Torpe y malvada la oposición: quiere hundir a Petróleos Mexicanos, se envuelve en la bandera para impedir su salvación en nombre de la Soberanía, de la Historia y la Patria. Pero he aquí que los debates del Senado revelan sus verdaderas intenciones: la oposición no quiere que Pemex compre lápices.
Para conseguir tan avieso objetivo, la oposición se envuelve en la bandera del general Lázaro Cárdenas y se empeña en convertir el debate sobre teoría constitucional en el carnaval de las ideologías.
El regreso de los lápices corre a cargo de Miguel Carbonell, investigador de la UNAM, quien para apuntalar el absurdo de que la oposición rechace todos los contratos cita de memoria al ya ahora clásico senador del PRI Pedro Joaquín Coldwell: “Serían los legisladores más estúpidos del mundo”.
Así se achican los argumentos opositores, para quedar del tamaño de un lápiz. Con otra técnica achica Sergio García Ramírez, ex abogado de la nación, las iniciativas presidenciales: “El texto vigente de la Constitución no es una escritura infranqueable. Pero no podemos revisar las decisiones constitucionales en otros peldaños del orden normativo. Los grandes cambios deben llamar a la puerta grande de la reforma constitucional y proclamar su auténtica naturaleza, su origen y su designio. Hecho esto, la nación dirá”.
Pero no se hizo. Y por eso, he aquí a los legisladores, entre abogados y tratando de dilucidar, para decirlo en términos no jurídicos, si es factible que un hombre talla 42 se meta en un pantalón con cintura 30.
Berenjenal jurídico
O como dicen los juristas: si las iniciativas son inconstitucionales, anticonstitucionales o constitucionales. O si la palabra explotación significa lo que dice el diccionario o lo que “esta soberanía” determine en su momento, sobre todo para ahorrarse el paso de un juicio en el “tribunal supremo”. O también si las “áreas estratégicas”, definidas así en el 27 de la Carta Magna, pueden pasar a ser tácticas mediante el voto de un frente PRI-PAN en el Congreso.
Hay quienes entran con soltura sosegada al berenjenal de los terminajos y las interpretaciones infinitas. García Ramírez, por ejemplo, pregunta: “¿Hay áreas estratégicas dentro de las áreas estratégicas, en forma que aquellas absorban todo el compromiso del Estado y éste decline en otros aspectos de la actividad del área, que perdería su condición estratégica y, por tanto, de estrictamente pública?”
Se pregunta, y se responde, un partidario de las reformas, Sergio López Ayllón, investigador del CIDE: “¿Por qué considero que es constitucional? Porque lo que está proponiendo la iniciativa es sacar del área estratégica algunas actividades, en concreto, por ejemplo, el transporte, el almacenamiento, la distribución, de los productos derivados del gas, de la refinación y de la petroquímica básica”.
En el turno de los legisladores, el perredista Pablo Gómez le remite a la lectura del artículo 28 constitucional: “No, doctor, el Congreso puede agregar, no quitar. Propongo que un secretario nos haga el favor de leer a los señores expertos lo que dice la Constitución”.
Faltan 19 debates. La semana venidera acuden los gobernadores. Que alguien les recomiende memorizar el texto constitucional.
Mientras, García Ramírez recurre a la historia reciente, a 1990, cuando la banca dejó de ser “área estratégica”. Cita en extenso una porción de la exposición de motivos de entonces: “Debemos ser claros: la banca no pierde su arraigo ni su compromiso con el país, al contrario, se abre a la sociedad para que comparta plenamente su destino. Necesitamos ampliar el concurso del mayor número de mexicanos en el capital de los bancos…”
No lo dice el ex procurador, pero hoy la banca está mayoritariamente en manos extranjeras y obtiene aquí las ganancias más altas del mundo.
La Constitución y el reglamento de tránsito
No hay puerta grande sino rendijas. “No se plantea una reforma constitucional, pero se trasluce. Es el convidado que no confiesa su identidad. Se sienta a la mesa y aguarda”, dice García Ramírez.
No hace falta, al menos para el jurista Raúl Carrancá: “El autor de la iniciativa (Felipe Calderón) viola la Constitución”.
En la misma ruta va Luis Javier Garrido, sólo que con más adjetivos y dardos más duros, cuando dice que el Ejecutivo, simple y llanamente, le está pidiendo al Legislativo que viole la Constitución:
“Y eso, en otras palabras, perdónenme la franqueza, señores legisladores, se llama traición a la patria. Y quien está haciendo esto podría y debería ser enjuiciado por ese gravísimo delito”.
Carbonell y otros se dan por aludidos: “Imagínese qué habría pasado con los autores de todas las leyes y decretos y reglamentos que han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte. ¿Les tendríamos que abrir proceso penal por el tipo de traición a la patria?”
Al gruñido contra Garrido se suma Jesús Murillo Karam, en nombre de alguna fracción del PRI. Eso sí, para regocijo de los opositores, adelanta que en las iniciativas “hay algunos visos de inconstitucionalidad”.
Y es que el debate camina a ratos por senderos que a los defensores de la reforma no les placen, sobre todo, dicen desde el primero, porque éste es un asunto de leyes que los opositores quieren convertir en una batalla ideológica y en una disputa por la historia.
Este día, los debatientes que están con la reforma insisten. A nosotros nos llamaron como técnicos. Las otras discusiones son del Congreso, de los políticos.
“Los juicios globales contundentes y omnicomprensivos sobre el apego a la Carta Magna de las iniciativas son propios de ideólogos o de posturas políticas, como tales respetables. Pero a los que nos dedicamos al estudio de la Constitución se nos llamó para exponer un criterio técnico-jurídico y no nuestro posicionamiento ideológico”, frasea Carbonell, quien aceptó la invitación senatorial para evitar que las “guerrillas ideológicas se apoderen del escenario nuevamente”, si nos atenemos a un reciente artículo suyo.
García Ramírez responde a un argumento similar de López Ayllón: “Me temo que cuando alguien dice incluso que es una Constitución democrática o propia de una sociedad democrática, ya está incorporando valoraciones políticas. Esto me pasa siempre con la Constitución, debe ser un achaque; no me pasa nunca con el reglamento de tránsito del Distrito Federal, en el que jamás involucro cuestiones de carácter político”.
Los que impugnan deben probar
Las intervenciones de los legisladores son botica. El panista Juan José Rodríguez Prats busca exhibir sus conocimientos históricos y jurídicos. Los del Frente Amplio Progresista insisten en la consulta popular. Alejandro González Alcocer dedica parte de su intervención a un reproche para “aquellos que se envuelven en la bandera del cardenismo” (quizá debería comenzar con el presidente de su partido, Germán Martínez, quien hasta regala citas del general). Y los del FAP insisten en la consulta.
Fauzi Hamdan, ex legislador y ahora expositor, prefiere uno de los argumentos centrales del gobierno: “No podemos dejar de sacar a este país de las condiciones en las que está”. Como legislador, recuerda alguien, fue pieza clave en el Fobaproa, asunto que por supuesto nada tiene que ver con las condiciones del país.
Por argumentos así la opinión dominante en la prensa es que los defensores de la reforma tienen escasas baterías. Sin conceder, Carbonell tira la pelota: “Quienes impugnan la constitucionalidad son los que deben probarla y no al revés”.
Suena como chivo en cristalería, después de los desencuentros, la frase del coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, empeñado en citar a Juan Ramón de la Fuente: “Discrepar es un privilegio de la razón, coincidir es un privilegio de la inteligencia”.
De otro modo remata su primera intervención García Ramírez: “Un ilustre mexicano advirtió –en una hora infinitamente más oscura que ésta– que no se debía tomar ninguna decisión que privara a las generaciones futuras de la posibilidad de reivindicar su derecho. Si erramos al abrir una puerta –la puerta que no abrió el Constituyente en 1959–, quizás no podremos cerrarla mañana”.
Pues mañana pondrán al ex procurador en el costal de los que se envuelven en presidentes muertos, porque el mexicano de su cita es Benito Juárez.
Para conseguir tan avieso objetivo, la oposición se envuelve en la bandera del general Lázaro Cárdenas y se empeña en convertir el debate sobre teoría constitucional en el carnaval de las ideologías.
El regreso de los lápices corre a cargo de Miguel Carbonell, investigador de la UNAM, quien para apuntalar el absurdo de que la oposición rechace todos los contratos cita de memoria al ya ahora clásico senador del PRI Pedro Joaquín Coldwell: “Serían los legisladores más estúpidos del mundo”.
Así se achican los argumentos opositores, para quedar del tamaño de un lápiz. Con otra técnica achica Sergio García Ramírez, ex abogado de la nación, las iniciativas presidenciales: “El texto vigente de la Constitución no es una escritura infranqueable. Pero no podemos revisar las decisiones constitucionales en otros peldaños del orden normativo. Los grandes cambios deben llamar a la puerta grande de la reforma constitucional y proclamar su auténtica naturaleza, su origen y su designio. Hecho esto, la nación dirá”.
Pero no se hizo. Y por eso, he aquí a los legisladores, entre abogados y tratando de dilucidar, para decirlo en términos no jurídicos, si es factible que un hombre talla 42 se meta en un pantalón con cintura 30.
Berenjenal jurídico
O como dicen los juristas: si las iniciativas son inconstitucionales, anticonstitucionales o constitucionales. O si la palabra explotación significa lo que dice el diccionario o lo que “esta soberanía” determine en su momento, sobre todo para ahorrarse el paso de un juicio en el “tribunal supremo”. O también si las “áreas estratégicas”, definidas así en el 27 de la Carta Magna, pueden pasar a ser tácticas mediante el voto de un frente PRI-PAN en el Congreso.
Hay quienes entran con soltura sosegada al berenjenal de los terminajos y las interpretaciones infinitas. García Ramírez, por ejemplo, pregunta: “¿Hay áreas estratégicas dentro de las áreas estratégicas, en forma que aquellas absorban todo el compromiso del Estado y éste decline en otros aspectos de la actividad del área, que perdería su condición estratégica y, por tanto, de estrictamente pública?”
Se pregunta, y se responde, un partidario de las reformas, Sergio López Ayllón, investigador del CIDE: “¿Por qué considero que es constitucional? Porque lo que está proponiendo la iniciativa es sacar del área estratégica algunas actividades, en concreto, por ejemplo, el transporte, el almacenamiento, la distribución, de los productos derivados del gas, de la refinación y de la petroquímica básica”.
En el turno de los legisladores, el perredista Pablo Gómez le remite a la lectura del artículo 28 constitucional: “No, doctor, el Congreso puede agregar, no quitar. Propongo que un secretario nos haga el favor de leer a los señores expertos lo que dice la Constitución”.
Faltan 19 debates. La semana venidera acuden los gobernadores. Que alguien les recomiende memorizar el texto constitucional.
Mientras, García Ramírez recurre a la historia reciente, a 1990, cuando la banca dejó de ser “área estratégica”. Cita en extenso una porción de la exposición de motivos de entonces: “Debemos ser claros: la banca no pierde su arraigo ni su compromiso con el país, al contrario, se abre a la sociedad para que comparta plenamente su destino. Necesitamos ampliar el concurso del mayor número de mexicanos en el capital de los bancos…”
No lo dice el ex procurador, pero hoy la banca está mayoritariamente en manos extranjeras y obtiene aquí las ganancias más altas del mundo.
La Constitución y el reglamento de tránsito
No hay puerta grande sino rendijas. “No se plantea una reforma constitucional, pero se trasluce. Es el convidado que no confiesa su identidad. Se sienta a la mesa y aguarda”, dice García Ramírez.
No hace falta, al menos para el jurista Raúl Carrancá: “El autor de la iniciativa (Felipe Calderón) viola la Constitución”.
En la misma ruta va Luis Javier Garrido, sólo que con más adjetivos y dardos más duros, cuando dice que el Ejecutivo, simple y llanamente, le está pidiendo al Legislativo que viole la Constitución:
“Y eso, en otras palabras, perdónenme la franqueza, señores legisladores, se llama traición a la patria. Y quien está haciendo esto podría y debería ser enjuiciado por ese gravísimo delito”.
Carbonell y otros se dan por aludidos: “Imagínese qué habría pasado con los autores de todas las leyes y decretos y reglamentos que han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte. ¿Les tendríamos que abrir proceso penal por el tipo de traición a la patria?”
Al gruñido contra Garrido se suma Jesús Murillo Karam, en nombre de alguna fracción del PRI. Eso sí, para regocijo de los opositores, adelanta que en las iniciativas “hay algunos visos de inconstitucionalidad”.
Y es que el debate camina a ratos por senderos que a los defensores de la reforma no les placen, sobre todo, dicen desde el primero, porque éste es un asunto de leyes que los opositores quieren convertir en una batalla ideológica y en una disputa por la historia.
Este día, los debatientes que están con la reforma insisten. A nosotros nos llamaron como técnicos. Las otras discusiones son del Congreso, de los políticos.
“Los juicios globales contundentes y omnicomprensivos sobre el apego a la Carta Magna de las iniciativas son propios de ideólogos o de posturas políticas, como tales respetables. Pero a los que nos dedicamos al estudio de la Constitución se nos llamó para exponer un criterio técnico-jurídico y no nuestro posicionamiento ideológico”, frasea Carbonell, quien aceptó la invitación senatorial para evitar que las “guerrillas ideológicas se apoderen del escenario nuevamente”, si nos atenemos a un reciente artículo suyo.
García Ramírez responde a un argumento similar de López Ayllón: “Me temo que cuando alguien dice incluso que es una Constitución democrática o propia de una sociedad democrática, ya está incorporando valoraciones políticas. Esto me pasa siempre con la Constitución, debe ser un achaque; no me pasa nunca con el reglamento de tránsito del Distrito Federal, en el que jamás involucro cuestiones de carácter político”.
Los que impugnan deben probar
Las intervenciones de los legisladores son botica. El panista Juan José Rodríguez Prats busca exhibir sus conocimientos históricos y jurídicos. Los del Frente Amplio Progresista insisten en la consulta popular. Alejandro González Alcocer dedica parte de su intervención a un reproche para “aquellos que se envuelven en la bandera del cardenismo” (quizá debería comenzar con el presidente de su partido, Germán Martínez, quien hasta regala citas del general). Y los del FAP insisten en la consulta.
Fauzi Hamdan, ex legislador y ahora expositor, prefiere uno de los argumentos centrales del gobierno: “No podemos dejar de sacar a este país de las condiciones en las que está”. Como legislador, recuerda alguien, fue pieza clave en el Fobaproa, asunto que por supuesto nada tiene que ver con las condiciones del país.
Por argumentos así la opinión dominante en la prensa es que los defensores de la reforma tienen escasas baterías. Sin conceder, Carbonell tira la pelota: “Quienes impugnan la constitucionalidad son los que deben probarla y no al revés”.
Suena como chivo en cristalería, después de los desencuentros, la frase del coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, empeñado en citar a Juan Ramón de la Fuente: “Discrepar es un privilegio de la razón, coincidir es un privilegio de la inteligencia”.
De otro modo remata su primera intervención García Ramírez: “Un ilustre mexicano advirtió –en una hora infinitamente más oscura que ésta– que no se debía tomar ninguna decisión que privara a las generaciones futuras de la posibilidad de reivindicar su derecho. Si erramos al abrir una puerta –la puerta que no abrió el Constituyente en 1959–, quizás no podremos cerrarla mañana”.
Pues mañana pondrán al ex procurador en el costal de los que se envuelven en presidentes muertos, porque el mexicano de su cita es Benito Juárez.
Crónica de Arturo Cano, La Jornada, 23 de mayo.
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