Niega Uribe presionar a la justicia colombiana

BUENOS AIRES.— En medio de la peor crisis desde que llegó al gobierno en el 2002, el presidente colombiano Álvaro Uribe prometió ayer que estaría dispuesto a presentar su dimisión, si se demuestra que presionó a la Justicia para evitar o entorpecer la investigación sobre su primo, el senador Mario Uribe, detenido el pasado lunes por sus presuntos vínculos con los paramilitares.

Con la investigación de la “parapolítica” cada vez más cerca del Palacio presidencial, enfrentado con la Justicia por diversos temas y con un Congreso que tiene problemas para sesionar porque 65 de sus integrantes están impedidos judicialmente, Uribe es investigado y acusado por un juez de haber realizado llamados a los magistrados “para averiguar por la situación de su primo en diciembre último”, según consta en la denuncia del ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, César Valencia.

“Si me demuestran que he ejercido presiones sobre la Justicia, renuncio al cargo”, prometió Uribe en declaraciones a una emisora radial en la que defendió su política ante los paramilitares “a los que este gobierno ha desmontado”.

No obstante, el jefe de Estado quien negó nuevamente que busque candidatearse por tercera vez a la presidencia —“porque no es bueno que el presidente se perpetúe”—, instó a Valencia a retractarse, mientras mantiene una querella contra el ex magistrado por calumnias e injurias.

Sin embargo, Valencia no retrocedió en sus acusaciones contra el mandatario a quien desafió a “someterse a un detector de mentiras”, justo ahora que los supuestos lazos de Uribe con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) volvió a reavivarse.

Mientras el presidente parece decidido a mantenerse cuerpo a cuerpo en la disputa con la Corte Suprema, en el Congreso la coalición oficialista se ve impedida de sacar adelante la reforma política, que le permita al gobierno seguir ostentando la mayoría parlamentaria.

En la Cámara de representantes el oficialismo cuenta con 111 representantes, de los cuales 35 están inhibidos de votar, ya sea porque están detenidos o suspendidos por sus presuntos vínculos con la “parapolítica” o por otras investigaciones.

En otro orden, el canciller Fernando Araújo anticipó el jueves que Bogotá prepara una nota de protesta quejándose por recientes declaraciones del mandatario de Ecuador, Rafael Correa, sobre las FARC y el gobierno colombiano.

También se reportó que la senadora Piedad Córdoba aparece como presunta aliada de las FARC en un computador que pertenecía a Raúl Reyes, segundo al mando de esa guerrilla, quien murió marzo en un operativo militar colombiana en territorio ecuatoriano.

Nota de José Vales, El Universal, 25 de abril.