Las autoridades mexicanas evaluarán si aceptan o no la ayuda económica de Estados Unidos en la Iniciativa Mérida en los términos que plantea el Congreso de ese país, afirmó ayer José Luis Santiago Vasconcelos.
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR indicó que las condiciones planteadas por el Congreso estadounidense para entregar a México los recursos contra el narco representan un retroceso a la época de la certificación antidrogas.
Entre las exigencias de EU están que México cumpla con transferir a la justicia civil los casos de militares acusados de violaciones a derechos humanos, que se garantice el no uso de la tortura y se refuerce la independencia de la CNDH.
En entrevista radiofónica, el funcionario federal remarcó que la Iniciativa Mérida no se refiere exclusiva ni principalmente a las transferencias de recursos a México.
Señaló que es resultado de amplias negociaciones que iniciaron prácticamente desde la campaña presidencial de Felipe Calderón y que buscaban compromisos políticos más claros por parte de ambos países.
"Después vinieron adiciones y se habló de financiamiento, de tecnología, de establecer la misma plataforma tecnológica para eficientar el intercambio de información y las acciones coordinadas en ambos lados de la frontera", comentó.
Vasconcelos planteó, incluso, que, de no llegar a México, los recursos podrían utilizarse para reforzar la vigilancia en Estados Unidos.
"¿Por qué no decimos a los americanos que esos 305 millones los destinen a sus fuerzas de aplicación de la ley o de intercepción en la frontera para que paren el flujo de armas hacia México? Dáselos a la Patrulla Fronteriza, a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, a tus aduanas", indicó el funcionario.
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR indicó que las condiciones planteadas por el Congreso estadounidense para entregar a México los recursos contra el narco representan un retroceso a la época de la certificación antidrogas.
Entre las exigencias de EU están que México cumpla con transferir a la justicia civil los casos de militares acusados de violaciones a derechos humanos, que se garantice el no uso de la tortura y se refuerce la independencia de la CNDH.
En entrevista radiofónica, el funcionario federal remarcó que la Iniciativa Mérida no se refiere exclusiva ni principalmente a las transferencias de recursos a México.
Señaló que es resultado de amplias negociaciones que iniciaron prácticamente desde la campaña presidencial de Felipe Calderón y que buscaban compromisos políticos más claros por parte de ambos países.
"Después vinieron adiciones y se habló de financiamiento, de tecnología, de establecer la misma plataforma tecnológica para eficientar el intercambio de información y las acciones coordinadas en ambos lados de la frontera", comentó.
Vasconcelos planteó, incluso, que, de no llegar a México, los recursos podrían utilizarse para reforzar la vigilancia en Estados Unidos.
"¿Por qué no decimos a los americanos que esos 305 millones los destinen a sus fuerzas de aplicación de la ley o de intercepción en la frontera para que paren el flujo de armas hacia México? Dáselos a la Patrulla Fronteriza, a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, a tus aduanas", indicó el funcionario.
Nota de Reforma, 25 de mayo.
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