Veracruz, 5 de abril. Rebasada por la prisa con que gobernadores y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) promueven una iniciativa de reforma energética que considera incrementar la participación del capital privado en Petróleos Mexicanos (Pemex), la presidenta nacional del tricolor, Beatriz Paredes Rangel, intentó posicionarse en un tema que se negaba a discutir hasta que no hubiera una iniciativa del gobierno federal, no sin antes recordar a sus correligionarios que los de la “urgencia” deben ser los panistas y la administración de Felipe Calderón, no ellos.
La 51 asamblea del Consejo Político Nacional (CPN) del PRI se inició en plena banqueta, a las afueras del Centro Mundial de Negocios de este puerto, donde uno a uno los gobernadores del tricolor de entidades productoras de petróleo adelantaron que “se irán por la libre” y presentarán, por conducto de sus diputados y senadores, una iniciativa de reforma energética que busca incrementar la inversión privada. La fórmula propuesta sería otorgar contratos para trabajos específicos que puedan ir de la perforación, extracción y transportación a través de ductos –pagando exclusivamente por ese servicio, sin que eso implique compartir la renta petrolera–, a modificar los contratos de riesgo y evitar así asociaciones directas con el capital privado, con lo que, aseguraron, no se compromete ese bien nacional.
La amenaza
Fue la continuación de la amenaza que, en la víspera, un grupo de distinguidos priístas hizo a su líder. Le advirtieron que subirían el tema a la tribuna, aunque no formara parte del orden del día, si no había “definición” de la dirigencia sobre el asunto.
Tras agotar los temas de la agenda, Paredes Rangel enfatizó: “el PRI está encima de la urgencia de la derecha por forzar, mediante diagnósticos catastrofistas, decisiones ahistóricas que enajenan el patrimonio de la nación. También está encima de la invención de los molinos de viento para manipular la vocación nacionalista de nuestro pueblo, reivindicando mesiánicamente lo que las fuerzas políticas progresistas y consistentes defendemos con firmeza y responsabilidad política, sin necesidad de estridencia o demagogia electorera”. Además, los llamó “a no matar la gallina de los huevos de oro”.
Si hace algunos meses hubiera parecido innecesario, ayer les recordó que la posición del PRI en torno a la reforma energética se rige por lo que estipulan sus documentos básicos. Luego manifestó su confianza en la capacidad política y el patriotismo de senadores y diputados del tricolor, y les leyó, íntegro, el punto 14 de su declaración de principios.
“El PRI defiende el principio constitucional de propiedad de la nación. En materia energética se pronuncia contra todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos, y reconoce que es necesario revisar y transparentar las formas y los medios a través de los cuales se administra; apoya todo lo necesario para que se garantice la fortaleza financiera y operativa de las instituciones responsables de su explotación y administración, y postula la soberanía sobre el recurso y su control eficaz por el pueblo para supeditar todo género de intereses al superior de la nación.”
Acto seguido esbozó, retomando párrafos completos de las propuestas que han hecho circular los gobernadores de los estados productores de petróleo y los legisladores más activos en promover una iniciativa, las líneas generales de lo que, a su juicio, debe contener una reforma a Pemex. Empezó advirtiendo que la paraestatal y los ingresos por la renta petrolera no pueden ser la caja chica que sustituya la ineficacia en la captación de recursos, cita que recordó todo lo que alguna vez le fue reclamado al tricolor.
Apuntó que se requiere una política de Estado integral, de largo plazo, con una acción sectorial que preserve para el país la soberanía energética. Pemex debe ser guiada por un ente regulador autónomo, ajeno a los vaivenes políticos, integrado por consejeros independientes de reconocida experiencia y valía, electos por el Senado de manera escalonada, que no tengan relación o intereses cruzados con el gobierno y los poderes fácticos.
Se trata de otorgarle plena autonomía de gestión administrativa y financiera, darle flexibilidad operativa para la procura y contratación de obras y servicios, además de darle independencia del Presupuesto de Egresos. “Lo más importante es dejar bien claro que la modernización de Pemex y la transición ordenada debe realizarse sin modificaciones constitucionales”.
La 51 asamblea del Consejo Político Nacional (CPN) del PRI se inició en plena banqueta, a las afueras del Centro Mundial de Negocios de este puerto, donde uno a uno los gobernadores del tricolor de entidades productoras de petróleo adelantaron que “se irán por la libre” y presentarán, por conducto de sus diputados y senadores, una iniciativa de reforma energética que busca incrementar la inversión privada. La fórmula propuesta sería otorgar contratos para trabajos específicos que puedan ir de la perforación, extracción y transportación a través de ductos –pagando exclusivamente por ese servicio, sin que eso implique compartir la renta petrolera–, a modificar los contratos de riesgo y evitar así asociaciones directas con el capital privado, con lo que, aseguraron, no se compromete ese bien nacional.
La amenaza
Fue la continuación de la amenaza que, en la víspera, un grupo de distinguidos priístas hizo a su líder. Le advirtieron que subirían el tema a la tribuna, aunque no formara parte del orden del día, si no había “definición” de la dirigencia sobre el asunto.
Tras agotar los temas de la agenda, Paredes Rangel enfatizó: “el PRI está encima de la urgencia de la derecha por forzar, mediante diagnósticos catastrofistas, decisiones ahistóricas que enajenan el patrimonio de la nación. También está encima de la invención de los molinos de viento para manipular la vocación nacionalista de nuestro pueblo, reivindicando mesiánicamente lo que las fuerzas políticas progresistas y consistentes defendemos con firmeza y responsabilidad política, sin necesidad de estridencia o demagogia electorera”. Además, los llamó “a no matar la gallina de los huevos de oro”.
Si hace algunos meses hubiera parecido innecesario, ayer les recordó que la posición del PRI en torno a la reforma energética se rige por lo que estipulan sus documentos básicos. Luego manifestó su confianza en la capacidad política y el patriotismo de senadores y diputados del tricolor, y les leyó, íntegro, el punto 14 de su declaración de principios.
“El PRI defiende el principio constitucional de propiedad de la nación. En materia energética se pronuncia contra todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos, y reconoce que es necesario revisar y transparentar las formas y los medios a través de los cuales se administra; apoya todo lo necesario para que se garantice la fortaleza financiera y operativa de las instituciones responsables de su explotación y administración, y postula la soberanía sobre el recurso y su control eficaz por el pueblo para supeditar todo género de intereses al superior de la nación.”
Acto seguido esbozó, retomando párrafos completos de las propuestas que han hecho circular los gobernadores de los estados productores de petróleo y los legisladores más activos en promover una iniciativa, las líneas generales de lo que, a su juicio, debe contener una reforma a Pemex. Empezó advirtiendo que la paraestatal y los ingresos por la renta petrolera no pueden ser la caja chica que sustituya la ineficacia en la captación de recursos, cita que recordó todo lo que alguna vez le fue reclamado al tricolor.
Apuntó que se requiere una política de Estado integral, de largo plazo, con una acción sectorial que preserve para el país la soberanía energética. Pemex debe ser guiada por un ente regulador autónomo, ajeno a los vaivenes políticos, integrado por consejeros independientes de reconocida experiencia y valía, electos por el Senado de manera escalonada, que no tengan relación o intereses cruzados con el gobierno y los poderes fácticos.
Se trata de otorgarle plena autonomía de gestión administrativa y financiera, darle flexibilidad operativa para la procura y contratación de obras y servicios, además de darle independencia del Presupuesto de Egresos. “Lo más importante es dejar bien claro que la modernización de Pemex y la transición ordenada debe realizarse sin modificaciones constitucionales”.
Nota de Ciro Pérez Silva, La Jornada, 6 de abril.
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