Debido a que funcionarios de Aguascalientes ejercieron “presiones y realizaron actos de descrédito público, intimidación y hostigamiento” contra periodistas de esa entidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 16/2008 al gobernador Luis Armando Reynoso Femat.
La CNDH aseveró que autoridades estatales recurrieron a la coacción para lograr que se cancelara el programa de radio Comentando la noticia, lo que violó el derecho de Rodolfo Franco Ramírez y de la productora María del Refugio Martínez Guardado a la libertad de expresión, y decidió atraer el caso porque trasciende el ámbito local.
Los periodistas agraviados refirieron en su querella que el 24 de marzo de 2007, durante la transmisión del programa en la estación B del corporativo Radio Grupo, se dio lectura a una nota publicada por el periódico El Centro, titulada “Aguascalientes: narco, futbol y familia”.
Ese mismo día el director administrativo de la empresa les informó que el programa salía del aire.
La investigación de la CNDH señala que el periodista Franco Ramírez acusó al gobierno estatal de perseguirlo, asediarlo y amenazarlo de muerte, particularmente al inicio del 2007, cuando desconocidos le dijeron en la calle: “Sigue hablando y te vamos a callar”, y el 8 de junio, cuando él y su productora estuvieron a punto de ser interceptados por dos personas que portaban armas de fuego.
El organismo acreditó “violaciones a la libertad de expresión e información, a la legalidad, a la seguridad jurídica y al honor en agravio de Rodolfo Franco Ramírez y María del Refugio Martínez Guardado por parte de servidores públicos del gobierno de la entidad y del organismo público descentralizado Radio y Televisión de Aguascalientes.
Asimismo advierte que se han usado “medios indirectos” para inhibir la labor periodística de los afectados y que la propia coordinadora de comunicación social del gobierno del estado presionó para que el citado programa saliera del aire.
Esta situación, subrayó la CNDH, se hizo evidente con la declaración ministerial del director administrativo y de noticias de la empresa Radio Grupo, quien refirió que tanto el Ejecutivo estatal como la funcionaria le expresaron en varias ocasiones su inconformidad por el contenido de la citada emisión y de por las críticas que se hacían al gobierno estatal.
La CNDH sostiene que los servidores públicos incurrieron en responsabilidades administrativas en el uso de sus facultades y contravinieron los dispuesto en los artículos sexto y séptimo de la Constitución, 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La CNDH aseveró que autoridades estatales recurrieron a la coacción para lograr que se cancelara el programa de radio Comentando la noticia, lo que violó el derecho de Rodolfo Franco Ramírez y de la productora María del Refugio Martínez Guardado a la libertad de expresión, y decidió atraer el caso porque trasciende el ámbito local.
Los periodistas agraviados refirieron en su querella que el 24 de marzo de 2007, durante la transmisión del programa en la estación B del corporativo Radio Grupo, se dio lectura a una nota publicada por el periódico El Centro, titulada “Aguascalientes: narco, futbol y familia”.
Ese mismo día el director administrativo de la empresa les informó que el programa salía del aire.
La investigación de la CNDH señala que el periodista Franco Ramírez acusó al gobierno estatal de perseguirlo, asediarlo y amenazarlo de muerte, particularmente al inicio del 2007, cuando desconocidos le dijeron en la calle: “Sigue hablando y te vamos a callar”, y el 8 de junio, cuando él y su productora estuvieron a punto de ser interceptados por dos personas que portaban armas de fuego.
El organismo acreditó “violaciones a la libertad de expresión e información, a la legalidad, a la seguridad jurídica y al honor en agravio de Rodolfo Franco Ramírez y María del Refugio Martínez Guardado por parte de servidores públicos del gobierno de la entidad y del organismo público descentralizado Radio y Televisión de Aguascalientes.
Asimismo advierte que se han usado “medios indirectos” para inhibir la labor periodística de los afectados y que la propia coordinadora de comunicación social del gobierno del estado presionó para que el citado programa saliera del aire.
Esta situación, subrayó la CNDH, se hizo evidente con la declaración ministerial del director administrativo y de noticias de la empresa Radio Grupo, quien refirió que tanto el Ejecutivo estatal como la funcionaria le expresaron en varias ocasiones su inconformidad por el contenido de la citada emisión y de por las críticas que se hacían al gobierno estatal.
La CNDH sostiene que los servidores públicos incurrieron en responsabilidades administrativas en el uso de sus facultades y contravinieron los dispuesto en los artículos sexto y séptimo de la Constitución, 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Nota de La Jornada, 6 de mayo.
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