Con el voto del PAN, la Comisión Permanente de Congreso pidió ayer al Presidente Felipe Calderón evaluar e incluso redefinir la estrategia implementada por su Gobierno en el combate a la delincuencia organizada.
"Ante la ola de violencia que vive el País, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal que, por conducto de las instituciones que conforman al gabinete de Seguridad Pública, evalué la estrategia seguida y tome las decisiones para reducir de la manera más urgente el grave problema de la delincuencia organizada", pidieron.
Al respecto, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, aseguró que el incremento en la violencia es producto de la lucha que ha emprendido el Gobierno federal en la que, adelantó, no permitirán intimidaciones.
"La escalada de violencia tiene que ver con las guerras intestinas que se generan dentro de las bandas del narcotráfico, cuando sus cabezas son aprehendidas, es la lucha por el poder.
"Sería absurdo que ante la intimidación nos asustáramos y dejáramos de combatirlo, al contrario, hay que redoblar las acciones en contra del crimen organizado. Han sido golpes fuertes y esos golpes tienen que continuar", dijo.
Durante la sesión ordinaria, en la que se dio cuenta de más 4 mil ejecutados, los legisladores también demandaron un informe detallado sobre las metas y resultados de los operativos realizados para combatir a la delincuencia organizada.
En medio del clima de violencia y a unos días del asesinato de uno de los principales mandos de la PFP, los diputados y senadores de la Permanente pidieron que la información incluya datos de las Secretarías de Seguridad Pública y Defensa Nacional así como de la Procuraduría General de la República.
El informe deberá contener metas, avances y logros con relación a los operativos de seguridad pública y el combate a la delincuencia.
"Las cifras gubernamentales de esta batalla son contradictorias entre las diferentes dependencias y corporaciones vinculadas a esta lucha, quedando de manifiesto la desorganización y las notorias deficiencias en la coordinación. Existe también falta de transparencia y ocultamiento en el tema. ¿Cuáles son las cifras reales?", demandó en tribuna la diputada perredista Susana Monreal Ávila.
Por otro lado, los legisladores pidieron al Presidente que instruya al Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para que ordene una investigación sobre la presunta existencia de cárceles clandestinas y remita un informe al respecto.
En este punto, se solicitó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, también realizar una indagatoria sobre el caso.
Los legisladores federales sostuvieron un debate en tribuna sobre el tema, provocado por un punto de acuerdo en el que se demandó que las secretarías que integran el gabinete de seguridad redefinan las estrategias de seguridad pública en Sinaloa.
"Con el objeto de que, a la brevedad posible, se restablezca la tranquilidad y cobre plena vigencia el Estado de derecho, frente a los grupos del crimen organizado que han lanzado, una vez más, un reto abierto a las autoridades federales, estatales y municipales", exhortaron.
'¿Y las oficiales?'
En la Comisión Permanente del Congreso se expusieron cifras estimadas sobre las ejecuciones registradas en el País:
4,000 crímenes relacionados con el narco desde el inicio del sexenio hasta el mes de abril de este año.
300 ejecutados en Sinaloa en lo que va del año.
3,008 ejecuciones registradas, de acuerdo con un recuento de REFORMA hasta el 14 de abril.
140 homicidios en Chihuahua hasta marzo.
"Ante la ola de violencia que vive el País, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal que, por conducto de las instituciones que conforman al gabinete de Seguridad Pública, evalué la estrategia seguida y tome las decisiones para reducir de la manera más urgente el grave problema de la delincuencia organizada", pidieron.
Al respecto, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, aseguró que el incremento en la violencia es producto de la lucha que ha emprendido el Gobierno federal en la que, adelantó, no permitirán intimidaciones.
"La escalada de violencia tiene que ver con las guerras intestinas que se generan dentro de las bandas del narcotráfico, cuando sus cabezas son aprehendidas, es la lucha por el poder.
"Sería absurdo que ante la intimidación nos asustáramos y dejáramos de combatirlo, al contrario, hay que redoblar las acciones en contra del crimen organizado. Han sido golpes fuertes y esos golpes tienen que continuar", dijo.
Durante la sesión ordinaria, en la que se dio cuenta de más 4 mil ejecutados, los legisladores también demandaron un informe detallado sobre las metas y resultados de los operativos realizados para combatir a la delincuencia organizada.
En medio del clima de violencia y a unos días del asesinato de uno de los principales mandos de la PFP, los diputados y senadores de la Permanente pidieron que la información incluya datos de las Secretarías de Seguridad Pública y Defensa Nacional así como de la Procuraduría General de la República.
El informe deberá contener metas, avances y logros con relación a los operativos de seguridad pública y el combate a la delincuencia.
"Las cifras gubernamentales de esta batalla son contradictorias entre las diferentes dependencias y corporaciones vinculadas a esta lucha, quedando de manifiesto la desorganización y las notorias deficiencias en la coordinación. Existe también falta de transparencia y ocultamiento en el tema. ¿Cuáles son las cifras reales?", demandó en tribuna la diputada perredista Susana Monreal Ávila.
Por otro lado, los legisladores pidieron al Presidente que instruya al Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para que ordene una investigación sobre la presunta existencia de cárceles clandestinas y remita un informe al respecto.
En este punto, se solicitó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, también realizar una indagatoria sobre el caso.
Los legisladores federales sostuvieron un debate en tribuna sobre el tema, provocado por un punto de acuerdo en el que se demandó que las secretarías que integran el gabinete de seguridad redefinan las estrategias de seguridad pública en Sinaloa.
"Con el objeto de que, a la brevedad posible, se restablezca la tranquilidad y cobre plena vigencia el Estado de derecho, frente a los grupos del crimen organizado que han lanzado, una vez más, un reto abierto a las autoridades federales, estatales y municipales", exhortaron.
'¿Y las oficiales?'
En la Comisión Permanente del Congreso se expusieron cifras estimadas sobre las ejecuciones registradas en el País:
4,000 crímenes relacionados con el narco desde el inicio del sexenio hasta el mes de abril de este año.
300 ejecutados en Sinaloa en lo que va del año.
3,008 ejecuciones registradas, de acuerdo con un recuento de REFORMA hasta el 14 de abril.
140 homicidios en Chihuahua hasta marzo.
Nota de Claudia Guerrero, Reforma, 22 de mayo.
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