A un año de inaugurada, la Agencia Especializada en Atención de Personas Indígenas (AEPI) opera con poco personal, sin el equipo adecuado y sin autonomía.
La AEPI fue inaugurada el 21 de marzo de 2007, pero sigue subordinada a la Coordinación Territorial 4, en la Delegación Cuauhtémoc.
"Nosotros no podemos iniciar la averiguación previa porque no tenemos servidor, todo se controla desde Cuauhtémoc (CUH) 4", describió su titular Heriberto Méndez Estrada.
Ante la falta de infraestructura, por lo menos los primeros dos meses las denuncias de los indígenas fueron levantadas en CUH-4, ahora se conectan vía telefónica.
Otro problema es la reducida difusión entre la población y los empleados de la Procuraduría, pues muchas de las denuncias que involucran a indígenas son iniciadas en otras agencias y, después, turnadas a la AEPI.
El informe de esta agencia señala que se atendieron a 466 personas y se trabajó en 162 denuncias, de las cuales 64 fueron iniciadas allí mismo; 77, en otras agencias, y 8 en la Coordinación CUH-4.
En la AEPI trabajan ocho peritos traductores y, aunque son apoyados por la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, son insuficientes.
Aunado a ello, no cuentan con apoyo de peritos especializados para casos como los delitos sexuales.
Las estadísticas señalan que los mazatecas fueron el grupo étnico que recibió más agresiones, con 33 víctimas; le siguieron el náhuatl, con 27; tzeltal, con 18; mazahua, con 16; otomí, con 11; mixteca y triqui, con 9; totonaca y zapoteca con 8.
Pero entre las comunidades señaladas como probables responsables estuvieron la tzeltal, con 25 indiciados; mazatlecas, con 19; náhuatl, con 16; mazahua con 8; otomí, con 7 y triqui, con 6.
"Es muy chistoso la característica de estas personas es que cuando tienen un problema viene toda la familia de los que acusan, pero el acusado también trae a toda la plebe; cuando vienen los triquis se llena todo de rojo (por el color de su ropa)", relató con agrado el titular de la agencia.
Los delitos en los que se vieron involucrados los indígenas fueron el robo a transeúnte, en 30 ocasiones; lesiones dolosas, 25; violación, 8; daño a la propiedad culposa, 7; violencia familiar, amenazas, robo simple y con violencia, 6.
Méndez Estrada señaló que en los delitos no graves se trata de llegar a un acuerdo entre las partes involucradas utilizando el código de usos y costumbres de cada comunidad.
Por ello en 52 averiguaciones no se ejerció acción penal, pero 20 fueron consignadas con detenido, 5 sin detenido y 83, concluidas; además se levantaron 56 actas especiales.
La AEPI fue inaugurada el 21 de marzo de 2007, pero sigue subordinada a la Coordinación Territorial 4, en la Delegación Cuauhtémoc.
"Nosotros no podemos iniciar la averiguación previa porque no tenemos servidor, todo se controla desde Cuauhtémoc (CUH) 4", describió su titular Heriberto Méndez Estrada.
Ante la falta de infraestructura, por lo menos los primeros dos meses las denuncias de los indígenas fueron levantadas en CUH-4, ahora se conectan vía telefónica.
Otro problema es la reducida difusión entre la población y los empleados de la Procuraduría, pues muchas de las denuncias que involucran a indígenas son iniciadas en otras agencias y, después, turnadas a la AEPI.
El informe de esta agencia señala que se atendieron a 466 personas y se trabajó en 162 denuncias, de las cuales 64 fueron iniciadas allí mismo; 77, en otras agencias, y 8 en la Coordinación CUH-4.
En la AEPI trabajan ocho peritos traductores y, aunque son apoyados por la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, son insuficientes.
Aunado a ello, no cuentan con apoyo de peritos especializados para casos como los delitos sexuales.
Las estadísticas señalan que los mazatecas fueron el grupo étnico que recibió más agresiones, con 33 víctimas; le siguieron el náhuatl, con 27; tzeltal, con 18; mazahua, con 16; otomí, con 11; mixteca y triqui, con 9; totonaca y zapoteca con 8.
Pero entre las comunidades señaladas como probables responsables estuvieron la tzeltal, con 25 indiciados; mazatlecas, con 19; náhuatl, con 16; mazahua con 8; otomí, con 7 y triqui, con 6.
"Es muy chistoso la característica de estas personas es que cuando tienen un problema viene toda la familia de los que acusan, pero el acusado también trae a toda la plebe; cuando vienen los triquis se llena todo de rojo (por el color de su ropa)", relató con agrado el titular de la agencia.
Los delitos en los que se vieron involucrados los indígenas fueron el robo a transeúnte, en 30 ocasiones; lesiones dolosas, 25; violación, 8; daño a la propiedad culposa, 7; violencia familiar, amenazas, robo simple y con violencia, 6.
Méndez Estrada señaló que en los delitos no graves se trata de llegar a un acuerdo entre las partes involucradas utilizando el código de usos y costumbres de cada comunidad.
Por ello en 52 averiguaciones no se ejerció acción penal, pero 20 fueron consignadas con detenido, 5 sin detenido y 83, concluidas; además se levantaron 56 actas especiales.
Nota de Henia Prado, Reforma, 8 de abril.
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