San Cristóbal de las Casas, Chis. 4 de mayo. Los dos presos zapatistas de origen chol que permanecen en el Centro de Readaptación Social (Cereso) 12 de Yajalón no parecen haber mejorado sus condiciones de reclusión a pesar de que son sólo huéspedes del sistema penitenciario chiapaneco, donde no existe ninguna causa penal en contra suya, y sí el compromiso gubernamental de liberarlos.
Además de permanecer sin atención médica, por más que está demostrado que la necesitan, Francisco Pérez Vázquez y Ángel Concepción Pérez Gutiérrez ahora no pueden recibir más visitas que de sus familiares, y ni siquiera éstos la tiene fácil. Luego de pasar 11 años y ocho meses en la cárcel municipal de Tacotalpa, en el vecino Tabasco, su caso fue “atraído” por las autoridades chiapanecas, quienes los internaron en el centro penitenciario de la zona norte. Y allí siguen, aislados en una celda.
Francisco, don Panchito, ya septuagenario, se encuentra en malas condiciones de salud, y como las autoridades le dan atención a cuentagotas, recurrió a sus compañeros para conseguir medicamentos. Esta mañana intentaron entregárselos cuatro miembros de Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), amigos de Ángel y Francisco que viajaron a Yajalón para visitarlos: “cuando llegamos a la entrada principal del Cereso, el personal de seguridad nos dijo que no los podíamos visitar, que únicamente sus familiares. Preguntamos por qué, dijimos que es el día de visita, y nos respondieron que son disposiciones del director, y ellos acatan las órdenes”, refieren los visitantes.
“Como no nos permitieron entrar, le pedimos de favor al personal de seguridad que entregue los alimentos y medicinas que llevábamos para nuestros compañeros presos. Entregamos una bolsa de nylon que contenía alimentos, medicinas, papel de baño, litros de agua y un cuaderno que nos habían pedido. Cuando estábamos ya de regreso, de nuevo salen con las bolsas que habíamos entregado. Que ellos no iban a ser responsables de entregar”.
Los activistas y amigos de Francisco y Ángel relatan: “vimos que salieron a tirar afuera del penal, a la orilla de la carretera, la bolsa. Nuestros compañeros quedaron sin alimentos y medicinas. Por eso estamos denunciando estas arbitrariedades. Su estado de salud cada día se pone crítico, necesitan atención médica adecuada”, reclaman los miembros del PUDEE.
“Nuestros compañeros llevan ocho días en este penal. Hemos logrado en dos ocasiones entrar a visitarlos. En las dos (el personal de seguridad) nos ha interrogado como si fuéramos los enjuiciados o sentenciados. Nos preguntamos por qué nos hacen eso. Sabemos que no debemos nada, mucho menos nuestros compañeros presos. Son inocentes de los delitos que los acusan. Por eso decimos ‘ya basta’ de injusticia, exigimos su libertad”, concluye el PUDEE, que agrupa comunidades y grupos civiles de Tila, Tumbalá, Salto de Agua, Yajalón y Sabanilla, adherentes de la otra campaña.
Además de permanecer sin atención médica, por más que está demostrado que la necesitan, Francisco Pérez Vázquez y Ángel Concepción Pérez Gutiérrez ahora no pueden recibir más visitas que de sus familiares, y ni siquiera éstos la tiene fácil. Luego de pasar 11 años y ocho meses en la cárcel municipal de Tacotalpa, en el vecino Tabasco, su caso fue “atraído” por las autoridades chiapanecas, quienes los internaron en el centro penitenciario de la zona norte. Y allí siguen, aislados en una celda.
Francisco, don Panchito, ya septuagenario, se encuentra en malas condiciones de salud, y como las autoridades le dan atención a cuentagotas, recurrió a sus compañeros para conseguir medicamentos. Esta mañana intentaron entregárselos cuatro miembros de Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), amigos de Ángel y Francisco que viajaron a Yajalón para visitarlos: “cuando llegamos a la entrada principal del Cereso, el personal de seguridad nos dijo que no los podíamos visitar, que únicamente sus familiares. Preguntamos por qué, dijimos que es el día de visita, y nos respondieron que son disposiciones del director, y ellos acatan las órdenes”, refieren los visitantes.
“Como no nos permitieron entrar, le pedimos de favor al personal de seguridad que entregue los alimentos y medicinas que llevábamos para nuestros compañeros presos. Entregamos una bolsa de nylon que contenía alimentos, medicinas, papel de baño, litros de agua y un cuaderno que nos habían pedido. Cuando estábamos ya de regreso, de nuevo salen con las bolsas que habíamos entregado. Que ellos no iban a ser responsables de entregar”.
Los activistas y amigos de Francisco y Ángel relatan: “vimos que salieron a tirar afuera del penal, a la orilla de la carretera, la bolsa. Nuestros compañeros quedaron sin alimentos y medicinas. Por eso estamos denunciando estas arbitrariedades. Su estado de salud cada día se pone crítico, necesitan atención médica adecuada”, reclaman los miembros del PUDEE.
“Nuestros compañeros llevan ocho días en este penal. Hemos logrado en dos ocasiones entrar a visitarlos. En las dos (el personal de seguridad) nos ha interrogado como si fuéramos los enjuiciados o sentenciados. Nos preguntamos por qué nos hacen eso. Sabemos que no debemos nada, mucho menos nuestros compañeros presos. Son inocentes de los delitos que los acusan. Por eso decimos ‘ya basta’ de injusticia, exigimos su libertad”, concluye el PUDEE, que agrupa comunidades y grupos civiles de Tila, Tumbalá, Salto de Agua, Yajalón y Sabanilla, adherentes de la otra campaña.
Nota de Hermann Bellinghausen, La Jornada, 5 de mayo.
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