Rechaza Luis H. Álvarez que se busque solución militar en Chiapas

El comisionado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) del gobierno calderonista, Luis H. Álvarez, sostuvo que hasta el momento no hay nada concreto respecto de la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación desaparezca en breve la Coordinación para el Dialogo y la Negociación en Chiapas.

“Eso se ha dejado en suspenso, de lado, y está bien que así sea; no podemos olvidar que en Chiapas se hizo un llamado que conmocionó a la opinión nacional, y que de hecho hizo tomar conciencia a muchos mexicanos de la obligación que se tiene con los descendientes de los pueblos originales”, indicó.

El funcionario fue entrevistado ayer por La Jornada en un hotel capitalino, en el que encabezó la entrega de recursos económicos a diversas organizaciones sociales, como parte del programa de promoción de convenios en materia de justicia.

Cuando se le preguntó sobre la denuncia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de que se está gestando nuevamente la guerra como “solución” al conflicto en Chiapas por la militarización del país como pretexto para combatir al narcotráfico, el ex senador panista cortó la entrevista con la siguiente frase: “Ésa es la opinión de ellos”.

En tanto, unos 200 indígenas mazahuas y triquis asentados en la ciudad de México exigieron ayer al CDI vivienda para 450 familias.

Marchan triquis y mazahuas
El grupo, identificado como Organización de Indígenas en la Ciudad de México, realizó una marcha desde el Centro Médico hasta las oficinas del CDI, donde fue recibido por Javier Abreu, coordinador de Enlace, y Rodolfo Echeverría, responsable de Atención Ciudadana, quienes se comprometieron a comunicarse con el Instituto de Vivienda del gobierno capitalino para atender su demanda.

Durante la marcha por avenida Cuauhtémoc, los indígenas fueron vigilados estrechamente por elementos de la policía capitalina, quienes se colocaron a la izquierda del grupo para dejar abierto un carril de dicha avenida, mientras varias patrullas y vehículos tipo panel fueron colocados al final del contingente.

“¡Queremos vivienda!”, señalaban los indígenas en las improvisadas cartulinas; otras servían para identificarlos: “Somos 126 grupos de familias que estamos en campamentos en la colonia Atlampa”.

Fernanda Ramírez comentó que desde el gobierno del presidente Vicente Fox, la entonces responsable de atención a los pueblos indios, Xóchitl Gálvez, había prometido atender la demanda de vivienda de los indígenas; “ahora nuevamente nos dijeron que ahora sí actuarían, pero han pasado dos meses y no hay respuestas claras”, dijo.

Respecto del apoyo económico a organizaciones de diversas entidades del país, Luis H. Álvarez puntualizó que “lo que se propone con estos programas y estos proyectos es atender a las comunidades que por tanto tiempo han sufrido marginación. Particularmente estamos hablando que son los descendientes de los dueños originarios de México”.

De su lado, Jesús King Pérez, director de Promoción de Convenios en materia de justicia del CDI, precisó que el programa de este ramo para los pueblos indígenas se convocó el pasado 18 de febrero.

La idea era que organizaciones sociales participaran con propuestas que contribuyeran a la defensoría y representación jurídica de los indígenas, a la formación de promotores de derechos, defensa y protección jurídica de territorios y recursos naturales, a la atención de conflictos y litigios agrarios, difusión y capacitación en derechos de la mujer, elaboración de diagnósticos y trámites en materia de identidad jurídica y en difusión y capacitación de derechos legales.

El tope presupuestal para este programa es de 37 millones de pesos, que serán entregados en el transcurso de este año a 536 organizaciones y núcleos agrarios cuyos proyectos resultaron aprobados.

Nota de Alfredo Méndez y Matilde Pérez, La Jornada, 20 de mayo.


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