Washington, 18 de mayo. México recibiría fondos de la Iniciativa Mérida sólo si el gobierno estadunidense estima que el mexicano inició reformas legales y judiciales, y que las unidades policiales y militares apoyadas con recursos sean ajenas a abusos o corrupción.
Los condicionamientos, incluidos en la versión de la Iniciativa Mérida aprobada por el Comité de Gastos del Senado, obligan también al gobierno estadunidense a establecer y actualizar un banco de datos para el escrutinio de la policía y el Ejército mexicanos.
“Ninguno de los fondos disponibles conforme a esta sección deben darse hasta que la secretaria de Estado (Condoleezza Rice) determine y reporte que existen procedimientos de escrutinio para asegurar que las fuerzas militares y policiales que reciban los fondos no están involucradas en violaciones a los derechos humanos o en corrupción”, señala el proyecto de ley, obtenido por Notimex.
El comité aprobó el pasado viernes el proyecto con una asignación de 350 millones de dólares, cien millones para Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, y decidió agregar 5 millones para Haití y otros 5 millones para República Dominicana.
La suma, que se redujo respecto de los 500 millones de dólares solicitados por el presidente George W. Bush para México, pero se incrementó en cuanto a los 50 millones pedidos originalmente para Centroamérica, aún debe ser aprobada por el Senado en pleno.
El portavoz de la embajada de México en Washington, Ricardo Alday, señaló que el gobierno mexicano seguirá “trabajando con el de Estados Unidos para alcanzar un paquete equilibrado que responda a los intereses” nacionales.
“Las autoridades mexicanas estarán en posición de hacer más comentarios una vez que el proceso de conferencia concluya en el Congreso de Estados Unidos”, dijo a Notimex .
En el caso de la ayuda a México, 25 por ciento de los fondos asignados por el Comité de Gastos del Senado están condicionados a que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, entregue al Congreso un reporte en el cual avale el inicio de una serie de reformas legales y judiciales.
Estados Unidos considera que México debe reforzar la independencia y autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y crear comisiones de quejas policiales para recibir alegatos y realizar investigaciones.
Además señala la necesidad de crear un mecanismo independiente, con participación de la sociedad civil, para monitorear los programas de combate al tráfico de drogas, según el proyecto de ley.
Asimismo, la secretaria de Estado debe avalar que México está haciendo cumplir las prohibiciones contra el uso judicial de testimonio obtenido por medio de tortura, y asegurarse de que el Ejército esté transfiriendo todos los casos que impliquen acusaciones de violaciones humanitarias a fiscales del fuero civil.
Finalmente, el comité pide asegurarse de que las fuerzas policiales federales y estatales cooperen con autoridades en casos en los cuales alguno de sus miembros haya sido acusado de violaciones a los derechos humanos, y que se investigue a militares acusados de actos similares.
El proyecto de ley asigna de hecho 3 millones de dólares para que el gobierno mexicano abra un “registro nacional unificado” de policías federales, estatales y municipales, cuya creación ya fue anunciada por las autoridades de México.
Otros 5 millones de dólares serán asignados a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos para enviar agentes especiales a México a apoyar al gobierno federal a rastrear armas usadas por traficantes de drogas.
Además, la secretaria de Estado debe entregar un reporte sobre el desglose de los 350 millones de dólares a más tardar 45 días después de la promulgación de la Iniciativa Mérida, y a los 90 días debe presentar otro reporte sobre el estado de los derechos humanos en México.
Para Centroamérica, el proyecto instruye a la secretaria de Estado a reportar sobre los esfuerzos del gobierno de Guatemala para llevar a cabo reformas judiciales y legales.
El proyecto de ley del Comité de Gastos del Senado requiere no sólo aprobación del pleno, sino conciliarse con la versión de la Cámara de Representantes, que es distinta, pues allí se aprobaron 400 millones de dólares para México.
De ser aprobada con su actual redacción en el Senado, se deberá instalar una “conferencia de conciliación” entre ambas cámaras para unificar versiones y someterse a un nuevo voto. La Casa Blanca tiene la prerrogativa de promulgarlo o vetarlo.
Los condicionamientos, incluidos en la versión de la Iniciativa Mérida aprobada por el Comité de Gastos del Senado, obligan también al gobierno estadunidense a establecer y actualizar un banco de datos para el escrutinio de la policía y el Ejército mexicanos.
“Ninguno de los fondos disponibles conforme a esta sección deben darse hasta que la secretaria de Estado (Condoleezza Rice) determine y reporte que existen procedimientos de escrutinio para asegurar que las fuerzas militares y policiales que reciban los fondos no están involucradas en violaciones a los derechos humanos o en corrupción”, señala el proyecto de ley, obtenido por Notimex.
El comité aprobó el pasado viernes el proyecto con una asignación de 350 millones de dólares, cien millones para Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, y decidió agregar 5 millones para Haití y otros 5 millones para República Dominicana.
La suma, que se redujo respecto de los 500 millones de dólares solicitados por el presidente George W. Bush para México, pero se incrementó en cuanto a los 50 millones pedidos originalmente para Centroamérica, aún debe ser aprobada por el Senado en pleno.
El portavoz de la embajada de México en Washington, Ricardo Alday, señaló que el gobierno mexicano seguirá “trabajando con el de Estados Unidos para alcanzar un paquete equilibrado que responda a los intereses” nacionales.
“Las autoridades mexicanas estarán en posición de hacer más comentarios una vez que el proceso de conferencia concluya en el Congreso de Estados Unidos”, dijo a Notimex .
En el caso de la ayuda a México, 25 por ciento de los fondos asignados por el Comité de Gastos del Senado están condicionados a que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, entregue al Congreso un reporte en el cual avale el inicio de una serie de reformas legales y judiciales.
Estados Unidos considera que México debe reforzar la independencia y autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y crear comisiones de quejas policiales para recibir alegatos y realizar investigaciones.
Además señala la necesidad de crear un mecanismo independiente, con participación de la sociedad civil, para monitorear los programas de combate al tráfico de drogas, según el proyecto de ley.
Asimismo, la secretaria de Estado debe avalar que México está haciendo cumplir las prohibiciones contra el uso judicial de testimonio obtenido por medio de tortura, y asegurarse de que el Ejército esté transfiriendo todos los casos que impliquen acusaciones de violaciones humanitarias a fiscales del fuero civil.
Finalmente, el comité pide asegurarse de que las fuerzas policiales federales y estatales cooperen con autoridades en casos en los cuales alguno de sus miembros haya sido acusado de violaciones a los derechos humanos, y que se investigue a militares acusados de actos similares.
El proyecto de ley asigna de hecho 3 millones de dólares para que el gobierno mexicano abra un “registro nacional unificado” de policías federales, estatales y municipales, cuya creación ya fue anunciada por las autoridades de México.
Otros 5 millones de dólares serán asignados a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos para enviar agentes especiales a México a apoyar al gobierno federal a rastrear armas usadas por traficantes de drogas.
Además, la secretaria de Estado debe entregar un reporte sobre el desglose de los 350 millones de dólares a más tardar 45 días después de la promulgación de la Iniciativa Mérida, y a los 90 días debe presentar otro reporte sobre el estado de los derechos humanos en México.
Para Centroamérica, el proyecto instruye a la secretaria de Estado a reportar sobre los esfuerzos del gobierno de Guatemala para llevar a cabo reformas judiciales y legales.
El proyecto de ley del Comité de Gastos del Senado requiere no sólo aprobación del pleno, sino conciliarse con la versión de la Cámara de Representantes, que es distinta, pues allí se aprobaron 400 millones de dólares para México.
De ser aprobada con su actual redacción en el Senado, se deberá instalar una “conferencia de conciliación” entre ambas cámaras para unificar versiones y someterse a un nuevo voto. La Casa Blanca tiene la prerrogativa de promulgarlo o vetarlo.
Notimex, La Jornada, 19 de mayo.
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