Juristas expertos coincidieron en que la propuesta de reforma energética presentada por el presidente Felipe Calderón es perfectible, pero que no viola ninguna ley de la Constitución, por lo que la calificaron de válida, legítima y como un elemento útil que ayudaría a forjar una mejor industria petrolera del país.
Durante el foro Análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética en el Senado, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Fierro; Arturo Zaldívar, vicepresidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal y el ex rector de la Escuela Libre de Derecho, Mario Becerra, interpretaron las disposiciones constitucionales vigentes en materia de hidrocarburos con el objetivo de clarificar la complejidad de su naturaleza.
Aseguraron que el artículo 27 protege en beneficio de la nación los recursos naturales, más no establece privilegios exclusivos para actividades industriales, de tal manera que “los sectores sociales y privados sí se encuentran facultados para intervenir en ésta”.
Por su parte, Becerra explicó que los legisladores se encuentran facultados para definir las actividades en las que pueden o no participar el sector público, siempre y cuando mantenga la propiedad de los hidrocarburos hasta su venta de primera mano.
La iniciativa privada “puede celebrar actos jurídicos para su extracción, transformación y almacenamiento”, sin ser propietarios de dichos recursos, los cuales son sólo un medio para alcanzar el beneficio económico que corresponde a la nación.
Dijo que la reforma propuesta por el gobierno federal dotaría de mayor certeza jurídica al contexto normativo actual, ya que definiría los mecanismos para llevar a cabo la participación de personas físicas y morales en el nuevo esquema.
Ante esto, Fix aseguró que nada obliga al Estado a “encargar” ciertas clases de transformación a los particulares, pero tampoco existe algo en la ley que se lo impida, por lo que de ser aprobada la iniciativa no representaría ningún tipo de violación a la Constitución.
Pero sí se reconoce que los privados pueden contribuir al desarrollo de México, con la regulación del gobierno, no hay razón para negarles el acceso o la contribución en el desarrollo de la industria petrolera nacional, señaló
De la misma manera, Zaldívar afirmó que las iniciativas son constitucionales pero “perfectibles”, toda vez que cuenta con buenos y suficientes argumentos que pueden sostenerla.
Sin embargo, “sería deseable enriquecerlas a efecto de reducir el margen de vulnerabilidad (…) no dejar ningún cabo suelto y ser lo más expreso que se pueda”, pues se corre el riesgo de malas y literales interpretaciones de la ley, que en el caso del artículo 27 nos llevaría a extremos absurdos y no se le permitiría a Pemex celebrar ningún contrato “ni siquiera para comprar lápices”.
Mencionó que el problema que enfrenta México en materia constitucional se basa en que la Suprema Corte “no ha sido capaz de integrar una doctrina que sirva de referente a sus fallos (…) lo que es grave por que hace vulnerable cualquier reforma que apruebe el Congreso”.
Durante el foro Análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética en el Senado, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Fierro; Arturo Zaldívar, vicepresidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal y el ex rector de la Escuela Libre de Derecho, Mario Becerra, interpretaron las disposiciones constitucionales vigentes en materia de hidrocarburos con el objetivo de clarificar la complejidad de su naturaleza.
Aseguraron que el artículo 27 protege en beneficio de la nación los recursos naturales, más no establece privilegios exclusivos para actividades industriales, de tal manera que “los sectores sociales y privados sí se encuentran facultados para intervenir en ésta”.
Por su parte, Becerra explicó que los legisladores se encuentran facultados para definir las actividades en las que pueden o no participar el sector público, siempre y cuando mantenga la propiedad de los hidrocarburos hasta su venta de primera mano.
La iniciativa privada “puede celebrar actos jurídicos para su extracción, transformación y almacenamiento”, sin ser propietarios de dichos recursos, los cuales son sólo un medio para alcanzar el beneficio económico que corresponde a la nación.
Dijo que la reforma propuesta por el gobierno federal dotaría de mayor certeza jurídica al contexto normativo actual, ya que definiría los mecanismos para llevar a cabo la participación de personas físicas y morales en el nuevo esquema.
Ante esto, Fix aseguró que nada obliga al Estado a “encargar” ciertas clases de transformación a los particulares, pero tampoco existe algo en la ley que se lo impida, por lo que de ser aprobada la iniciativa no representaría ningún tipo de violación a la Constitución.
Pero sí se reconoce que los privados pueden contribuir al desarrollo de México, con la regulación del gobierno, no hay razón para negarles el acceso o la contribución en el desarrollo de la industria petrolera nacional, señaló
De la misma manera, Zaldívar afirmó que las iniciativas son constitucionales pero “perfectibles”, toda vez que cuenta con buenos y suficientes argumentos que pueden sostenerla.
Sin embargo, “sería deseable enriquecerlas a efecto de reducir el margen de vulnerabilidad (…) no dejar ningún cabo suelto y ser lo más expreso que se pueda”, pues se corre el riesgo de malas y literales interpretaciones de la ley, que en el caso del artículo 27 nos llevaría a extremos absurdos y no se le permitiría a Pemex celebrar ningún contrato “ni siquiera para comprar lápices”.
Mencionó que el problema que enfrenta México en materia constitucional se basa en que la Suprema Corte “no ha sido capaz de integrar una doctrina que sirva de referente a sus fallos (…) lo que es grave por que hace vulnerable cualquier reforma que apruebe el Congreso”.
Nota de Nayeli González, Milenio, 21 de mayo.
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