El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, aseguró ayer que está dispuesto a renunciar si sus críticos logran demostrar que ha presionado a la Justicia en el proceso que involucra a un primo suyo con los grupos paramilitares de ultraderecha.
Uribe afirmó también a la cadena radial RCN que su gobierno no repetirá operaciones militares fuera del país como la realizada el 1 de marzo en territorio ecuatoriano contra la guerrilla de las FARC, que dejó más de 20 muertos, entre ellos el líder Raúl Reyes.
En cuanto al caso de Mario Uribe, primo del presidente, el mismo se remonta a comienzos de año, cuando el entonces titular de la Corte Suprema de Justicia, César Valencia, dijo en entrevista que el jefe de Estado lo había llamado en diciembre último a fin de interrogarlo sobre las investigaciones contra el ex senador.
El presidente le pidió retractarse, pero el magistrado no sólo lo reiteró, sino que lo retó a someterse a un detector de mentiras. Tras el choque verbal, Uribe decidió demandar a Valencia por injuria y calumnia, en un proceso que avanza sin que ninguno de los dos hayan dado un paso para llegar a la conciliación. El caso de la demanda de Uribe contra el magistrado salió de nuevo a la luz en medio de más tensiones entre el gobierno y las cortes de Justicia, y el arresto del ex senador Uribe, quien el martes pasado fracasó en su intento de lograr asilo político en Costa Rica.
El primo del presidente, líder del partido oficialista Colombia Democrática, es investigado por la Fiscalía General por presuntos nexos con paramilitares que le habrían dado apoyo en las elecciones parlamentarias de 2002 y 2006. Tras afirmar que su gobierno es prudente frente al tema y sólo espera que la Justicia cumpla con su deber de investigar al ex senador, Uribe reiteró que nunca ha ejercido presiones sobre los magistrados que indagaron inicialmente a su primo ni sobre los fiscales que lo hacen actualmente.
La Corte Suprema abrió la investigación contra Uribe en septiembre pasado y al mes siguiente éste renunció a su escaño, por lo que el caso quedó en manos de la Fiscalía. “Si me demuestran que he ejercido presiones sobre la Justicia, renuncio al cargo”, dijo ayer Uribe en declaraciones a la cadena radial RCN. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia le solicitó ayer al gobierno colombiano entregarle los archivos de computador incautados al abatido jefe Raúl Reyes, para determinar si abre una investigación por nexos de políticos con esa guerrilla.
El pedido fue hecho por el presidente del tribunal, Sigifredo Espinosa, en carta dirigida al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien el miércoles dijo en el Congreso que los equipos incautados a Reyes revelan lazos entre las FARC y algunos dirigentes. “De manera respetuosa le solicito remitir a esta presidencia la información pertinente”, dijo el magistrado, indicando que la Corte evaluará su “eventual competencia para iniciar oficiosamente investigación” sobre los presuntos hallazgos.
Ayer, el presidente Uribe pidió que se indaguen los posibles nexos de políticos con las guerrillas izquierdistas, en forma paralela a las pesquisas por lazos de dirigentes con paramilitares de ultraderecha.
“Hoy hay hechos que ameritan esa investigación. Y muchos de esos hechos se conocen en los estrados judiciales”, afirmó el presidente Uribe en la entrevista radial.
Avión de EU voló el día del ataque a las FARC
La asambleísta ecuatoriana María Augusta Calle aseguró que un avión de Estados Unidos, con asiento en la base de Manta, realizó un vuelo sospechoso en coincidencia con el ataque colombiano a un campamento de las FARC en Ecuador en marzo pasado. En declaraciones divulgadas por la edición electrónica del diario El Universo, la integrante de la Asamblea Constituyente de Ecuador dijo haber conocido que hubo “un vuelo que salió en la tarde del 29 de febrero y regresó a las 02:00 de la mañana del 1 de marzo”. Ese vuelo, según la asambleísta del oficialista Acuerdo País, correspondería a un aparato especial de Estados Unidos que había pedido permanecer en esa base, desde donde opera un contingente antidroga de ese país, entre el 2 de febrero y el 2 de marzo.
Uribe afirmó también a la cadena radial RCN que su gobierno no repetirá operaciones militares fuera del país como la realizada el 1 de marzo en territorio ecuatoriano contra la guerrilla de las FARC, que dejó más de 20 muertos, entre ellos el líder Raúl Reyes.
En cuanto al caso de Mario Uribe, primo del presidente, el mismo se remonta a comienzos de año, cuando el entonces titular de la Corte Suprema de Justicia, César Valencia, dijo en entrevista que el jefe de Estado lo había llamado en diciembre último a fin de interrogarlo sobre las investigaciones contra el ex senador.
El presidente le pidió retractarse, pero el magistrado no sólo lo reiteró, sino que lo retó a someterse a un detector de mentiras. Tras el choque verbal, Uribe decidió demandar a Valencia por injuria y calumnia, en un proceso que avanza sin que ninguno de los dos hayan dado un paso para llegar a la conciliación. El caso de la demanda de Uribe contra el magistrado salió de nuevo a la luz en medio de más tensiones entre el gobierno y las cortes de Justicia, y el arresto del ex senador Uribe, quien el martes pasado fracasó en su intento de lograr asilo político en Costa Rica.
El primo del presidente, líder del partido oficialista Colombia Democrática, es investigado por la Fiscalía General por presuntos nexos con paramilitares que le habrían dado apoyo en las elecciones parlamentarias de 2002 y 2006. Tras afirmar que su gobierno es prudente frente al tema y sólo espera que la Justicia cumpla con su deber de investigar al ex senador, Uribe reiteró que nunca ha ejercido presiones sobre los magistrados que indagaron inicialmente a su primo ni sobre los fiscales que lo hacen actualmente.
La Corte Suprema abrió la investigación contra Uribe en septiembre pasado y al mes siguiente éste renunció a su escaño, por lo que el caso quedó en manos de la Fiscalía. “Si me demuestran que he ejercido presiones sobre la Justicia, renuncio al cargo”, dijo ayer Uribe en declaraciones a la cadena radial RCN. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia le solicitó ayer al gobierno colombiano entregarle los archivos de computador incautados al abatido jefe Raúl Reyes, para determinar si abre una investigación por nexos de políticos con esa guerrilla.
El pedido fue hecho por el presidente del tribunal, Sigifredo Espinosa, en carta dirigida al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien el miércoles dijo en el Congreso que los equipos incautados a Reyes revelan lazos entre las FARC y algunos dirigentes. “De manera respetuosa le solicito remitir a esta presidencia la información pertinente”, dijo el magistrado, indicando que la Corte evaluará su “eventual competencia para iniciar oficiosamente investigación” sobre los presuntos hallazgos.
Ayer, el presidente Uribe pidió que se indaguen los posibles nexos de políticos con las guerrillas izquierdistas, en forma paralela a las pesquisas por lazos de dirigentes con paramilitares de ultraderecha.
“Hoy hay hechos que ameritan esa investigación. Y muchos de esos hechos se conocen en los estrados judiciales”, afirmó el presidente Uribe en la entrevista radial.
Avión de EU voló el día del ataque a las FARC
La asambleísta ecuatoriana María Augusta Calle aseguró que un avión de Estados Unidos, con asiento en la base de Manta, realizó un vuelo sospechoso en coincidencia con el ataque colombiano a un campamento de las FARC en Ecuador en marzo pasado. En declaraciones divulgadas por la edición electrónica del diario El Universo, la integrante de la Asamblea Constituyente de Ecuador dijo haber conocido que hubo “un vuelo que salió en la tarde del 29 de febrero y regresó a las 02:00 de la mañana del 1 de marzo”. Ese vuelo, según la asambleísta del oficialista Acuerdo País, correspondería a un aparato especial de Estados Unidos que había pedido permanecer en esa base, desde donde opera un contingente antidroga de ese país, entre el 2 de febrero y el 2 de marzo.
Agencias en Bogotá y Quito, Milenio, 25 de abril.
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