Guerrero, “al borde de la crisis social” por excesos en los operativos policiaco-militares

Integrantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG) denunciaron que en la entidad se han agudizado el hostigamiento y la criminalización contra organizaciones sociales, campesinas, indígenas y magisteriales, lo cual favorece un clima de “temor y represión ante un Estado que se niega a reconocer los derechos de sus ciudadanos”.

Nicolás Chávez Adame, dirigente de la organización y de la Coordinadora Estatal por la Reivindicación de los Principios de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CERP–CETEG), agregó que en el estado crece el “repudio popular” a la presencia de contingentes cada vez más numerosos de policías y elementos de las Fuerzas Armadas, con los cuales se ha instrumentado “la política del garrote, que sólo ha favorecido el encono y no la solución de los conflictos”.

En entrevista, destacó que tras la creación de la APPG, en 2007, muchas organizaciones sociales han denunciado “abusos y arbitrariedades” de autoridades estatales y federales, que han puesto a Guerrero “al borde de la crisis social, porque en las comunidades hay hartazgo por tanto abuso, violencia y explotación”.

Al respecto, miembros de la Organización de los Pueblos Indígenas de Mepha (OPIM), integrada a la APPG, denunciaron la detención de cinco de sus compañeros, acusados de homicidio, cuyo proceso penal, afirmaron, “se encuentra viciado de origen”.

Aseguraron que tras el asesinato, en febrero pasado, de Lorenzo Fernández Ortega, integrante de la OPIM y hermano de Inés Hernández Ortega, quien en 2002 denunció por violación a elementos del Ejército Mexicano, las condiciones de “hostigamiento y amenazas se incrementaron, luego de que la organización reiteró su demanda de justicia por la muerte de nuestro compañero, cuyo homicidio aún no ha sido esclarecido y del cual no hay detenidos”.

Sin embargo, señalaron que tras un nuevo asesinato de gente “cercana a Isidro Remigio Cantú, hombre de poder en la comunidad El Camalote, se detuvo a cinco dirigentes de la OPIM tras testimonios de personas que aseguraron haber presenciado los hechos, pero declararon tres meses después de que se localizó el cadáver, ya que en un primer momento el Ministerio Público no pudo señalar a presuntos responsables porque no localizó a ningún testigo”.

A todos en la comunidad, afirmaron, “nos consta que nuestros compañeros Orlando Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz, Natalicio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández estaban en sus domicilios, y no hay mayores pruebas que los involucren más que dichos testimonios”.

A quien esté en la sierra lo acusan de guerrillero

Para la comunidad El Camalote, municipio de Ayutla, la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas “no ha traído paz, sino todo lo contrario. Ahora, a cualquiera que agarren en la sierra o haciendo proyectos para organizar a la comunidad lo acusan de guerrillero”.

Denunciaron que, a pesar de reiterar a las autoridades estatales que “esa no es nuestra forma de lucha, no nos quieren oír. Mujeres y hombres de la comunidad ya no quieren bajar a Ayutla por temor a ser detenidos y golpeados. Creemos que si nos castigan por algo que no somos, a lo mejor cambiamos de opinión, porque más vale aplicar cualquier forma de lucha por la libertad de nuestros pueblos que seguir aguantando tanto abuso”.

Por su parte, Chávez Adame destacó que los integrantes de la CERP-CETEG que mantienen un plantón frente a las oficinas de la Secretaría de Educación estatal por el pago de salarios, suspendidos hace nueve meses, así como por la apertura de 10 nuevas plazas para igual número de egresados de la normal rural de Ayotzinapan, “no vamos a desistir de nuestra protesta, porque sabemos que tenemos la razón y no podemos permitir la imposición de autoridades educativas corruptas”.

Nota de Laura Poy Solano, La Jornada, 24 de mayo.