A unos días de que arranque el debate sobre la reforma energética en el Senado, el equipo de Andrés Manuel López Obrador tiene listos sus “argumentos” para demostrar que la iniciativa oficial es “privatizadora”.
El “secretario de hacienda” del gobierno legítimo, Mario di Costanzo, aseguró que la propuesta favorecerá negocios de un grupo de “amigos y socios nacionales y extranjeros” de los panistas.
“El propósito es dejar a Pemex como simple proveedor de petróleo, es decir, como abastecedor de primera mano, y privatizar toda la cadena de valor de la industria.”
Para respaldar su afirmación, Di Costanzo señaló que las modificaciones propuestas a la Ley Orgánica de Pemex (artículos 45 y 46) permitirán a la empresa celebrar contratos sin licitación o adjudicarlos de manera directa, como ocurrió con Repsol.
“Así se despierta la sospecha de que se trata de una reforma a modo para beneficio directo del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.”
En un documento de “análisis y comentarios” sobre la reforma energética, Di Costanzo explica que no modificar el artículo 27 de la Constitución y demás disposiciones constitucionales relacionadas con los hidrocarburos no implica que no se esté planteando la privatización del sector energético.
Reitera que la propuesta para reformar la Ley Orgánica de Pemex violenta el espíritu del artículo 25 de la Constitución. “A pesar de que se afirma que se busca fortalecer el régimen de gobierno (de la empresa), regular sus esquemas de operación y diversificar los mecanismos de control, en la realidad es todo lo contrario.
“En la iniciativa se habla de un nuevo Consejo de Administración de Pemex, pero sólo se quiere agregar a cuatro consejeros nombrados por el Ejecutivo, es decir, no serán independientes, sino que le deberán el favor al Presidente.
“Uno de sus integrantes seguirá siendo el secretario de Hacienda; sin embargo, el Consejo de Administración de Pemex debe velar por los intereses de la empresa y el secretario por que se paguen impuestos, lo que significa que ahí hay conflicto de intereses.”
El artículo 29 de la iniciativa refiere: “la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el órgano interno de control no podrán ejercer, en ningún caso, las facultades previstas en esta ley para el Comité de Transparencia, Auditoría o comisario, salvo a solicitud expresa del citado comité (de Transparencia) para que coadyuven con él, en el cumplimiento de sus funciones”.
“Esto, en pocas palabras —señala—, limita la facultad de revisión de la SFP y excluye de esta fiscalización a la Auditoría Superior de la Federación, a la cual, por cierto, ni se menciona.
También se propone crear un Comité de Remuneraciones que propondrá al Consejo de Administración los sueldos del director general y funcionarios de los tres niveles inmediatos, con lo que “nuevamente se conculca la facultad del Congreso para fijar las remuneraciones de los servidores públicos y abre la posibilidad de que se asignen niveles de sueldos similares a los del Poder Judicial o consejeros del IFE”.
Fomento de la Corrupción
Di Costanzo recuerda que el artículo 27 de la Constitución prevé que tratándose del petróleo no puede haber concesiones ni contratos y, por tanto, sólo el estado puede llevar a cabo su explotación.
“Sin embargo, mediante una estrategia mentirosa e ilegal el gobierno panista se propone reformar el artículo 4 de la Ley Reglamentaria del 27 para que los particulares, mediante un régimen de permisos administrativos, puedan participar en actividades de transporte, almacenamiento y distribución de productos derivados de la refinación, del gas y de la petroquímica básica.
“También mañosa y cobardemente, la propuesta del ‘espurio’ establece en el mismo artículo que Pemex y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación”.
El “secretario de hacienda” del gobierno legítimo, Mario di Costanzo, aseguró que la propuesta favorecerá negocios de un grupo de “amigos y socios nacionales y extranjeros” de los panistas.
“El propósito es dejar a Pemex como simple proveedor de petróleo, es decir, como abastecedor de primera mano, y privatizar toda la cadena de valor de la industria.”
Para respaldar su afirmación, Di Costanzo señaló que las modificaciones propuestas a la Ley Orgánica de Pemex (artículos 45 y 46) permitirán a la empresa celebrar contratos sin licitación o adjudicarlos de manera directa, como ocurrió con Repsol.
“Así se despierta la sospecha de que se trata de una reforma a modo para beneficio directo del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.”
En un documento de “análisis y comentarios” sobre la reforma energética, Di Costanzo explica que no modificar el artículo 27 de la Constitución y demás disposiciones constitucionales relacionadas con los hidrocarburos no implica que no se esté planteando la privatización del sector energético.
Reitera que la propuesta para reformar la Ley Orgánica de Pemex violenta el espíritu del artículo 25 de la Constitución. “A pesar de que se afirma que se busca fortalecer el régimen de gobierno (de la empresa), regular sus esquemas de operación y diversificar los mecanismos de control, en la realidad es todo lo contrario.
“En la iniciativa se habla de un nuevo Consejo de Administración de Pemex, pero sólo se quiere agregar a cuatro consejeros nombrados por el Ejecutivo, es decir, no serán independientes, sino que le deberán el favor al Presidente.
“Uno de sus integrantes seguirá siendo el secretario de Hacienda; sin embargo, el Consejo de Administración de Pemex debe velar por los intereses de la empresa y el secretario por que se paguen impuestos, lo que significa que ahí hay conflicto de intereses.”
El artículo 29 de la iniciativa refiere: “la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el órgano interno de control no podrán ejercer, en ningún caso, las facultades previstas en esta ley para el Comité de Transparencia, Auditoría o comisario, salvo a solicitud expresa del citado comité (de Transparencia) para que coadyuven con él, en el cumplimiento de sus funciones”.
“Esto, en pocas palabras —señala—, limita la facultad de revisión de la SFP y excluye de esta fiscalización a la Auditoría Superior de la Federación, a la cual, por cierto, ni se menciona.
También se propone crear un Comité de Remuneraciones que propondrá al Consejo de Administración los sueldos del director general y funcionarios de los tres niveles inmediatos, con lo que “nuevamente se conculca la facultad del Congreso para fijar las remuneraciones de los servidores públicos y abre la posibilidad de que se asignen niveles de sueldos similares a los del Poder Judicial o consejeros del IFE”.
Fomento de la Corrupción
Di Costanzo recuerda que el artículo 27 de la Constitución prevé que tratándose del petróleo no puede haber concesiones ni contratos y, por tanto, sólo el estado puede llevar a cabo su explotación.
“Sin embargo, mediante una estrategia mentirosa e ilegal el gobierno panista se propone reformar el artículo 4 de la Ley Reglamentaria del 27 para que los particulares, mediante un régimen de permisos administrativos, puedan participar en actividades de transporte, almacenamiento y distribución de productos derivados de la refinación, del gas y de la petroquímica básica.
“También mañosa y cobardemente, la propuesta del ‘espurio’ establece en el mismo artículo que Pemex y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación”.
Nota de Heliodoro Cárdenas, Milenio, 3 de mayo.
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