La reforma no debe ir a la Corte

Académicos y especialistas coincidieron en realizar ajustes a las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la reforma energética como inconstitucional.

El jurista José Elías Romero Apis, presidente de la Academia Nacional, llamó a que el Congreso de la Unión debiera ser “la primera línea de defensa constitucional de las leyes, para que no venga la Corte a corregirle la plana por sus errores y violaciones”.

Por la vía del amparo es suficiente el voto de seis ministros para demoler la ley decretada por el Congreso y promulgada por el presidente, argumentó Elías Romero, por lo que insistió que el legislativo debe vigilar el respeto hacia la Constitución.

Aunque con posiciones encontradas, el segundo foro de análisis constitucional organizado por el Senado y cuarto en la serie de debates concluyó con este consenso, donde la mayoría de los ocho ponentes convocados procuró advertir en dónde habría riesgos de ilegalidad y en dónde está claro que la propuesta en materia energética del presidente Felipe Calderón se apega a la Carta Magna.

Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), sostuvo que las iniciativas del presidente se ajustan a la norma constitucional, toda vez que no transmite la propiedad del petróleo y refinados de primera mano a particulares.

Según el investigador, la Constitución otorga alternativas a los legisladores para determinar el alcance del área estratégica en industrias reservadas al Estado, por lo que el propio López Ayllón admitió que “quizás se requieran ajustes para evitar futuras controversias en la Corte”.

Miguel Carbonell Sánchez, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), precisó que la refinación por parte de particulares no está prohibida en la Constitución.

Asimismo, consideró que la emisión de “bonos ciudadanos” no viola la ley, ya que no se transmite a particulares la propiedad del petróleo ni generan derechos que se puedan hacer efectivos sobre la explotación.

A su vez, el académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), José Roldán Xopa, opinó que una mayoría simple en el Legislativo no debe determinar el área estratégica de Pemex.

Fauzi Hamdan recordó que el mismo general Lázaro Cárdenas, en su iniciativa de ley reglamentaria de 1940, aceptó la colaboración de la iniciativa privada en trabajos de exploración y explotación.

El doctor en Derecho, Sergio García Ramírez, alertó en cuidar la legislación en materia petrolera, porque si se abre una puerta constitucional a la exploración de hidrocarburos, “quizá no la podamos cerrar mañana”.

En tanto, el jurista Luis Javier Garrido valoró de anticonstitucional la propuesta de reforma energética del Ejecutivo federal, pues, según él, pretende llevar al país a un abismo de ilegalidad para servir a transnacionales petroleras.

Violatoria de la Constitución

Raúl Carrancá y Rivas, quien abrió el debate, aseguró que la iniciativa que pretende modificar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional es “absolutamente violatoria de la Carta Magna”, porque —dijo— “una ley reglamentaria debe reglamentar, pero nunca debe superar o rebasar el mandato de la norma constitucional”.

Apuntó que la propuesta que permitiría a Petróleos Mexicanos (Pemex) celebrar contratos con personas físicas y morales contraviene la ley.

Nota de Arturo Zárate Vite y Humberto Niño de Haro, El Universal, 23 de mayo.