El PRI en el Senado presentó una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Medios Públicos de Radiodifusión y propuso reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, que permitan que las estaciones de radio permisionarias tengan derecho a incluir patrocinios en su programación.
Francisco Arroyo, Ángel Aguirre y Raúl Mejía destacaron que con la creación de ese organismo se buscará vigilar las actividades de los medios públicos, para asegurar su auténtica calidad de garantes del pluralismo informativo, con plena independencia editorial y autonomía técnica y de gestión frente al Ejecutivo federal.
La iniciativa que promueve reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Radio y Televisión, y que expide la Ley del Instituto Nacional de Medios Públicos de Radiodifusión, establece que ese organismo estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica y de gestión.
Ello para coadyuvar al ejercicio del derecho a la información, mediante la coordinación de las estaciones radio y televisión operadas por el Poder Ejecutivo federal, y garantizar la libre expresión de la pluralidad política, cultural y social del país con auténtica independencia editorial.
En la exposición de motivos, los senadores priistas señalan que no basta que la Ley Federal de Radio y Televisión prevea la existencia de los medios públicos, esboce los lineamientos generales a que deben sujetar su actividad y los posibilite a obtener ingresos por concepto de patrocinios, sino que es necesario que exista un ordenamiento jurídico que reconozca la importancia de la función que esos medios desarrollan.
Ello mediante la determinación de los principios rectores que deben guiarlos pero, además, en los que se prevea la creación de un ente coordinador, con naturaleza jurídica de organismo descentralizado no sectorizado, encargado de vigilar el cumplimiento de los principios rectores de la radiodifusión pública.
Los priistas plantean: “En la consolidación de nuestro Estado democrático ya no tiene cabida la expresión de estaciones oficiales que de manera obsoleta se ha venido conservando en la legislación que rige los medios electrónicos, debiendo adoptarse en adelante la denominación de medios públicos, cuya independencia e imparcialidad debe ser garantizada”.
La iniciativa turnada a comisiones propone que el instituto coordine y vigile la actividad de los medios públicos federales, para que se garantice el respeto irrestricto a la pluralidad política y la diversidad social, desde una perspectiva apartidista y ajena al control de cualquier grupo.
Francisco Arroyo, Ángel Aguirre y Raúl Mejía destacaron que con la creación de ese organismo se buscará vigilar las actividades de los medios públicos, para asegurar su auténtica calidad de garantes del pluralismo informativo, con plena independencia editorial y autonomía técnica y de gestión frente al Ejecutivo federal.
La iniciativa que promueve reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Radio y Televisión, y que expide la Ley del Instituto Nacional de Medios Públicos de Radiodifusión, establece que ese organismo estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica y de gestión.
Ello para coadyuvar al ejercicio del derecho a la información, mediante la coordinación de las estaciones radio y televisión operadas por el Poder Ejecutivo federal, y garantizar la libre expresión de la pluralidad política, cultural y social del país con auténtica independencia editorial.
En la exposición de motivos, los senadores priistas señalan que no basta que la Ley Federal de Radio y Televisión prevea la existencia de los medios públicos, esboce los lineamientos generales a que deben sujetar su actividad y los posibilite a obtener ingresos por concepto de patrocinios, sino que es necesario que exista un ordenamiento jurídico que reconozca la importancia de la función que esos medios desarrollan.
Ello mediante la determinación de los principios rectores que deben guiarlos pero, además, en los que se prevea la creación de un ente coordinador, con naturaleza jurídica de organismo descentralizado no sectorizado, encargado de vigilar el cumplimiento de los principios rectores de la radiodifusión pública.
Los priistas plantean: “En la consolidación de nuestro Estado democrático ya no tiene cabida la expresión de estaciones oficiales que de manera obsoleta se ha venido conservando en la legislación que rige los medios electrónicos, debiendo adoptarse en adelante la denominación de medios públicos, cuya independencia e imparcialidad debe ser garantizada”.
La iniciativa turnada a comisiones propone que el instituto coordine y vigile la actividad de los medios públicos federales, para que se garantice el respeto irrestricto a la pluralidad política y la diversidad social, desde una perspectiva apartidista y ajena al control de cualquier grupo.
Nota de Liliana Padilla, Milenio, 9 de abril.
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