Al menos 31 de las 47 áreas de la industria petrolera del país se privatizarían si se aprueba la iniciativa de reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) que envió al Congreso el presidente Felipe Calderón, advirtieron investigadores al intervenir en el quinto Foro de defensa del sector energético, realizado ayer en la Cámara de Diputados.
Víctor Rodríguez Padilla, doctor por la Universidad de París en economía de la energía, sostuvo que la propuesta de Calderón “es totalmente violatoria” del artículo 27 constitucional, además de que la forma de plantearla a afecto de modificar leyes secundarias “no sirve, es un papel sin valor que no se sostiene para el plan de negocios que pretende que le apruebe el Congreso”.
El especialista destacó que, de aprobarse la propuesta de Felipe Calderón, se privatizaría casi 70 por ciento de la industria petrolera por medio de la aplicación de contratos, permisos o en la modalidad mixta.
Al hacer un desglose por área estratégica, señaló que 31 de las 47 áreas se destinarían al sector privado y el resto, sólo 16, quedarían para Pemex.
Rodríguez Padilla señaló que en la iniciativa se introducen los llamados contratos de riesgo, con el fin de que el Ejecutivo federal deje abierta la posibilidad de que el pago por servicios de exploración, por ejemplo, esté directamente asociado a los hidrocarburos que se encuentren, es decir, al recurso natural en el subsuelo.
“La iniciativa de Calderón contiene contratos de riesgo que entregarán una parte sustantiva de la renta petrolera a las compañías trasnacionales. Se le disfraza de contratos de servicio para darle la vuelta a la prohibición constitucional”, subrayó.
A su vez, Mario di Costanzo, secretario de hacienda del “gobierno legítimo”, advirtió que en la defensa de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia del petróleo, “no estamos dispuestos a permitir ninguna violación a la Carta Magna, tal como lo prevén las leyes privatizadoras del petróleo que envió Calderón Hinojosa”.
Señaló que la reforma “privatizadora es sinónimo de corrupción y de monopolios”, y citó los casos de Teléfonos de México, carreteras, bancos y todo aquello que ha sido sujeto de privatización en una primera instancia, y que posteriormente el gobierno ha tenido que llegar a salvarlos, incluso con recursos de Pemex.
Mencionó que la propuesta del “gobierno legítimo” para fortalecer a la paraestatal tiene como ejes una reducción del gasto superfluo del sector público (sueldos a funcionarios), y a manera de ejemplo subrayó la incongruencia que el director del ISSSTE cuente con un seguro médico de gastos mayores, mismos que se proporcionan fuera de ese instituto.
El segundo eje es la reinversión de excedentes petroleros para Pemex y no para las entidades federativas, que con recursos de la propia empresa paraestatal han financiado campañas políticas que no es posible auditar. Y finalmente utilizar una parte de las reservas internacionales del Banco de México, para adelantar pagos al esquema pernicioso de los llamados Pidiregas.
En tanto, los legisladores que intervinieron en el foro reiteraron que el debate sobre Pemex no puede reducirse a una discusión “entre cuatro paredes” por medio de una comisión dictaminadora del Congreso, pues el tema es de tal magnitud que todos –académicos, intelectuales y sociedad civil– deben intervenir con total libertad.
Al cumplirse una semana de la toma de la tribuna legislativa por parte de los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), formado por PRD, PT y Convergencia, se aseguró que “la ocupación pacífica de las cámaras de Diputados y de Senadores responden a que PRI y PAN querían sorprender, avasallarnos con un albazo legislativo, pasar sobre la sociedad entera; también buscaban mancillar la Constitución, la historia y a la gente en torno al tema del petróleo”.
Para concluir informaron que la protesta se prolongará hasta el 30 de abril, aunque hay la voluntad de permanecer en ambas tribunas para evitar cualquier intento de privatización de un sector fundamental para el país, como es el petróleo.
Víctor Rodríguez Padilla, doctor por la Universidad de París en economía de la energía, sostuvo que la propuesta de Calderón “es totalmente violatoria” del artículo 27 constitucional, además de que la forma de plantearla a afecto de modificar leyes secundarias “no sirve, es un papel sin valor que no se sostiene para el plan de negocios que pretende que le apruebe el Congreso”.
El especialista destacó que, de aprobarse la propuesta de Felipe Calderón, se privatizaría casi 70 por ciento de la industria petrolera por medio de la aplicación de contratos, permisos o en la modalidad mixta.
Al hacer un desglose por área estratégica, señaló que 31 de las 47 áreas se destinarían al sector privado y el resto, sólo 16, quedarían para Pemex.
Rodríguez Padilla señaló que en la iniciativa se introducen los llamados contratos de riesgo, con el fin de que el Ejecutivo federal deje abierta la posibilidad de que el pago por servicios de exploración, por ejemplo, esté directamente asociado a los hidrocarburos que se encuentren, es decir, al recurso natural en el subsuelo.
“La iniciativa de Calderón contiene contratos de riesgo que entregarán una parte sustantiva de la renta petrolera a las compañías trasnacionales. Se le disfraza de contratos de servicio para darle la vuelta a la prohibición constitucional”, subrayó.
A su vez, Mario di Costanzo, secretario de hacienda del “gobierno legítimo”, advirtió que en la defensa de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia del petróleo, “no estamos dispuestos a permitir ninguna violación a la Carta Magna, tal como lo prevén las leyes privatizadoras del petróleo que envió Calderón Hinojosa”.
Señaló que la reforma “privatizadora es sinónimo de corrupción y de monopolios”, y citó los casos de Teléfonos de México, carreteras, bancos y todo aquello que ha sido sujeto de privatización en una primera instancia, y que posteriormente el gobierno ha tenido que llegar a salvarlos, incluso con recursos de Pemex.
Mencionó que la propuesta del “gobierno legítimo” para fortalecer a la paraestatal tiene como ejes una reducción del gasto superfluo del sector público (sueldos a funcionarios), y a manera de ejemplo subrayó la incongruencia que el director del ISSSTE cuente con un seguro médico de gastos mayores, mismos que se proporcionan fuera de ese instituto.
El segundo eje es la reinversión de excedentes petroleros para Pemex y no para las entidades federativas, que con recursos de la propia empresa paraestatal han financiado campañas políticas que no es posible auditar. Y finalmente utilizar una parte de las reservas internacionales del Banco de México, para adelantar pagos al esquema pernicioso de los llamados Pidiregas.
En tanto, los legisladores que intervinieron en el foro reiteraron que el debate sobre Pemex no puede reducirse a una discusión “entre cuatro paredes” por medio de una comisión dictaminadora del Congreso, pues el tema es de tal magnitud que todos –académicos, intelectuales y sociedad civil– deben intervenir con total libertad.
Al cumplirse una semana de la toma de la tribuna legislativa por parte de los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), formado por PRD, PT y Convergencia, se aseguró que “la ocupación pacífica de las cámaras de Diputados y de Senadores responden a que PRI y PAN querían sorprender, avasallarnos con un albazo legislativo, pasar sobre la sociedad entera; también buscaban mancillar la Constitución, la historia y a la gente en torno al tema del petróleo”.
Para concluir informaron que la protesta se prolongará hasta el 30 de abril, aunque hay la voluntad de permanecer en ambas tribunas para evitar cualquier intento de privatización de un sector fundamental para el país, como es el petróleo.
Nota de Ciro Pérez Silva y Roberto Garduño, La jornada, 18 de abril.
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