El Ejecutivo eligió una vía impertinente Juristas y analistas afirmaron que son inconstitucionales las iniciativas de reforma energética que elaboró el Ejecutivo, al pretender otorgar nuevos contratos a privados en exploración y explotación de hidrocarburos, así como en refinación, ductos y almacenamiento.
Incluso, se previó que de aprobarse este asunto llegará por alguna de las vías del derecho procesal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que hace vulnerable a cualquier cambio, dijo Arturo Saldívar Lelo de Larrea, abogado de la Escuela Libre de Derecho.
En el tercer día del debate sobre las modificaciones a leyes secundarias al sector hidrocarburos realzado por legisladores, los ponentes calificaron su contenido como contrario en algunos ámbitos del Tratado de Libre Comercio.
Juventino Castro y Castro, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, y los juristas Arnoldo Córdoba y Jaime Contreras argumentaron las violaciones a la Carta Magna, misma que es dividida en tres niveles: estratégica, prioritario y privado.
El artículo 27 Constitucional es claro al decir que "corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos , líquidos y gaseosos".
Además lo ratifica el cuarto párrafo del 25 y 28 que destacan que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas, y el Estado contará con los organismos que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y podrá participar el sector social y por último se encuentra el sector privado.
"El Ejecutivo ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir a la Constitución con el paquete de reformas", afirmó Juventino Castro.
Es una reforma privatizadora que pretende entregar a privados parte de la industria petrolera y es una tendencia que se viene dando desde 1980 y los noventas, cuando se liberalizó la petroquímica secundaria y se otorgaron los primeros contratos de servicios múltiples, agregó Jaime Contreras.
Incluso, se previó que de aprobarse este asunto llegará por alguna de las vías del derecho procesal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que hace vulnerable a cualquier cambio, dijo Arturo Saldívar Lelo de Larrea, abogado de la Escuela Libre de Derecho.
En el tercer día del debate sobre las modificaciones a leyes secundarias al sector hidrocarburos realzado por legisladores, los ponentes calificaron su contenido como contrario en algunos ámbitos del Tratado de Libre Comercio.
Juventino Castro y Castro, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, y los juristas Arnoldo Córdoba y Jaime Contreras argumentaron las violaciones a la Carta Magna, misma que es dividida en tres niveles: estratégica, prioritario y privado.
El artículo 27 Constitucional es claro al decir que "corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos , líquidos y gaseosos".
Además lo ratifica el cuarto párrafo del 25 y 28 que destacan que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas, y el Estado contará con los organismos que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y podrá participar el sector social y por último se encuentra el sector privado.
"El Ejecutivo ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir a la Constitución con el paquete de reformas", afirmó Juventino Castro.
Es una reforma privatizadora que pretende entregar a privados parte de la industria petrolera y es una tendencia que se viene dando desde 1980 y los noventas, cuando se liberalizó la petroquímica secundaria y se otorgaron los primeros contratos de servicios múltiples, agregó Jaime Contreras.
Nota de Margarita Palma y Mauricio Rubí, El Economista, 21 de mayo.
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