La Iniciativa Mérida, tal y como ha sido dada a conocer por el Congreso de Estados Unidos, afecta la soberanía nacional, consideró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández.
“Representaría aceptar que, a cambio de 350 millones de dólares, pueda haber una imposición unilateral de condiciones”, estableció el ombudsman, al abundar en que, en todo caso, la iniciativa y todos sus pormenores “sean motivo de negociaciones bilaterales” entre ambos gobiernos y no se considere únicamente la opinión legislativa de EU, que impone condiciones.
Apuntó que el Congreso de EU, que dio el visto bueno a la Iniciativa Mérida, no tiene, en todo caso, competencia para decidir en nuestro país. “Es intolerable que los Estados Unidos nos quiera imponer a cambio de 350 millones de dólares sus condiciones”, dijo durante la instalación del Comité Regional de México, Centroamérica y el Caribe contra la Trata de Personas, integrado por los ombudsman nacionales de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
A pesar de considerar como positivo que exista una mayor colaboración entra ambas naciones en materia de combate al crimen organizado, esto no implica aceptar condiciones unilaterales del vecino país del norte, dijo.
Al referirse a la trata de personas, el ombudsman señaló que este delito deja ganancias por nueve mil millones de dólares al año, tan sólo detrás del tráfico de drogas y de armas.
“La trata de personas es el principal desafío del siglo, por ello, nos proponemos emprender acciones que fortalezcan nuestras posibilidades de enfrentar con éxito el reto que la trata de personas representa para la libertad y la dignidad de quienes están más expuestos a ella en los países de la región”, puntualizó.
Se estima que el número de víctimas de este delito a nivel mundial es de 27 millones, principalmente niños, adolescentes y mujeres, apuntó.
En este sentido, el senador José González Morfín, quien acudió en representación del gobierno federal, destacó que de esa cantidad, dos millones 500 mil personas son explotadas sexualmente.
“Representaría aceptar que, a cambio de 350 millones de dólares, pueda haber una imposición unilateral de condiciones”, estableció el ombudsman, al abundar en que, en todo caso, la iniciativa y todos sus pormenores “sean motivo de negociaciones bilaterales” entre ambos gobiernos y no se considere únicamente la opinión legislativa de EU, que impone condiciones.
Apuntó que el Congreso de EU, que dio el visto bueno a la Iniciativa Mérida, no tiene, en todo caso, competencia para decidir en nuestro país. “Es intolerable que los Estados Unidos nos quiera imponer a cambio de 350 millones de dólares sus condiciones”, dijo durante la instalación del Comité Regional de México, Centroamérica y el Caribe contra la Trata de Personas, integrado por los ombudsman nacionales de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
A pesar de considerar como positivo que exista una mayor colaboración entra ambas naciones en materia de combate al crimen organizado, esto no implica aceptar condiciones unilaterales del vecino país del norte, dijo.
Al referirse a la trata de personas, el ombudsman señaló que este delito deja ganancias por nueve mil millones de dólares al año, tan sólo detrás del tráfico de drogas y de armas.
“La trata de personas es el principal desafío del siglo, por ello, nos proponemos emprender acciones que fortalezcan nuestras posibilidades de enfrentar con éxito el reto que la trata de personas representa para la libertad y la dignidad de quienes están más expuestos a ella en los países de la región”, puntualizó.
Se estima que el número de víctimas de este delito a nivel mundial es de 27 millones, principalmente niños, adolescentes y mujeres, apuntó.
En este sentido, el senador José González Morfín, quien acudió en representación del gobierno federal, destacó que de esa cantidad, dos millones 500 mil personas son explotadas sexualmente.
Olivier Pavón, Crónica, 27 de mayo.
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