Juristas, constitucionalistas, catedráticos y dirigentes políticos expresaron ayer su profunda preocupación por el trasfondo de las iniciativas presidenciales para permitir la entrada del capital privado —nacional y extranjero— en la industria petrolera en México.
Con la reforma a la Ley Orgánica de Pemex, dicha empresa podría quedar sujeta a criterios de derecho corporativo o comercial y quedar expuesta a las leyes o litigios de tribunales extranjeros.
En esto coincidieron los juristas Raúl Carrancá y Juventino Castro; los catedráticos Jaime Cárdenas y Bernardo Bátiz, los politólogo Lorenzo Meyer y Manuel Bartlett, así como el dirigente del Frente Amplio Progresista Porfirio Muñoz Ledo
De acuerdo con el artículo 40 del proyecto de la Ley Orgánica de Pemex, señalaron, se otorgarán “permisos” a particulares para la exploración petrolera y la perforación y las controversias que de ello resulten se regirán por el derecho privado.
Así, estos acuerdos con empresas privadas se considerarán “actos de comercio”, Pemex pasará a ser un particular, lo que permitiría someter a esta paraestatal al arbitrio de tribunales extranjeros, “esto es gravísimo”, advirtió Jaime Cárdenas.
El jurista Raúl Carrancá advirtió que la sola presentación del paquete de iniciativa de ley constituye un acto de autoridad del Ejecutivo; por tanto, desde ahora se le puede demandar y/o exigir el cumplimiento de la Constitución conforme al artículo 87.
Esto podría implicar el inicio de una demanda de juicio político, señaló el constitucionalista y maestro emérito de la UNAM durante el simposio Petróleo y Seguridad Energética, organizado por el FAP.
Muñoz Ledo advirtió que México se encuentra “en el dintel de la ruptura” si el Congreso y la Suprema Corte avalan estas reformas.
Además, Jaime Cárdenas advirtió que algunos diputados y senadores deberán “excusarse” de participar en este debate pues, dijo, algunos de ellos tienen “conflictos de interés” en el tema, como son los casos de Juan Bueno Torio y Francisco Labastida.
Por su parte Bernardo Bátiz dijo que hay confusión en la terminología. En la ley se habla de “Rectoría”, que es una función desde afuera de las empresas, donde se pueden otorgar concesiones o permisos bajo la vigilancia externa del Estado.
Lo que se deben tutelar, dijo, son las áreas estratégicas, que son de exclusividad, propiedad y control del Estado. En ésta área se encuentra el petróleo. Ahí no hay posibilidad de otorgar ni concesiones ni permisos.
Por su parte, el ex secretario de Gobernación, Manuel Bartlett admitió que desde hace muchos años existen en México los contratos de servicios públicos, que han sido “el gran ensayo” de lo que se pretende hacer ahora.
Por tanto, advirtió que se necesita detener no sólo la inconstitucionalidad de las iniciativas, sino los contratos que ya existen y que ya están en curso. Los contratos de servicios múltiples son contratos de explotación
Con la reforma a la Ley Orgánica de Pemex, dicha empresa podría quedar sujeta a criterios de derecho corporativo o comercial y quedar expuesta a las leyes o litigios de tribunales extranjeros.
En esto coincidieron los juristas Raúl Carrancá y Juventino Castro; los catedráticos Jaime Cárdenas y Bernardo Bátiz, los politólogo Lorenzo Meyer y Manuel Bartlett, así como el dirigente del Frente Amplio Progresista Porfirio Muñoz Ledo
De acuerdo con el artículo 40 del proyecto de la Ley Orgánica de Pemex, señalaron, se otorgarán “permisos” a particulares para la exploración petrolera y la perforación y las controversias que de ello resulten se regirán por el derecho privado.
Así, estos acuerdos con empresas privadas se considerarán “actos de comercio”, Pemex pasará a ser un particular, lo que permitiría someter a esta paraestatal al arbitrio de tribunales extranjeros, “esto es gravísimo”, advirtió Jaime Cárdenas.
El jurista Raúl Carrancá advirtió que la sola presentación del paquete de iniciativa de ley constituye un acto de autoridad del Ejecutivo; por tanto, desde ahora se le puede demandar y/o exigir el cumplimiento de la Constitución conforme al artículo 87.
Esto podría implicar el inicio de una demanda de juicio político, señaló el constitucionalista y maestro emérito de la UNAM durante el simposio Petróleo y Seguridad Energética, organizado por el FAP.
Muñoz Ledo advirtió que México se encuentra “en el dintel de la ruptura” si el Congreso y la Suprema Corte avalan estas reformas.
Además, Jaime Cárdenas advirtió que algunos diputados y senadores deberán “excusarse” de participar en este debate pues, dijo, algunos de ellos tienen “conflictos de interés” en el tema, como son los casos de Juan Bueno Torio y Francisco Labastida.
Por su parte Bernardo Bátiz dijo que hay confusión en la terminología. En la ley se habla de “Rectoría”, que es una función desde afuera de las empresas, donde se pueden otorgar concesiones o permisos bajo la vigilancia externa del Estado.
Lo que se deben tutelar, dijo, son las áreas estratégicas, que son de exclusividad, propiedad y control del Estado. En ésta área se encuentra el petróleo. Ahí no hay posibilidad de otorgar ni concesiones ni permisos.
Por su parte, el ex secretario de Gobernación, Manuel Bartlett admitió que desde hace muchos años existen en México los contratos de servicios públicos, que han sido “el gran ensayo” de lo que se pretende hacer ahora.
Por tanto, advirtió que se necesita detener no sólo la inconstitucionalidad de las iniciativas, sino los contratos que ya existen y que ya están en curso. Los contratos de servicios múltiples son contratos de explotación
Nota de Jorge Octavio Ochoa, El Universal, 7 de mayo.
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