Restringe EU Plan Mérida

WASHINGTON.- El Senado estadounidense redujo ayer a 350 millones de dólares la primera partida de ayuda antinarco a México, como parte de la Iniciativa Mérida, y fijó seis candados en derechos humanos antes de liberar el 25 por ciento del fondo.

Por 75 votos a favor contra 22, la Cámara Alta aprobó la Ley de Gastos Suplementarios para Iraq en la que está incluida la partida para México y que representa aumentar en casi 10 veces al actual nivel de asistencia antidrogas de 37 millones de dólares.

"Apoyo las metas de la Iniciativa Mérida y esta ley provee un adelanto muy generoso", dijo en el pleno el senador demócrata Patrick Leahy, autor de los candados en derechos humanos incluidos en la legislación.

Presidente del subcomité de Gastos para Operaciones Internacionales, Leahy dijo que el condicionamiento no significaba infringir la soberanía de México sino garantizar el uso del dinero de los contribuyentes.

"¿Desde cuándo es una mala política o una violación, el insistir en que los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se entreguen a aquellas fuerzas militares o policiales abusivas, corruptas en un país cuyo sistema de justicia tiene serios defectos y raramente castiga malas conductas oficiales?", dijo Leahy, al insistir que estaba de acuerdo en dotar de ayuda a México.

Para el legislador, ambos países tienen responsabilidades que aceptar en la lucha antinarco, como reconocer que EU es el principal mercado para las drogas en tránsito por México y también la fuente de las armas para los cárteles.

"Como alguien que ha criticado a mi Gobierno por fracasar en respetar las leyes internacionales y de EU en Guantánamo, Abu Ghraib. Es nuestra obligación insistir en principios básicos de justicia", aseguró Leahy.

La versión aprobada por el Senado ayer refleja la posición de organismos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que insisten en no entregar un cheque en blanco a policías y militares mexicanos.

Entre los candados están que México cumpla con transferir a la justicia civil casos de militares acusados de violaciones a derechos humanos y que se cree un comité que incluya a miembros de la sociedad civil mexicana para monitorear los programas antinarcóticos.

Otro es garantizar la cooperación de policías federales y estatales acusados en violación de derechos humanos, garantizar el no uso de tortura y reforzar la independencia de la CNDH.
Nota de José Díaz Briseño, corresponsal, Reforma, 23 de mayo.

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