La fracción del PRD en la Cámara de Diputados condenó los actos de violencia contra la comunidad triqui de Oaxaca y demandó la reactivación del juicio político contra el gobernador de la entidad, Ulises Ruiz, tras el asesinato de las locutoras Felícitas Martínez y Teresa Martínez.
Solicitó, además, a la Secretaría de Gobernación investigar esos hechos y sancionar a los responsables, así como verificar la existencia y la operación de grupos que hacen uso de la violencia contra de comunidad triqui, como el Movimiento Unificador de Lucha Triqui, el de Unidad de Bienestar Social de Lucha Triqui y el Movimiento Unificado de la Lucha Triqui Independiente.
Por conducto de los diputados Maricela Contreras, Aleida Alavez, Marcos Matías y Alejandro Sánchez, la bancada perredista llamó a las autoridades federales y estatales a frenar el hostigamiento y la represión contra los indígenas oaxaqueños.
En su declaración leída en el salón de sesiones, los perredistas llamaron a la Subcomisión de Examen Previo, presidida por el panista Diódoro Carrasco y el priista César Camacho, a dictaminar ya la procedencia del juicio político contra Ruiz, “que con este caso acumula uno más a la lista de hechos impunes en que se violan las garantías”.
Solicitó, además, a la Secretaría de Gobernación investigar esos hechos y sancionar a los responsables, así como verificar la existencia y la operación de grupos que hacen uso de la violencia contra de comunidad triqui, como el Movimiento Unificador de Lucha Triqui, el de Unidad de Bienestar Social de Lucha Triqui y el Movimiento Unificado de la Lucha Triqui Independiente.
Por conducto de los diputados Maricela Contreras, Aleida Alavez, Marcos Matías y Alejandro Sánchez, la bancada perredista llamó a las autoridades federales y estatales a frenar el hostigamiento y la represión contra los indígenas oaxaqueños.
En su declaración leída en el salón de sesiones, los perredistas llamaron a la Subcomisión de Examen Previo, presidida por el panista Diódoro Carrasco y el priista César Camacho, a dictaminar ya la procedencia del juicio político contra Ruiz, “que con este caso acumula uno más a la lista de hechos impunes en que se violan las garantías”.
Nota de Fernando Damián, Milenio, 21 de abril.
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