El Instituto Federal Electoral ordenó ayer el retiro de los spots en contra del PRD y de Andrés Manuel López Obrador, uno pagado por la asociación civil "Mejor Sociedad, Mejor Gobierno", y otro transmitido en los tiempos oficiales del PAN.
En respuesta, el representante panista ante el Consejo General del IFE, Roberto Gil, advirtió que el país asiste a una nueva etapa de judicialización de la libertad de expresión y anunció que su partido apelará la medida cautelar del organismo.
El consejero Virgilio Andrade, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, reconoció que tal determinación es controvertida y significa los primeros efectos de la reforma electoral, pero aseguró que está basada en la Constitución.
Explicó que las investigaciones estarán abiertas, independientemente de las medidas cautelares, para definir las sanciones a que pueden hacerse acreedores los presuntos infractores, previo derecho de audiencia.
El spot de la asociación civil será retirado definitivamente, porque la ley prohíbe que particulares contraten espacios en radio y televisión en contra de partidos políticos, en tanto que el panista saldrá del aire temporalmente hasta que la autoridad defina si hay o no violaciones a la ley.
Los consejeros Andrade, Marco Gómez y Marco Baños, integrantes de esa instancia, aprobaron por unanimidad esta decisión, al cabo de tres horas de deliberaciones donde sus pares, Arturo Sánchez y Lourdes López, expresaron opiniones divergentes, pero sin derecho a voto.
Por su parte, la asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno (MSMG), aceptó el lanzamiento de su campaña para exigir "se devuelva la libertad del Poder Legislativo a los mexicanos", y deplora "la impotencia" de los legisladores del PRI, del PAN y de Nueva Alianza para impedir la toma violenta de las tribunas parlamentarias.
Acusa al PRD de tratar de imponer sus condiciones para el debate sobre la reforma de Pemex, "con una campaña nacional que afirma sin probar nada que se pretende privatizar" a la empresa para venderla a extranjeros.
MSMG recuerda que, en el 2006, López Obrador y demás radicales presionaron al Tribunal Electoral y desacreditaron el proceso electoral hasta donde pudieron y proclamaron al tabasqueño como "presidente legítimo".
En respuesta, el representante panista ante el Consejo General del IFE, Roberto Gil, advirtió que el país asiste a una nueva etapa de judicialización de la libertad de expresión y anunció que su partido apelará la medida cautelar del organismo.
El consejero Virgilio Andrade, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, reconoció que tal determinación es controvertida y significa los primeros efectos de la reforma electoral, pero aseguró que está basada en la Constitución.
Explicó que las investigaciones estarán abiertas, independientemente de las medidas cautelares, para definir las sanciones a que pueden hacerse acreedores los presuntos infractores, previo derecho de audiencia.
El spot de la asociación civil será retirado definitivamente, porque la ley prohíbe que particulares contraten espacios en radio y televisión en contra de partidos políticos, en tanto que el panista saldrá del aire temporalmente hasta que la autoridad defina si hay o no violaciones a la ley.
Los consejeros Andrade, Marco Gómez y Marco Baños, integrantes de esa instancia, aprobaron por unanimidad esta decisión, al cabo de tres horas de deliberaciones donde sus pares, Arturo Sánchez y Lourdes López, expresaron opiniones divergentes, pero sin derecho a voto.
Por su parte, la asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno (MSMG), aceptó el lanzamiento de su campaña para exigir "se devuelva la libertad del Poder Legislativo a los mexicanos", y deplora "la impotencia" de los legisladores del PRI, del PAN y de Nueva Alianza para impedir la toma violenta de las tribunas parlamentarias.
Acusa al PRD de tratar de imponer sus condiciones para el debate sobre la reforma de Pemex, "con una campaña nacional que afirma sin probar nada que se pretende privatizar" a la empresa para venderla a extranjeros.
MSMG recuerda que, en el 2006, López Obrador y demás radicales presionaron al Tribunal Electoral y desacreditaron el proceso electoral hasta donde pudieron y proclamaron al tabasqueño como "presidente legítimo".
Nota de Humberto Ortiz, El Economista, 22 de abril.
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