Al planteamiento presidencial de no cejar ni agachar la cabeza en la lucha contra el crimen organizado, diputados federales del PRI, PAN, PRD y Convergencia discreparon en torno de la estrategia gubernamental. Priistas y panistas consideraron imperativo que los tres Poderes de la Unión cierren filas en este combate; perredistas y convergentes, en cambio, demandaron "inteligencia financiera" y replantear la política en materia de seguridad pública.
"Por encima de cualquier ideología debe haber coordinación de los tres Poderes; esto no es asunto de ideologías. No podemos perder esta batalla; el país no la puede perder; el Estado no puede perder la batalla en la persecución del delito.
"Si esto es así, se vulneran los cimientos de la convivencia pacífica y caeríamos en un cuadro de barbarie", dijo el legislador priista Samuel Palma César, miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja.
Incluso consideró que más allá de elaborar una lista negra de jueces corruptos, lo que se requiere "es hacer una revisión responsable, profesional, acuciosa de la actuación de todos los que formamos parte y tenemos una oportunidad de estar incidiendo en la vida del Estado".
Por ello manifestó que la solución no está en el Plan Mérida. "La solución está en la actuación que tengamos hacia el interior, en la capacidad que se tenga de perseguir el delito y de acreditar sus responsabilidades para que la autoridad judicial pueda aplicar las penas más severas", puntualizó.
En tanto, la legisladora panista Elia Hernández Núñez, integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, se pronunció a favor de cerrar filas en la lucha contra el crimen organizado y negó que el hecho de que militares suplan a civiles en mandos policiacos implique un proceso de militarización silenciosa del país.
Expuso que la participación de mandos militares y del propio Ejército mexicano en estas tareas responde a las necesidades que el Presidente de la República evalúa en el combate a la delincuencia.
"Desplazar a policías se trata de una situación de excepción. Esta lucha requiere de medidas oportunas y rápidas, dejar un espacio a las mafias sería más delicado", explicó.
Paralelamente el diputado perredista Juan Guerra Ochoa dijo que una estrategia para combatir a la narcoviolencia entraña aumentar recursos presupuestales a las Fuerzas Armadas. "El combate al crimen organizado implica una inteligencia financiera y es ahí donde el Ejecutivo no se quiere meter", indicó.
Por ello se pronunció por incrementar el presupuesto para la seguridad en 2009, "aunque no veamos eficiencia, es muy difícil regatear este asunto porque la sociedad no nos perdonaría que no demos más recursos".
A su vez el diputado convergente Cuauhtémoc Velasco Oliva consideró imperativo replantear la política de seguridad en el país; incluso, dijo, se requiere de una revisión a fondo de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal Preventiva.
Aún más, cuestionó a la permanencia de Juan Camilo Mouriño al frente de la Secretaría de Gobernación, porque no reúne el perfil para el cargo y mucho menos para conducir la política de seguridad pública nacional.
"Por encima de cualquier ideología debe haber coordinación de los tres Poderes; esto no es asunto de ideologías. No podemos perder esta batalla; el país no la puede perder; el Estado no puede perder la batalla en la persecución del delito.
"Si esto es así, se vulneran los cimientos de la convivencia pacífica y caeríamos en un cuadro de barbarie", dijo el legislador priista Samuel Palma César, miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja.
Incluso consideró que más allá de elaborar una lista negra de jueces corruptos, lo que se requiere "es hacer una revisión responsable, profesional, acuciosa de la actuación de todos los que formamos parte y tenemos una oportunidad de estar incidiendo en la vida del Estado".
Por ello manifestó que la solución no está en el Plan Mérida. "La solución está en la actuación que tengamos hacia el interior, en la capacidad que se tenga de perseguir el delito y de acreditar sus responsabilidades para que la autoridad judicial pueda aplicar las penas más severas", puntualizó.
En tanto, la legisladora panista Elia Hernández Núñez, integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, se pronunció a favor de cerrar filas en la lucha contra el crimen organizado y negó que el hecho de que militares suplan a civiles en mandos policiacos implique un proceso de militarización silenciosa del país.
Expuso que la participación de mandos militares y del propio Ejército mexicano en estas tareas responde a las necesidades que el Presidente de la República evalúa en el combate a la delincuencia.
"Desplazar a policías se trata de una situación de excepción. Esta lucha requiere de medidas oportunas y rápidas, dejar un espacio a las mafias sería más delicado", explicó.
Paralelamente el diputado perredista Juan Guerra Ochoa dijo que una estrategia para combatir a la narcoviolencia entraña aumentar recursos presupuestales a las Fuerzas Armadas. "El combate al crimen organizado implica una inteligencia financiera y es ahí donde el Ejecutivo no se quiere meter", indicó.
Por ello se pronunció por incrementar el presupuesto para la seguridad en 2009, "aunque no veamos eficiencia, es muy difícil regatear este asunto porque la sociedad no nos perdonaría que no demos más recursos".
A su vez el diputado convergente Cuauhtémoc Velasco Oliva consideró imperativo replantear la política de seguridad en el país; incluso, dijo, se requiere de una revisión a fondo de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal Preventiva.
Aún más, cuestionó a la permanencia de Juan Camilo Mouriño al frente de la Secretaría de Gobernación, porque no reúne el perfil para el cargo y mucho menos para conducir la política de seguridad pública nacional.
Nota de Moisés Sánchez Limón, Crónica, 21 de mayo.
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