación, antes de la reforma morían 30 mujeres diario, debido a que se les practicaban los abortos con métodos rudimentarios y en la clandestinidad.
Madrazo Lajous detalló que la PGR y la CNDH interpusieron la controversia con cinco falsas apreciaciones de la Constitución.
Uno de sus errores fue presumir que jurídicamente el embrión o feto es persona, por lo que se están violando derechos fundamentales a la vida, la salud y la igualdad del embrión.
“Este punto lo vamos a atacar señalando que es un error no considerar que, jurídicamente, sólo las personas son titulares de derechos y el carácter de persona, conforme a nuestra legislación, se adquiere por nacimiento y se pierde al morir”, aseveró.
El otro tema será poner claro que la Constitución sí prevé garantizar los derechos de la mujer, no como lo establecen en la impugnación al precisar que el derecho a la libertad reproductiva es inexistente.
- Claves
Las controversias
• El 26 de mayo pasado, la PGR y la CNDH presentaron sendas controversias constitucionales contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
• Las áreas jurídicas del GDF y la Asamblea Legislativa formaron un frente común para defender la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación ante la Corte.
• El pasado 1 de abril, la Corte anunció que el próximo 11 de abril se celebrará la primera audiencia pública para que la CNDH y la PGR presenten sus alegatos contra la reforma
Nota de Luis Velázquez, Milenio, 7 de abril.
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