Probable, que Corte resuelva la reforma

Debido a las “distintas alternativas” de solución que otorga la interpretación constitucional, muy probablemente la reforma energética se resolverá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, planteó el jurista Arturo Zaldívar, en el tercer foro de debates sobre la reforma energética del Senado de la República.

En la primera de las dos mesas de análisis programadas sobre la constitucionalidad de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal, el especialista apuntó que, de aprobarse la reforma, la resolución llegaría por alguna de las vías del Derecho Procesal Constitucional a la SCJN.

Ante este escenario, Zaldívar argumentó que se presentaría un problema, toda vez que “la Suprema Corte no ha sido capaz, hasta el momento, de integrar una doctrina constitucional que sirva de referente a sus fallos”.

Durante su intervención en el foro, el egresado de la Escuela Libre de Derecho consideró que las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal son “constitucionales, pero perfectibles”. No obstante, deseó que éstas se enriquezcan a efecto de reducir el margen de vulnerabilidad, para “no dejar ningún cabo suelto y ser lo más expreso que se pueda”.

Por su parte, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro, llamó a una consulta popular con carácter de “forzosamente necesaria” antes de que se legisle en materia petrolera.

La soberanía popular, aseguró, es la dueña del subsuelo y por tanto debe ser consultada antes de pensar en modificar la ley.

En opinión del ministro, la consulta popular se podría fundamentar en el artículo 26 de la propia Constitución, que debería plantear la aprobación o rechazo de las iniciativas propuestas.

Asimismo, Juventino Castro dejó en claro que cualquier reforma que permita la participación directa o indirecta de particulares en áreas estratégicas “sería inconstitucional”.

En tanto, el también doctor en Derecho Jaime Cárdenas calificó a la política económica mexicana con afanes de “entreguismo” desde la década de los 80; y como “privatizadora” e “inconstitucional” la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Aseguró que al permitir la participación de particulares en la industria petrolera se abandona una de las reservas que hizo México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte al desproteger las fases de producción y explotación de la cadena productiva del petróleo, hidrocarburos y petroquímica. “No sólo serán inconstitucionales las reformas, sino también serán contrarias al TLC”, apuntó.

En el debate, los especialistas Mario Becerra Pocoroba y Héctor Fix Fierro coincidieron en que las iniciativas de reforma enviadas al Senado no enfrentan obstáculos específicos de inconstitucionalidad, debido a que el petróleo, según la propuesta, continuaría en manos del Estado.

En cambio, el doctor en Ciencias Políticas Arnaldo Córdova calificó las iniciativas de “anticonstitucionales”, pues “van en contra de la letra y espíritu de la Constitución”, aunque deseó la modernización de Petróleos Mexicanos.

En Huayacocotla, Veracruz, el presidente Felipe Calderón convocó nuevamente a impulsar la reforma energética, pues aseguró que, con su aprobación, el petróleo seguirá siendo de los mexicanos. Insistió en que la reforma es para darle a la paraestatal más capacidad de decisión a fin de que la empresa pueda elegir las mejores tecnologías y contratar a los mejores asesores.
Nota de Humberto Niño de Haro y Arturo Zárate Vite, El Universal, 21 de mayo.

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