Critican magistrados doble discurso en el proyecto de reforma penal calderonista

Jueces y magistrados federales concluyeron el pasado martes los encuentros semanales en los que se evaluó la reforma de justicia penal del presidente Felipe Calderón y firmaron un manifiesto que será publicado en breve por el Consejo de la Judicatura Federal y posteriormente entregado a legisladores y al gobierno federal.

En el documento de conclusiones –cuya copia tiene La Jornada– los impartidores de justicia critican severamente diversas contradicciones de la iniciativa presidencial, aunque también incluyen propuestas para que se realicen adecuaciones a la reforma, con el propósito de evitar “abusos” de parte de las autoridades policiacas y de los encargados de la procuración de justicia.

Proponen, por ejemplo, que en la legislación secundaria que deberá elaborar el Congreso se establezca una norma que obligue al Ministerio Público Federal a solicitar medidas de cateo y arraigo “bajo protesta de decir verdad”, y en caso de violación a esta protesta “sea sancionado severamente si aportara datos falsos o incompletos al juzgador”.

Al mismo tiempo, los jueces coincidieron en que existe un “doble discurso” del gobierno calderonista al promover esta reforma que, a decir de los juzgadores no será garantista, sino que por el contrario, mermará las posibilidades de defensa legal de cualquier inculpado.

“Se considera que existe un doble discurso al promover la reforma propuesta, pues por una parte en la exposición de motivos se hace alusión a que se pretenden flexibilizar los requisitos para librar una orden de aprehensión y, por otra, en los medios de comunicación (mediante mensajes pagados en televisión y radio) se insiste en que el sistema penal proyectado contiene mayores garantías al exigir más elementos para sujetar a una persona a un proceso”, indica una de las conclusiones a que llegaron los juzgadores luego de analizar la polémica reforma durante mes y medio.

Más cambios
Al estudiar las reformas propuestas al artículo 16 constitucional, los impartidores de justicia –participaron cerca de 60 jueces y magistrados federales especializados en materia penal– puntualizaron que “el párrafo segundo contiene una modificación importante, pues se abandona la figura procesal de ‘cuerpo del delito’ por ‘hecho que la ley señale como delito’, así como la ‘probable responsabilidad’ por ‘probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión’”.

Desde la perspectiva de los juzgadores, “con la reforma propuesta existe una tendencia a flexibilizar los requisitos para librar una orden de aprehensión, pues se considera que la acreditación de un hecho delictuoso se lleva a cabo cuando se verifique la existencia de los elementos objetivos que describe la figura típica.

“Por tanto, los códigos adjetivos, tanto federal como local, no deben exigir iguales o mayores requisitos que los contemplados actualmente para el libramiento de una orden de captura”, señalaron.

Otra figura legal de la reforma calderonista que causó dudas en los jueces es la del arraigo. “Se establece el arraigo a nivel constitucional, sólo en los casos que sea necesario para el éxito de la investigación; existe una aparente contradicción, pues una de las causas para la procedencia de esta figura lo es el éxito de la investigación, en tanto, uno de los pilares de la presente reforma lo es que para el dictado de una sentencia sólo deberán tomarse en cuenta las probanzas ofrecidas y desahogadas ante el juez competente”.

Una vez que se concluya la revisión y corrección del documento que estará avalado por los más de 500 jueces y magistrados federales del país, el Consejo de la Judicatura Federal lo publicará y será presentado oficialmente por el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Nota de Alfredo Méndez, La Jornada, 8 de mayo.


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