Las fracciones de PAN, PRI, PRD y PVEM en la Cámara de Diputados elaboraron en 2006 un proyecto de reforma al artículo 27 constitucional que excluía la privatización de áreas estratégicas de Pemex y sentaba las bases para un cambio de fondo en la paraestatal.
El proyecto de decreto fue aprobado en junio de ese año y estaba listo para la primera lectura en el pleno; sin embargo, los legisladores perredistas solicitaron que el debate se pospusiera para después de los comicios federales.
El documento está firmado por 19 de los 30 diputados que integraban la Comisión de Energía, excepto los perredistas, y MILENIO cuenta con una copia.
La redacción final fue responsabilidad del presidente de la comisión legislativa, Manuel Ovalle, del PAN; el secretario, Víctor M. Alcérreca, del PRI; Cuauhtémoc Ochoa, del PVEM, y Jorge Martínez Ramos, por el PRD, además del vicecoordinador de este partido, Eduardo Espinosa.
La autenticidad del documento fue confirmada por los dos últimos, quienes detallan que el proyecto no contenía ningún “filo privatizador” y aseguran que puede ser la base de futuras discusiones sobre el fortalecimiento de Pemex.
El dictamen, que nunca fue presentado en el pleno, consta de 16 artículos y propone reformas la leyes Orgánica de Pemex, Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y Orgánica de la Administración Pública Federal, además de que deroga la de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público.
Los legisladores de los cuatro partidos aceptaban en el artículo 1 salvaguardar la exclusividad de Pemex “sobre áreas estratégicas de petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica”.
En el artículo 2 concedían a la paraestatal total autonomía “técnica, presupuestal y de gestión”, y la mandatan a “optimizar la exploración, explotación, transformación, distribución y comercialización de hidrocarburos, promoviendo condiciones que propicien el sano desarrollo e integración de la industria petrolera nacional”.
En el documento no se menciona nada sobre la desaparición o reintegración a Pemex de sus subsidiarias.
Lo que sí aceptaban los legisladores de PRI, PAN, PRD y PVEM era la inversión de capitales privados en Pemex, pero mediante certificados de deuda.
Especifican: “El gobierno federal será el único propietario y titular de la totalidad de las acciones de Pemex (…) Podrá emitir instrumentos (denominados certificados petroleros de fomento social) que repliquen el comportamiento de la evolución industrial y patrimonial del organismo, cuyo objeto será la inversión en infraestructura y mantenimiento del organismo.
“Podrán ser titulares de los certificados únicamente personas físicas, de nacionalidad mexicana, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y las administradoras de los fondos de retiro. Dichas personas podrán detentar individualmente hasta 3 por ciento de los certificados calificados. Tratándose de personas físicas, el límite de tenencia individual será de 0.3 por ciento.”
Vigilancia ciudadana
En el artículo 3, el dictamen plantea como obligación del gobierno federal (mediante la Secretaría de Energía) la “suscripción de un convenio-plan de política y desarrollo de la industria petrolera” para fijar “plazos, términos y condiciones de los compromisos que se asuman en las materias de Pemex, incluidos objetivos y metas del sector, así como indicadores de desempeño”.
Los legisladores proponían también que la empresa dejara de ser una paraestatal para convertirse en un organismo público descentralizado.
En el mismo artículo se autoriza a Pemex a cogenerar energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLF).
En el texto sobresale el consenso alcanzado por las cuatro fracciones en torno al control que impondrían a Pemex desde el Congreso e incluso desde instituciones educativas y la sociedad.
En este sentido, el Legislativo sería el encargado de supervisar la firma de convenios con CFE y CLF, sancionaría la firma del convenio-plan, ratificaría el Consejo de Administración de Pemex (artículo 6), vigilaría los contratos de adquisición (artículo 15) y fijaría límites aplicables al superávit primario (transitorio noveno).
El nuevo Consejo de Administración de la paraestatal tendría 15 miembros: cinco del gobierno federal, tres del sindicato y siete “consejeros ciudadanos, expertos, independientes y con capacidad profesional”. Asimismo, se integrarían los directores de CFE e Instituto Mexicano del Petróleo, y representantes de la UNAM e IPN, aunque sin derecho a voto.
Adquisiciones y control
Los diputados también incluyeron en la iniciativa nuevas normas para las adquisiciones y control interno de Pemex.
En el artículo 15 se específica: “Las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios se llevaran a cabo mediante licitación pública”.
Para garantizar el control interno se crearía el Comité de Auditoría, además de dos contralores públicos. Todos emitirían informes trimestrales.
El documento fue concluido en junio de 2006, luego de intensos trabajos en la Comisión de Energía, y reúne 19 firmas de los 30 integrantes de esa instancia legislativa, confirma el ex diputado federal perredista Jorge Martínez Ramos. El texto tiene las rúbricas, entre otros, de José de la Vega Asmitia, del PRI; Miguel Ángel Toscano y Leticia Montes de Oca, del PAN, y Carla Rochín Nieto, del PVEM.
Sin embargo, no tenía las firmas de los perredistas ni de sus coordinadores. “Se hicieron las consultas a instancias del partido y personajes destacados de entonces; hubo anuencia general, pero como estaban cerca las elecciones federales recibimos una petición personal para esperar”, señalan Espinosa y Martínez.
El proyecto de decreto fue aprobado en junio de ese año y estaba listo para la primera lectura en el pleno; sin embargo, los legisladores perredistas solicitaron que el debate se pospusiera para después de los comicios federales.
El documento está firmado por 19 de los 30 diputados que integraban la Comisión de Energía, excepto los perredistas, y MILENIO cuenta con una copia.
La redacción final fue responsabilidad del presidente de la comisión legislativa, Manuel Ovalle, del PAN; el secretario, Víctor M. Alcérreca, del PRI; Cuauhtémoc Ochoa, del PVEM, y Jorge Martínez Ramos, por el PRD, además del vicecoordinador de este partido, Eduardo Espinosa.
La autenticidad del documento fue confirmada por los dos últimos, quienes detallan que el proyecto no contenía ningún “filo privatizador” y aseguran que puede ser la base de futuras discusiones sobre el fortalecimiento de Pemex.
El dictamen, que nunca fue presentado en el pleno, consta de 16 artículos y propone reformas la leyes Orgánica de Pemex, Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y Orgánica de la Administración Pública Federal, además de que deroga la de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público.
Los legisladores de los cuatro partidos aceptaban en el artículo 1 salvaguardar la exclusividad de Pemex “sobre áreas estratégicas de petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica”.
En el artículo 2 concedían a la paraestatal total autonomía “técnica, presupuestal y de gestión”, y la mandatan a “optimizar la exploración, explotación, transformación, distribución y comercialización de hidrocarburos, promoviendo condiciones que propicien el sano desarrollo e integración de la industria petrolera nacional”.
En el documento no se menciona nada sobre la desaparición o reintegración a Pemex de sus subsidiarias.
Lo que sí aceptaban los legisladores de PRI, PAN, PRD y PVEM era la inversión de capitales privados en Pemex, pero mediante certificados de deuda.
Especifican: “El gobierno federal será el único propietario y titular de la totalidad de las acciones de Pemex (…) Podrá emitir instrumentos (denominados certificados petroleros de fomento social) que repliquen el comportamiento de la evolución industrial y patrimonial del organismo, cuyo objeto será la inversión en infraestructura y mantenimiento del organismo.
“Podrán ser titulares de los certificados únicamente personas físicas, de nacionalidad mexicana, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y las administradoras de los fondos de retiro. Dichas personas podrán detentar individualmente hasta 3 por ciento de los certificados calificados. Tratándose de personas físicas, el límite de tenencia individual será de 0.3 por ciento.”
Vigilancia ciudadana
En el artículo 3, el dictamen plantea como obligación del gobierno federal (mediante la Secretaría de Energía) la “suscripción de un convenio-plan de política y desarrollo de la industria petrolera” para fijar “plazos, términos y condiciones de los compromisos que se asuman en las materias de Pemex, incluidos objetivos y metas del sector, así como indicadores de desempeño”.
Los legisladores proponían también que la empresa dejara de ser una paraestatal para convertirse en un organismo público descentralizado.
En el mismo artículo se autoriza a Pemex a cogenerar energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLF).
En el texto sobresale el consenso alcanzado por las cuatro fracciones en torno al control que impondrían a Pemex desde el Congreso e incluso desde instituciones educativas y la sociedad.
En este sentido, el Legislativo sería el encargado de supervisar la firma de convenios con CFE y CLF, sancionaría la firma del convenio-plan, ratificaría el Consejo de Administración de Pemex (artículo 6), vigilaría los contratos de adquisición (artículo 15) y fijaría límites aplicables al superávit primario (transitorio noveno).
El nuevo Consejo de Administración de la paraestatal tendría 15 miembros: cinco del gobierno federal, tres del sindicato y siete “consejeros ciudadanos, expertos, independientes y con capacidad profesional”. Asimismo, se integrarían los directores de CFE e Instituto Mexicano del Petróleo, y representantes de la UNAM e IPN, aunque sin derecho a voto.
Adquisiciones y control
Los diputados también incluyeron en la iniciativa nuevas normas para las adquisiciones y control interno de Pemex.
En el artículo 15 se específica: “Las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios se llevaran a cabo mediante licitación pública”.
Para garantizar el control interno se crearía el Comité de Auditoría, además de dos contralores públicos. Todos emitirían informes trimestrales.
El documento fue concluido en junio de 2006, luego de intensos trabajos en la Comisión de Energía, y reúne 19 firmas de los 30 integrantes de esa instancia legislativa, confirma el ex diputado federal perredista Jorge Martínez Ramos. El texto tiene las rúbricas, entre otros, de José de la Vega Asmitia, del PRI; Miguel Ángel Toscano y Leticia Montes de Oca, del PAN, y Carla Rochín Nieto, del PVEM.
Sin embargo, no tenía las firmas de los perredistas ni de sus coordinadores. “Se hicieron las consultas a instancias del partido y personajes destacados de entonces; hubo anuencia general, pero como estaban cerca las elecciones federales recibimos una petición personal para esperar”, señalan Espinosa y Martínez.
Crónica de Rogelio Hernández López, Milenio, 4 de abril.
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