La inversión que requerirá la implementación de los juicios orales en el sistema de impartición de justicia debe hacerse de manera gradual, sugirieron especialistas y diputados locales.
El miércoles, el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, anunció que para adecuar los espacios judiciales e instalar los mecanismos tecnológicos necesarios, se requieren alrededor de mil 300 millones de pesos.
Ana Laura Magaloni, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó que la cifra no es descabellada si se toma como referencia la inversión que hizo Chile, y que ascendió a 6 mil 800 millones de pesos.
Sin embargo, recordó que en el país sudamericano, la implementación de la oralidad, que duró unos 8 años, inició en las provincias con menos índices de criminalidad y terminó en Santiago, la capital.
"Veo razonable el número, lo que me preocuparía a mí es que el Distrito Federal se lanzara como una de las primeras entidades federativas donde se implementara la reforma.
"En Chile se fue implementando gradualmente, pero empezaron por las provincias con menos población y menos crimen, y llegaron al final hasta Santiago, es decir que cuando llegaron a Santiago, ya sabían de lo que se trataba la reforma", dijo.
El diputado local, José Antonio Zepeda, quien el año pasado presentó una iniciativa para aplicar los juicios orales en delitos menores, señaló que los mil 300 millones deben gastarse en un lapso de entre 3 y 8 años.
En este periodo, dijo, debe quedar instalado a plenitud el nuevo sistema judicial en todos los delitos, basado en la reforma penal constitucional, recientemente aprobada en el Congreso.
"Entre los beneficios de la propuesta federal es que la implementación sería gradual, es decir, que no se requiere un gasto de esta naturaleza de un solo golpe, sino que sería la cantidad que se requiere para tener todo el esquema gradual.
"Esta situación de ir poco a poco permite que no se descapitalice el Gobierno, y poder adecuando gradualmente las estructuras", comentó el panista.
Daniel Ordóñez, Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, de la Asamblea legislativa, indicó que según informes del Poder Judicial, la implementación de los juicios orales no requiere de inversiones millonarias.
Incluso, adelantó que para allegarse de información y conocer las necesidades de cada dependencia, organizarán foros y conferencias con especialistas. Estas reuniones también servirán, dijo, para dictaminar la propuesta de Zepeda.
"Hay una opinión del Tribunal Superior de Justicia que dice que no necesita muchos recursos para adecuar los espacios físicos para las salas donde se desarrollarían los juicios orales.
"Necesitamos ver en qué van a emplear esa cantidad, cuál va ser su temporalidad, esta reforma se plantea para unos 10 años, pero debe ser en forma progresiva, no puede implementarse de pronto", expresó.
Una tendencia nacional
Varios Estados del País ya aplican los juicios orales o se encaminan a ello.
· En Nuevo León operan desde el 2005. Los videos de los juicios pueden consultarse incluso por Internet.
· Hasta el momento los juicios orales se aplican en 57 delitos, pero se estima que para finales de año podrían llegar a 100.
· En el Estado de México se implementaron desde agosto del 2006.
· En Chihuahua se han invertido 261 millones de pesos del 2006 a la fecha para apoyar la implementación de la reforma e juicios orales.
· En Oaxaca se prevé que el 9 de septiembre entren en vigor los juicios orales en la región de la Mixteca y en la cuenca del río Papaloapan. Abogados postulantes radicados en esas regiones acudirán a cursos para aprender a operar debidamente el nuevo Código Procesal Penal.
El miércoles, el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, anunció que para adecuar los espacios judiciales e instalar los mecanismos tecnológicos necesarios, se requieren alrededor de mil 300 millones de pesos.
Ana Laura Magaloni, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó que la cifra no es descabellada si se toma como referencia la inversión que hizo Chile, y que ascendió a 6 mil 800 millones de pesos.
Sin embargo, recordó que en el país sudamericano, la implementación de la oralidad, que duró unos 8 años, inició en las provincias con menos índices de criminalidad y terminó en Santiago, la capital.
"Veo razonable el número, lo que me preocuparía a mí es que el Distrito Federal se lanzara como una de las primeras entidades federativas donde se implementara la reforma.
"En Chile se fue implementando gradualmente, pero empezaron por las provincias con menos población y menos crimen, y llegaron al final hasta Santiago, es decir que cuando llegaron a Santiago, ya sabían de lo que se trataba la reforma", dijo.
El diputado local, José Antonio Zepeda, quien el año pasado presentó una iniciativa para aplicar los juicios orales en delitos menores, señaló que los mil 300 millones deben gastarse en un lapso de entre 3 y 8 años.
En este periodo, dijo, debe quedar instalado a plenitud el nuevo sistema judicial en todos los delitos, basado en la reforma penal constitucional, recientemente aprobada en el Congreso.
"Entre los beneficios de la propuesta federal es que la implementación sería gradual, es decir, que no se requiere un gasto de esta naturaleza de un solo golpe, sino que sería la cantidad que se requiere para tener todo el esquema gradual.
"Esta situación de ir poco a poco permite que no se descapitalice el Gobierno, y poder adecuando gradualmente las estructuras", comentó el panista.
Daniel Ordóñez, Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, de la Asamblea legislativa, indicó que según informes del Poder Judicial, la implementación de los juicios orales no requiere de inversiones millonarias.
Incluso, adelantó que para allegarse de información y conocer las necesidades de cada dependencia, organizarán foros y conferencias con especialistas. Estas reuniones también servirán, dijo, para dictaminar la propuesta de Zepeda.
"Hay una opinión del Tribunal Superior de Justicia que dice que no necesita muchos recursos para adecuar los espacios físicos para las salas donde se desarrollarían los juicios orales.
"Necesitamos ver en qué van a emplear esa cantidad, cuál va ser su temporalidad, esta reforma se plantea para unos 10 años, pero debe ser en forma progresiva, no puede implementarse de pronto", expresó.
Una tendencia nacional
Varios Estados del País ya aplican los juicios orales o se encaminan a ello.
· En Nuevo León operan desde el 2005. Los videos de los juicios pueden consultarse incluso por Internet.
· Hasta el momento los juicios orales se aplican en 57 delitos, pero se estima que para finales de año podrían llegar a 100.
· En el Estado de México se implementaron desde agosto del 2006.
· En Chihuahua se han invertido 261 millones de pesos del 2006 a la fecha para apoyar la implementación de la reforma e juicios orales.
· En Oaxaca se prevé que el 9 de septiembre entren en vigor los juicios orales en la región de la Mixteca y en la cuenca del río Papaloapan. Abogados postulantes radicados en esas regiones acudirán a cursos para aprender a operar debidamente el nuevo Código Procesal Penal.
Nota de Antonio Baranda, Reforma, 2 de mayo.
0 Responses to "Plantean oralidad gradual"
Publicar un comentario