Hay que terminar con las "chicanadas" del sistema de justicia

Convencido de que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) es un ingrediente muy importante en el plano de la paz social, el magistrado presidente, Edgar Elías Azar, apuesta a la atención del impostergable reclamo de modernización procesal y tecnológica de la institución, con reformas que pongan fin a largos procesos que fomentan las chicanadas, con enormes costos para el sistema de justicia.

En conversación con El Economista, aclaró que en la realidad actual ninguno de los tres poderes del Distrito Federal puede marchar solo, "así de simple es el problema, el poder que marcha solo, marcha muerto. El Tribunal, la Asamblea Legislativa y la Jefatura de gobierno tenemos que estar bien comunicados".

Revela que el gobierno capitalino está buscando un crédito con el Banco Mundial para entregarle al Tribunal 250 millones de pesos y con eso poder informatizar todas sus instalaciones, con lo que esperan estar conectados con la PGJDF y la SSP, con información al segundo, con el fin de garantizar una comunicación e intercambio de información permanente.

Y es que la dimensión de los retos que enfrenta el TSJDF, el más grande de América Latina con alrededor de 300,000 casos al año, lleva al magistrado presidente a enfatizar: "Solos no podemos y eso es absolutamente cierto; o vamos de la mano los tres o no vamos a poder".

Como ejemplo de los retos que se tienen que enfrentar en su administración, aunque su sucesor sea el que corte el listón inaugural, se encuentran en los cambios que se deben realizar para hacer realidad la reforma constitucional sobre la oralidad de los juicios que entra en vigor dentro de ocho años, pero que tendrá un costo que se calcula en alrededor de 10,000 millones de pesos.


Modernidad, reclamo histórico.

Sin rodeos, Azar reconoce que la modernización del Tribunal es un reclamo histórico y se tiene que dar en varias vertientes. La punta de la génesis de la modernidad es la informatización del Tribunal, porque "mientras no estemos informatizados no puede caminar hacia una modernidad y paralelamente a la modernidad informática, la sociedad reclama que tengamos una modernidad procesal".

Se requieren reformas procesales contundentes que el Tribunal Superior ya tiene planteadas ante las diferentes instancias; y pone como ejemplo el tema de la semioralidad en materia civil y mercantil, confiado en que se puedan unificar los dos procedimientos y de esa manera se puedan resolver la totalidad de los asuntos en tres audiencias que no duren arriba de 90 días.

Se trata de una audiencia de demanda y contestación de la demanda; la segunda de desahogo de pruebas y la tercera donde el juez dicta oralmente la sentencia.

En un principio se está limitando la oralidad hasta 200,000 pesos que son los casos que representan 40% del trabajo de los jueces en todo el país; es decir que con la reforma propuesta, se reduciría 40% de trabajo a todos los tribunales del país.

Debido a que en octubre entra en vigor la reforma constitucional en materia de justicia para adolescentes, confiesa que desde ahora se están improvisando juzgados debido a que el gobierno federal todavía no les entrega los espacios prometidos; y ante la presión del tiempo, adelanta que en el caso del tutelar de menores ubicado en Obrero Mundial, se tendrá que construir un edificio adecuado para ese tipo de juzgados, lo que se reflejará en la solicitud de recursos en el presupuesto que se presente este año.


Sin dinero para crecer.

Otra parte de la reforma tiene que ver con la necesidad de contar con espacios para las salas penales, porque si bien se está atendiendo la coyuntura, es necesario contar con un inmueble apropiado, por lo que ya se tienen tratos para comprar el terreno que está frente a la sede del TSJDF, donde se ubica un comercio denominado Marcos Carrasco, el problema es que no hay dinero, lo que obliga a acudir a fórmulas modernas de inversión, en las que participe la iniciativa privada para no impactar las finanzas de la ciudad.

Recuerda que la reforma constitucional que viene para la oralidad de los juicios, que es importante diferenciar de la de menores infractores, va a costar muchos miles de millones de pesos, de ahí que su entrada en vigor sea hasta dentro de ocho años. El reto no es menor, porque "tenemos que preparar cuadros, personal e instalaciones".

Actualmente, el Tribunal cuenta con 70 salas, pero con la entrada en vigor de la reforma el mínimo de juzgados sería de 350, igual que de espacios, lo que obliga a buscar fórmulas que permitan a dos jueces compartir la sala de audiencias, escalonar horarios, tener horario vespertino, es decir optimizar recursos.

"Debo decir que estoy muy preocupado en la parte financiera de la reforma, no en la parte jurídica de la reforma, porque tengo mucha confianza en que sabremos formar buenos cuadros judiciales en la Procuraduría, en la Defensoría de Oficio y en este Tribunal", explica al dar cuenta que los tres bien asidos de la mano, sabrán formar buenos cuadros.

"Somos un ingrediente muy importante en el plano de la paz social, muy importante; yo no quiero pensar en un día sin mexicanos en Estados Unidos, pero tampoco quisiera pensar en un día sin sentencias y sin resoluciones judiciales en la ciudad de México. Se resuelven miles y miles de asuntos, tenemos un Tribunal gigante, verdaderamente atípico", reflexiona el magistrado.

Nota de Sergio Ramírez, El Economista, 19 de mayo.