Los condicionamientos impuestos por el Congreso de Estados Unidos en materia de protección de los derechos humanos, para aprobar el apoyo económico a México en el marco de la Iniciativa Mérida, son legítimos y ayudan a hacer visible la problemática en el país, pero plantean también riesgos, consideró Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional.
"Los colegas de Amnistía en EU han jugado un papel importante, con otras organizaciones no gubernamentales en Washington, para promocionar entre los congresistas un entendimiento de que cualquier asistencia debe ir acompañada de una salvaguarda, de condiciones de monitoreo, para asegurar que cualquier estrategia no llegue a ser utilizada para violaciones de los derechos humanos, y eso implica solicitar que las autoridades mexicanas tomen varias medidas para evitar eso", comentó en entrevista.
"Sin embargo, en la propuesta de la Cámara de Representantes uno de los criterios para evaluar el impacto de la asistencia es el número de detenciones. Ese indicador pude inducir a la detención arbitraria de personas, simplemente para demostrar la eficacia de la política", alertó.
El asunto de fondo, remarcó, es la obligación de rendir cuentas sobre las acciones de seguridad pública, y en particular sobre el respeto a los derechos humanos, al a lo que, dijo, el gobierno mexicano se ha mostrado reacio.
"El gobierno de México está cabildeando muy fuerte para que no haya ninguna condición, ningún requerimiento, ninguna solicitud acerca de ese paquete de asistencia", señaló "Un elemento fundamental en cualquier política de seguridad pública, es que los elementos responsables de implementarla tienen que rendir cuentas; así la población puede sentir confianza en que va a ser procesada de forma debida".
Balance
En víspera de la presentación del informe Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, que elabora anualmente AI, Knox señaló que aunque la organización internacional valora y aplaude los avances que se han registrado en México en materia de protección de las garantías individuales, considera que persisten graves violaciones a las mismas.
"México tiene eventos productivos en su trayectoria en los últimos años, como la legislación sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y contra la discriminación", apuntó.
"Pero se debe reconocer que hay todavía casos graves de ejecuciones, tortura, detención arbitraria, así como falta de acceso a servicios básicos, a la salud, a la educación, a la vivienda adecuada".
Advirtió que las violaciones a los derechos humanos se registran en todo el país, y en algunos estados son una práctica sistemática.
El patrón común de los abusos en México, subrayó, es la impunidad.
"La cosa que más alienta violaciones en el futuro es la falta de justicia. La impunidad en el caso de Oaxaca o de Atenco es la muestra. Cuando se cometen violaciones evidentes es fundamental llevar a los responsables ante las autoridades; de no hacerlo, muchos funcionarios entienden que todavía se aceptan los abusos", indicó.
"Es el factor que está presente en la función que tiene el Ejército; los abusos no han sido investigados de forma transparente para garantizar que haya justicia".
Protesta criminalizada
Un motivo de especial preocupación para AI, señaló Knox, es en que en varias ocasiones manifestantes hayan sido reprimidos por mostrar su oposición al gobierno.
"El caso más emblemático es el de Atenco. La forma en que fue usado el sistema de justicia para proceder contra cualquier persona que estaba en el lugar de los hechos es una forma indiscriminada para reprimir", apuntó.
"La arbitrariedad de la acción pareció ser una estrategia para mandar un mensaje: que las personas que están en contra corren el peligro de ser sometidos al maltrato y a procesos no sustentados".
Indicó, por otra parte, que aunque AI no puede asegurar que dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) estén desaparecidos, considera que debe investigarse a profundidad el caso.
"Solicitamos al gobierno que respete y garantice los derechos humanos de todos, incluyendo a cualquier persona involucrada en un grupo insurgente", remarcó.
"Escribimos hace unos meses a la PGR para solicitar información acerca de las investigaciones; hasta el momento no hemos recibido respuesta. Las autoridades tienen que investigar y esclarecer lo que pasó, y determinar si fue una desaparición forzada. No tenemos elementos para concluir eso, pero es imprescindible que las autoridades investiguen los hechos.
"Solicitamos tanto a los gobiernos como a estos grupos que respeten los derechos humanos", agregó.
El activista reprochó el retraso del gobierno de Felipe Calderón en presentar el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH).
"La falta del PNDH es un obstáculo para la visibilización de la política del Estado en materia de derechos humanos. Hasta el momento no hemos visto una política coherente para dar seguimiento, fortalecer y profundizar el programa que se inició en el sexenio pasado", comentó.
Los ejemplos
Algunos casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en México en 2007 de acuerdo con Amnistía Internacional:
Ejército
Seguridad pública
· Muerte de la indígena Ernestina Ascencio en Veracruz, debido a heridas causadas por la violación a la que presuntamente la sometieron militares que llevaban a cabo operaciones policiales en el estado.
· Detención arbitraria de personas durante operativos militares en Michoacán.
· Asesinato de cinco personas, entre ellas tres niños, en un retén militar en Sinaloa.
· Abuso de la fuerza por parte de policías estatales y municipales de Oaxaca al dispersar una manifestación.
· Desalojo violento de indígenas que ocupan tierras en Ixhuatlán, Veracruz.
Detención arbitraria
Procesos injustos
· Permanencia en prisión de 20 personas detenidas en Atenco en 2006, sin que se les comprobase delito.
Desaparición forzada
· Denuncia no aclarada en el caso de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, defensores de derechos humanos.
· Asesinato de Aldo Zamora, campesino ecologista del Estado de México.
· Asesinato de Santiago Rafael Cruz, defensor de migrantes en Nuevo León.
"Los colegas de Amnistía en EU han jugado un papel importante, con otras organizaciones no gubernamentales en Washington, para promocionar entre los congresistas un entendimiento de que cualquier asistencia debe ir acompañada de una salvaguarda, de condiciones de monitoreo, para asegurar que cualquier estrategia no llegue a ser utilizada para violaciones de los derechos humanos, y eso implica solicitar que las autoridades mexicanas tomen varias medidas para evitar eso", comentó en entrevista.
"Sin embargo, en la propuesta de la Cámara de Representantes uno de los criterios para evaluar el impacto de la asistencia es el número de detenciones. Ese indicador pude inducir a la detención arbitraria de personas, simplemente para demostrar la eficacia de la política", alertó.
El asunto de fondo, remarcó, es la obligación de rendir cuentas sobre las acciones de seguridad pública, y en particular sobre el respeto a los derechos humanos, al a lo que, dijo, el gobierno mexicano se ha mostrado reacio.
"El gobierno de México está cabildeando muy fuerte para que no haya ninguna condición, ningún requerimiento, ninguna solicitud acerca de ese paquete de asistencia", señaló "Un elemento fundamental en cualquier política de seguridad pública, es que los elementos responsables de implementarla tienen que rendir cuentas; así la población puede sentir confianza en que va a ser procesada de forma debida".
Balance
En víspera de la presentación del informe Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, que elabora anualmente AI, Knox señaló que aunque la organización internacional valora y aplaude los avances que se han registrado en México en materia de protección de las garantías individuales, considera que persisten graves violaciones a las mismas.
"México tiene eventos productivos en su trayectoria en los últimos años, como la legislación sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y contra la discriminación", apuntó.
"Pero se debe reconocer que hay todavía casos graves de ejecuciones, tortura, detención arbitraria, así como falta de acceso a servicios básicos, a la salud, a la educación, a la vivienda adecuada".
Advirtió que las violaciones a los derechos humanos se registran en todo el país, y en algunos estados son una práctica sistemática.
El patrón común de los abusos en México, subrayó, es la impunidad.
"La cosa que más alienta violaciones en el futuro es la falta de justicia. La impunidad en el caso de Oaxaca o de Atenco es la muestra. Cuando se cometen violaciones evidentes es fundamental llevar a los responsables ante las autoridades; de no hacerlo, muchos funcionarios entienden que todavía se aceptan los abusos", indicó.
"Es el factor que está presente en la función que tiene el Ejército; los abusos no han sido investigados de forma transparente para garantizar que haya justicia".
Protesta criminalizada
Un motivo de especial preocupación para AI, señaló Knox, es en que en varias ocasiones manifestantes hayan sido reprimidos por mostrar su oposición al gobierno.
"El caso más emblemático es el de Atenco. La forma en que fue usado el sistema de justicia para proceder contra cualquier persona que estaba en el lugar de los hechos es una forma indiscriminada para reprimir", apuntó.
"La arbitrariedad de la acción pareció ser una estrategia para mandar un mensaje: que las personas que están en contra corren el peligro de ser sometidos al maltrato y a procesos no sustentados".
Indicó, por otra parte, que aunque AI no puede asegurar que dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) estén desaparecidos, considera que debe investigarse a profundidad el caso.
"Solicitamos al gobierno que respete y garantice los derechos humanos de todos, incluyendo a cualquier persona involucrada en un grupo insurgente", remarcó.
"Escribimos hace unos meses a la PGR para solicitar información acerca de las investigaciones; hasta el momento no hemos recibido respuesta. Las autoridades tienen que investigar y esclarecer lo que pasó, y determinar si fue una desaparición forzada. No tenemos elementos para concluir eso, pero es imprescindible que las autoridades investiguen los hechos.
"Solicitamos tanto a los gobiernos como a estos grupos que respeten los derechos humanos", agregó.
El activista reprochó el retraso del gobierno de Felipe Calderón en presentar el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH).
"La falta del PNDH es un obstáculo para la visibilización de la política del Estado en materia de derechos humanos. Hasta el momento no hemos visto una política coherente para dar seguimiento, fortalecer y profundizar el programa que se inició en el sexenio pasado", comentó.
Los ejemplos
Algunos casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en México en 2007 de acuerdo con Amnistía Internacional:
Ejército
Seguridad pública
· Muerte de la indígena Ernestina Ascencio en Veracruz, debido a heridas causadas por la violación a la que presuntamente la sometieron militares que llevaban a cabo operaciones policiales en el estado.
· Detención arbitraria de personas durante operativos militares en Michoacán.
· Asesinato de cinco personas, entre ellas tres niños, en un retén militar en Sinaloa.
· Abuso de la fuerza por parte de policías estatales y municipales de Oaxaca al dispersar una manifestación.
· Desalojo violento de indígenas que ocupan tierras en Ixhuatlán, Veracruz.
Detención arbitraria
Procesos injustos
· Permanencia en prisión de 20 personas detenidas en Atenco en 2006, sin que se les comprobase delito.
Desaparición forzada
· Denuncia no aclarada en el caso de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, defensores de derechos humanos.
· Asesinato de Aldo Zamora, campesino ecologista del Estado de México.
· Asesinato de Santiago Rafael Cruz, defensor de migrantes en Nuevo León.
Silvia Garduño, Reforma, 28 de mayo.
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