WASHINGTON.- El Comité de Gastos del Senado de Estados Unidos redujo a 350 millones de dólares la propuesta de primera entrega de ayuda antidrogas para México dentro de la Iniciativa Mérida y colocó candados de derechos humanos a una parte de los fondos.
Además, según el texto legislativo publicado ayer por el Comité -que será debatido en el pleno esta semana-, 25 por ciento de esos recursos sólo serían liberados si México cumple con seis salvaguardas a los derechos humanos.
La propuesta inicial de la administración de George W. Bush para la Iniciativa era de 500 millones de dólares; la Cámara de Representantes propuso bajarla a 400 millones, y ahora el Comité de Gastos planteó dejarla en 350 millones, y con algunas condicionantes.
Entre los seis compromisos que el Departamento de Estado tendría que verificar para entregar el 25 de la ayuda, está que México asegure que los casos de elementos militares acusados de violar derechos humanos sean transferidos y procesados dentro de la justicia civil.
"Debe asegurarse que el sistema de justicia militar mexicano está transfiriendo todos los casos, involucrando acusaciones de violaciones de derechos humanos por personal militar a fiscales civiles y autoridades judiciales", dice el texto.
Un segundo candado es asegurar que el Gobierno mexicano establezca un mecanismo independiente con miembros de la sociedad civil para el monitoreo de los programas de combate al tráfico de drogas, reforma judicial y anticorrupción.
"(El mecanismo) debe asegurar el debido proceso y la protección de los derechos de expresión, asociación, reunión y a la privacidad, de acuerdo con la ley mexicana", dice el texto de la Iniciativa relativa a México y anexada a una Ley de Gasto Militar a disposición del pleno.
De ser aprobada por el pleno del Senado, la cifra de asistencia antinarco a México de la Cámara Alta sería menor a la aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes, que colocó los recursos para 2008 en 400 millones de dólares.
Si bien la legislación de la Cámara de Representantes también incluye cierto lenguaje para la protección a los derechos humanos, la versión del Comité de Gastos del Senado sería más dura en los requisitos a cumplir por México.
Un tercer candado del proyecto, incluye que el Departamento de Estado asegure al Senado que las policías federales y estatales cooperan con la justicia para castigar a miembros con acusaciones creíbles de violación a derechos humanos.
En un cuarto requisito, la diplomacia estadounidense deberá probar que México está aplicando los estándares mexicanos e internacionales de prohibición del uso de la tortura y otros métodos ilegales para obtener testimonios de acusados.
Un quinto requisito es que el Departamento de Estado verifique que México ha reforzado la autoridad e independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por último, un sexto candado antes de hacer disponibles los fondos a México consiste en garantizar que México ha establecido comisiones independientes para recibir quejas contra policías.
El texto final y el monto definitivo de la ayuda para México serán definidos en el Comité de Conferencia entre el Senado y la Cámara Baja, donde el liderazgo conciliaría dos visiones de ley contrapuestas.
Además, según el texto legislativo publicado ayer por el Comité -que será debatido en el pleno esta semana-, 25 por ciento de esos recursos sólo serían liberados si México cumple con seis salvaguardas a los derechos humanos.
La propuesta inicial de la administración de George W. Bush para la Iniciativa era de 500 millones de dólares; la Cámara de Representantes propuso bajarla a 400 millones, y ahora el Comité de Gastos planteó dejarla en 350 millones, y con algunas condicionantes.
Entre los seis compromisos que el Departamento de Estado tendría que verificar para entregar el 25 de la ayuda, está que México asegure que los casos de elementos militares acusados de violar derechos humanos sean transferidos y procesados dentro de la justicia civil.
"Debe asegurarse que el sistema de justicia militar mexicano está transfiriendo todos los casos, involucrando acusaciones de violaciones de derechos humanos por personal militar a fiscales civiles y autoridades judiciales", dice el texto.
Un segundo candado es asegurar que el Gobierno mexicano establezca un mecanismo independiente con miembros de la sociedad civil para el monitoreo de los programas de combate al tráfico de drogas, reforma judicial y anticorrupción.
"(El mecanismo) debe asegurar el debido proceso y la protección de los derechos de expresión, asociación, reunión y a la privacidad, de acuerdo con la ley mexicana", dice el texto de la Iniciativa relativa a México y anexada a una Ley de Gasto Militar a disposición del pleno.
De ser aprobada por el pleno del Senado, la cifra de asistencia antinarco a México de la Cámara Alta sería menor a la aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes, que colocó los recursos para 2008 en 400 millones de dólares.
Si bien la legislación de la Cámara de Representantes también incluye cierto lenguaje para la protección a los derechos humanos, la versión del Comité de Gastos del Senado sería más dura en los requisitos a cumplir por México.
Un tercer candado del proyecto, incluye que el Departamento de Estado asegure al Senado que las policías federales y estatales cooperan con la justicia para castigar a miembros con acusaciones creíbles de violación a derechos humanos.
En un cuarto requisito, la diplomacia estadounidense deberá probar que México está aplicando los estándares mexicanos e internacionales de prohibición del uso de la tortura y otros métodos ilegales para obtener testimonios de acusados.
Un quinto requisito es que el Departamento de Estado verifique que México ha reforzado la autoridad e independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por último, un sexto candado antes de hacer disponibles los fondos a México consiste en garantizar que México ha establecido comisiones independientes para recibir quejas contra policías.
El texto final y el monto definitivo de la ayuda para México serán definidos en el Comité de Conferencia entre el Senado y la Cámara Baja, donde el liderazgo conciliaría dos visiones de ley contrapuestas.
Nota de José Díaz Briseño, corresponsal, Reforma, 21 de mayo.
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