MONTERREY, NL. La propuesta de reforma energética del presidente Felipe Calderón reduce a Pemex a un simple "administrador de contratos", opinó Francisco Rojas, presidente de la Fundación Colosio.
A su juicio, la iniciativa es parcial y violatoria de la Constitución.
"Pretende darle la vuelta a los preceptos de la Carta Magna mediante cambios a leyes secundarias para compartir con el sector privado el usufructo del mercado interno y la renta petrolera", dijo durante su participación en el Foro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 2008.
El otrora director de la paraestatal, manifestó su desacuerdo con los planteamientos de la reforma, toda vez que éstos tienden a ceder a las empresas privadas, mediante contratos de servicio, el valor agregado que generan los procesos de refinación del petróleo.
Afirmó que entre los propósitos implícitos de la propuesta se encuentra que el sector privado realice actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos y que Pemex deba pedir permiso para participar en este mercado.
"No estamos de acuerdo con el propósito de que se plantee en la Ley Orgánica de la empresa más regímenes de excepción, sustrayendo al organismo de la aplicación de las normas correspondientes en materia de remuneraciones, auditoría, fiscalización y deuda pública interna y externa, con lo que se le debilitan todas las funciones administrativas y de control con que cuenta el sistema jurídico administrativo mexicano", reveló el priísta.
Y destacó: "estos ejemplos implican ceder la dirección, operación y control por parte de Pemex en esta etapa de la industria petrolera, como ya sucede indebidamente en los contratos de mantenimiento de ductos".
Las modificaciones propuestas al régimen de la compañía, dijo, lejos de fortalecer a la institución, privatizan la industria petrolera y debilitan a Pemex.
Mencionó que se requiere de una reforma integral, con visión de largo plazo que permita una transición ordenada y gradual para los próximos 30 años, donde se combinen el mejor aprovechamiento de los combustibles fósiles con las energías alternativas.
Propone que la reforma dote a Pemex de los recursos suficientes para su crecimiento y que de transparencia al destino de los ingresos excedentes. "Se requiere despetrolizar paulatinamente las finanzas públicas sin descuidar el gasto social ni las participaciones a los estados".
A su juicio, la iniciativa es parcial y violatoria de la Constitución.
"Pretende darle la vuelta a los preceptos de la Carta Magna mediante cambios a leyes secundarias para compartir con el sector privado el usufructo del mercado interno y la renta petrolera", dijo durante su participación en el Foro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 2008.
El otrora director de la paraestatal, manifestó su desacuerdo con los planteamientos de la reforma, toda vez que éstos tienden a ceder a las empresas privadas, mediante contratos de servicio, el valor agregado que generan los procesos de refinación del petróleo.
Afirmó que entre los propósitos implícitos de la propuesta se encuentra que el sector privado realice actividades de transporte, almacenamiento y distribución de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos y que Pemex deba pedir permiso para participar en este mercado.
"No estamos de acuerdo con el propósito de que se plantee en la Ley Orgánica de la empresa más regímenes de excepción, sustrayendo al organismo de la aplicación de las normas correspondientes en materia de remuneraciones, auditoría, fiscalización y deuda pública interna y externa, con lo que se le debilitan todas las funciones administrativas y de control con que cuenta el sistema jurídico administrativo mexicano", reveló el priísta.
Y destacó: "estos ejemplos implican ceder la dirección, operación y control por parte de Pemex en esta etapa de la industria petrolera, como ya sucede indebidamente en los contratos de mantenimiento de ductos".
Las modificaciones propuestas al régimen de la compañía, dijo, lejos de fortalecer a la institución, privatizan la industria petrolera y debilitan a Pemex.
Mencionó que se requiere de una reforma integral, con visión de largo plazo que permita una transición ordenada y gradual para los próximos 30 años, donde se combinen el mejor aprovechamiento de los combustibles fósiles con las energías alternativas.
Propone que la reforma dote a Pemex de los recursos suficientes para su crecimiento y que de transparencia al destino de los ingresos excedentes. "Se requiere despetrolizar paulatinamente las finanzas públicas sin descuidar el gasto social ni las participaciones a los estados".
Nota de Lourdes Contreras Rubio, El Economista, 22 de mayo.
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