Objetan juristas el plan de FCH

Juristas, académicos y políticos coincidieron ayer en que la iniciativa de reforma energética del Presidente Felipe Calderón viola diversos preceptos de la Constitución.

Durante el simposio "Petróleo y seguridad energética", organizado por el Frente Amplio Progresista, Raúl Carranca, Juventino Castro, Lorenzo Meyer, Jaime Cárdenas, Manuel Bartlett y Bernardo Bátiz enlistaron las alteraciones a los principios constitucionales que detectaron en la propuesta que el Ejecutivo envió al Congreso.

"El Presidente ha sostenido -de manera contraria a la verdad- que sus iniciativas no tocan el Artículo 27. Miente al proponer un artículo sexto que permite que Pemex y organismos subsidiarios celebren servicios que requiere", expuso el constitucionalista Raúl Carrancá.

Castro, ex Ministro de la Corte, indicó que la Constitución establece la consulta pública, por lo que, aunque no existe la figura de referéndum, se debe consultar a los ciudadanos.

"El poder publico se ha ejercido no por el mandato libremente conferido, sino por imposiciones de quienes han tenido en sus manos la fuerza pública", comentó.

Meyer hizo un repaso histórico sobre la lucha para fortalecer a Pemex, y sostuvo que ahora el Gobierno quiere caer al capital externo para comerse el pastel en un solo bocado.

Añadió que en la actual coyuntura, el movimiento social es el único que puede defender la soberanía sobre los recursos petroleros.

"Ese nuevo actor (el pueblo) tiene que jugar un papel fundamental, pero si entra otro actor político, social que es el pueblo, entonces ahí es donde tenemos que trabajar", señaló el historiador.

El ex consejero Jaime Cárdenas afirmó que el Presidente Calderón pretende que la ley secundaria esté por encima de la Constitución.

Por ejemplo, expuso, propone la creación de un comité de transparencia con facultades para imponer nuevas reglas en la ejecución de obras, cuando esto compete al Congreso.

El ex senador priista Manuel Bartlett agregó a la lista de ilícitos los Contratos de Servicios Múltiples, que en el caso de la industria eléctrica han ocasionado que el sector esté en poder de particulares, en 40 por ciento.

"No hay otra lectura, quieren llegar a la desnacionalización de la industria petrolera. Es un asunto de poder para que la política energética de México sirva a la seguridad energética de Estados Unidos", consideró.

Bernardo Bátiz advirtió violaciones al artículo 28 de la Carta Magna, al pretender ceder un área estratégica como es el petróleo, y apuntó que la iniciativa del Gobierno federal emplea el término "criterio corporativo", que, advirtió, no es otra cosa que la intervención de particulares.

Ante este escenario, los ponentes coincidieron en que hay recursos legales que se podían presentar contra el Ejecutivo y los legisladores que avalen la reforma energética en los términos en que fue enviada al Congreso.

Coincidieron en que ante la mayoría que representan el PRI y PAN en el Congreso, la única salida para frenar las intenciones privatizadoras es el movimiento social.

Nota de Érika Hernández, Reforma, 7 de mayo.


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