El Gobierno federal engaña a la población cuando dice que Pemex no se privatizará y que el petróleo seguirá en manos de los mexicanos.
Así lo afirmó ayer el diputado Alfredo Ríos Camarena, del PRI, al presentar un estudio jurídico del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara baja, que él preside.
Tras afirmar que la propuesta de reforma a Pemex es inconstitucional, llamó a su partido a reformular por completo la iniciativa presidencial o bien presentar una propia para eliminar cualquier elemento privatizador.
"El régimen constitucional está francamente desmantelado y violado con esta propuesta del Ejecutivo federal.
"Yo sí creó que hay dos caminos para mi bancada: reformar lo que está propuesto, quitándole lo inconstitucional, que para eso tendría casi borrar las cinco iniciativas, lo que está pesado; o proponer otra, luego", manifestó.
Ríos Camarena señaló que es una falacia lingüística el concepto de los contratos de acompañamiento con la iniciativa privada, porque en los hechos son concesiones, lo que está expresamente prohibido por la Constitución.
El documento del Centro de Estudios concluyó que el paquete de iniciativas de Calderón legalizaría la participación del capital privado en diversas actividades estratégicas de la industria petrolera, en trasgresión al mandato constitucional.
Además, que se viola la letra y espíritu del artículo 27 constitucional respecto de que, tratándose del petróleo y los hidrocarburos, no se otorgarán concesiones ni contratos.
Considera delicado que se proponga una nueva Ley Orgánica de Pemex con un artículo quinto, dijo, a todas luces inconstitucional, que autoriza a la empresa y sus subsidiarias celebrar toda clase de actos, convenios y contratos con personas físicas o morales, lo que va en contra del artículo 27.
El texto menciona que prácticamente se está creando un régimen de excepción para Pemex.
"Excluyen a la paraestatal de la aplicación de leyes generales, como la de Obras Públicas, Adquisiciones, las de Entidades Paraestatales, de Deuda Pública y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en aras de una supuesta autonomía de gestión", agrega.
Así lo afirmó ayer el diputado Alfredo Ríos Camarena, del PRI, al presentar un estudio jurídico del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara baja, que él preside.
Tras afirmar que la propuesta de reforma a Pemex es inconstitucional, llamó a su partido a reformular por completo la iniciativa presidencial o bien presentar una propia para eliminar cualquier elemento privatizador.
"El régimen constitucional está francamente desmantelado y violado con esta propuesta del Ejecutivo federal.
"Yo sí creó que hay dos caminos para mi bancada: reformar lo que está propuesto, quitándole lo inconstitucional, que para eso tendría casi borrar las cinco iniciativas, lo que está pesado; o proponer otra, luego", manifestó.
Ríos Camarena señaló que es una falacia lingüística el concepto de los contratos de acompañamiento con la iniciativa privada, porque en los hechos son concesiones, lo que está expresamente prohibido por la Constitución.
El documento del Centro de Estudios concluyó que el paquete de iniciativas de Calderón legalizaría la participación del capital privado en diversas actividades estratégicas de la industria petrolera, en trasgresión al mandato constitucional.
Además, que se viola la letra y espíritu del artículo 27 constitucional respecto de que, tratándose del petróleo y los hidrocarburos, no se otorgarán concesiones ni contratos.
Considera delicado que se proponga una nueva Ley Orgánica de Pemex con un artículo quinto, dijo, a todas luces inconstitucional, que autoriza a la empresa y sus subsidiarias celebrar toda clase de actos, convenios y contratos con personas físicas o morales, lo que va en contra del artículo 27.
El texto menciona que prácticamente se está creando un régimen de excepción para Pemex.
"Excluyen a la paraestatal de la aplicación de leyes generales, como la de Obras Públicas, Adquisiciones, las de Entidades Paraestatales, de Deuda Pública y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en aras de una supuesta autonomía de gestión", agrega.
Nota de Claudia Salazar, Reforma, 24 de abril.
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