Congreso recibe las acusaciones contra Uribe

La Corte Suprema de Justicia de Colombia envió este jueves a un comité del Congreso una copia de las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina, que asegura que en 2004 vendió su voto a cambio de dádivas para respaldar una enmienda constitucional que, en 2006, permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe.

Fuentes judiciales indicaron que el testimonio de Medina será anexado a la investigación que debe abrir contra Uribe la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por una denuncia interpuesta por este hecho por el senador Luis Carlos Avellaneda, del partido opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo.

Por normas constitucionales, dicho comité se encarga de instruir investigaciones contra el jefe de Estado. En caso de que los procesos no sean archivados por falta de mérito, la célula parlamentaria pasa los expedientes a la plenaria de la Cámara de Representantes.

La decisión de remitir las declaraciones al Congreso fue tomada por el Supremo al confirmar la orden de arresto contra Medina, cumplida el pasado 27 de abril, y considerar que en este caso no se debe permitir la detención domiciliaria. De igual forma, la corte envió copia de las declaraciones de Medina a instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría, ante la posibilidad de que sean abiertas investigaciones contra varias personas mencionadas por ésta.

El caso salió a la luz hace varios meses, cuando Medina aseguró que vendió su voto para que el proyecto de enmienda constitucional no tuviera problemas en su paso por una comisión de la Cámara de Representantes. Medina ha afirmado que los ofrecimientos fueron hechos por Sabas Pretelt y Alberto Velásquez, entonces ministro del Interior y Justicia y secretario general de la Presidencia, respectivamente, y por el actual ministro de Protección Social, Diego Palacio.

Según la política, el gobierno le ofreció nombrar a varios amigos suyos en diferentes dependencias públicas para que cambiara su voto a favor de la reelección, pues inicialmente no estaba de acuerdo con esa reforma constitucional.
Nota de DPA en Bogotá, Milenio, 9 de mayo.

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