Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de abril. Representantes de organizaciones civiles de la frontera sur hicieron un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al relator especial de Naciones Unidas para los Migrantes, Jorge Bustamante, para que intervengan ante autoridades mexicanas y se frene la ola de violencia que padece este sector.
Durante el seminario Migración, derechos humanos y seguridad en la frontera sur: retos y oportunidades, que se realiza en Tapachula, los participantes detallaron los abusos contra indocumentados y presentaron un informe y un mapa de los puntos donde se cometen más vejaciones contra los extranjeros que transistan por el país rumbo a Estados Unidos.
Mostraron estadísticas que indican que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) comete el 47 por ciento de los abusos contra indocumentados, de acuerdo con reportes que presentan al ser deportados.
El sacerdote Hayman Vázquez Medina, director de la Casa del Migrante Hogar de la Misericordia de Arriaga, mostró evidencias gráficas de abusos. El más reciente, dijo, es la de elementos de la Armada de México y del INM quienes sometieron a golpes a migrantes que se transportaban por tren de Arriaga a Oaxaca.
En este contexto, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y del Hogar de la Misericordia de Arriaga solicitaron una acción urgente a la CNDH y al relator de la ONU para que intervenga ante las autoridades mexicanas para detener las posibles violaciones a los derechos de migrantes, que se comentan durante los aseguramientos.
Algunos de los principales puntos donde se cometen vejaciones, ya sea por parte de autoridades o de grupos delictivos, son las colonias Viva México y Álvaro Obregón, en Tapachula; La Arrocera y Montecristi, en Huixtla; Guatemalita, el Cementerio y Nicolás Bravo, en Arriaga; Ulapa en Escuintla; Echegaray en Pijijiapan; Guachipilín, La Polca y Tres Picos de Tonalá.
Durante el seminario se informó que según las 488 quejas presentadas ante la CNDH en 2007 en relación con presuntas violaciones contra migrantes, 311 fueron contra personal del INM, 86 a autoridades municipales y el resto a otras dependencias, incluidas 16 contra integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala reportó que más de una cuarta parte de sus connacionales deportados presentó quejas contra el INM y otras autoridades, por extorsión, abuso de autoridad, golpes, decomiso de documentos e incluso violación.
José Luis Soberanes Fernández, presidente de la CNDH, quien participó en el foro, reveló que la situación de los indocumentados es crítica, sobre todo de mujeres, adolescentes y niñas, pues son más vulnerables a la trata, pues la dificultad para ubicarlas contribuye a su desaparición de nuestra zona y por tanto a impedir que se conozca cómo y cuándo han sido reclutadas por las redes de proxenetismo.
Lamentablemente, cuando el migrante es víctima de abuso de alguna autoridad o de las bandas delictivas, prefiere seguir su camino y esas anomalías quedan en la impunidad, comentó.
Durante el seminario Migración, derechos humanos y seguridad en la frontera sur: retos y oportunidades, que se realiza en Tapachula, los participantes detallaron los abusos contra indocumentados y presentaron un informe y un mapa de los puntos donde se cometen más vejaciones contra los extranjeros que transistan por el país rumbo a Estados Unidos.
Mostraron estadísticas que indican que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) comete el 47 por ciento de los abusos contra indocumentados, de acuerdo con reportes que presentan al ser deportados.
El sacerdote Hayman Vázquez Medina, director de la Casa del Migrante Hogar de la Misericordia de Arriaga, mostró evidencias gráficas de abusos. El más reciente, dijo, es la de elementos de la Armada de México y del INM quienes sometieron a golpes a migrantes que se transportaban por tren de Arriaga a Oaxaca.
En este contexto, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y del Hogar de la Misericordia de Arriaga solicitaron una acción urgente a la CNDH y al relator de la ONU para que intervenga ante las autoridades mexicanas para detener las posibles violaciones a los derechos de migrantes, que se comentan durante los aseguramientos.
Algunos de los principales puntos donde se cometen vejaciones, ya sea por parte de autoridades o de grupos delictivos, son las colonias Viva México y Álvaro Obregón, en Tapachula; La Arrocera y Montecristi, en Huixtla; Guatemalita, el Cementerio y Nicolás Bravo, en Arriaga; Ulapa en Escuintla; Echegaray en Pijijiapan; Guachipilín, La Polca y Tres Picos de Tonalá.
Durante el seminario se informó que según las 488 quejas presentadas ante la CNDH en 2007 en relación con presuntas violaciones contra migrantes, 311 fueron contra personal del INM, 86 a autoridades municipales y el resto a otras dependencias, incluidas 16 contra integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala reportó que más de una cuarta parte de sus connacionales deportados presentó quejas contra el INM y otras autoridades, por extorsión, abuso de autoridad, golpes, decomiso de documentos e incluso violación.
José Luis Soberanes Fernández, presidente de la CNDH, quien participó en el foro, reveló que la situación de los indocumentados es crítica, sobre todo de mujeres, adolescentes y niñas, pues son más vulnerables a la trata, pues la dificultad para ubicarlas contribuye a su desaparición de nuestra zona y por tanto a impedir que se conozca cómo y cuándo han sido reclutadas por las redes de proxenetismo.
Lamentablemente, cuando el migrante es víctima de abuso de alguna autoridad o de las bandas delictivas, prefiere seguir su camino y esas anomalías quedan en la impunidad, comentó.
Nota de Ángeles Mariscal y R. Villalba, La Jornada, 6 de abril.
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