La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louis Arbour, destacó las contribuciones hechas por la oficina en México en el establecimiento de una política de Estado en materia de derechos humanos.
En la evaluación y el plan de acción 2008-2009, la oficina de la alta comisionada establece como retos para el gobierno mexicano la armonización de la legislación con los tratados internacionales, el vacío que existen entre éstos y la realidad y el establecimiento de “mecanismos democráticos de participación ciudadana” como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.
Las acciones que estableció para estos dos años son el trabajo con el Congreso de la Unión para que se aprueben las reformas constitucionales en derechos humanos y con la Suprema Corte para que se incorporen las normas internacionales de derechos humanos en la jurisprudencia y la formulación de un nuevo diagnóstico independiente de derechos humanos en México.
Otro de los retos es “desmontar” las causas de las violaciones a los derechos humanos como la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la impunidad.
Respecto a la remoción del representante en México de la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Mesoamérica, envió una carta al presidente Felipe Calderón en la que expresa su preocupación por las versiones difundidas en el sentido de que la salida del diplomático obedece a presiones de autoridades “porque ello debilitaría la independencia y mandato” del organismo.
En la evaluación y el plan de acción 2008-2009, la oficina de la alta comisionada establece como retos para el gobierno mexicano la armonización de la legislación con los tratados internacionales, el vacío que existen entre éstos y la realidad y el establecimiento de “mecanismos democráticos de participación ciudadana” como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.
Las acciones que estableció para estos dos años son el trabajo con el Congreso de la Unión para que se aprueben las reformas constitucionales en derechos humanos y con la Suprema Corte para que se incorporen las normas internacionales de derechos humanos en la jurisprudencia y la formulación de un nuevo diagnóstico independiente de derechos humanos en México.
Otro de los retos es “desmontar” las causas de las violaciones a los derechos humanos como la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la impunidad.
Respecto a la remoción del representante en México de la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Mesoamérica, envió una carta al presidente Felipe Calderón en la que expresa su preocupación por las versiones difundidas en el sentido de que la salida del diplomático obedece a presiones de autoridades “porque ello debilitaría la independencia y mandato” del organismo.
Nota de Liliana Alcántara, El Universal, 9 de mayo.
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