La carrera por la vicepresidencia de Estados Unidos también tiene su contenido migratorio. Para explotar el tema políticamente hacia las elecciones presidenciales de noviembre próximo, Rhode Island dio pasos para convertirse en el primer estado “libre” de indocumentados mexicanos en Estados Unidos: endureció sus controles migratorios por encima de las leyes federales.
Hogar de entre 30 y 50 mil mexicanos originarios de Guerrero, Hidalgo, Veracruz y el Distrito Federal —el número de connacionales en la zona se triplicó en los últimos cinco años—, el estado más pequeño de Estados Unidos tiene ya en funcionamiento una de las leyes locales más restrictivas de todo el país, una que penaliza al extremo al inmigrante indocumentado. Por ejemplo, les hace casi imposible obtener servicios sociales, hasta los de emergencia médica.
Firmado por el gobernador Donald Carcieri el pasado 27 de marzo, el decreto 08-01 se ha establecido en el centro de los esfuerzos del político republicano por frenar lo que denominó a finales del mes pasado: “la epidemia de migrantes” que azota a Rhode Island. La entidad es tan pequeña que suele ser utilizada como “laboratorio” en temas de políticas públicas, que posteriormente se aplican en el resto de Estados Unidos.
En una conferencia de prensa en la que fue increpado por activistas mexicanos, Carcieri –un ferviente católico a quien el sector conservador del Partido Republicano busca hacer vicepresidente de John McCain—fue enfático al presentar su decreto, según se desprende de una versión estenográfica del gobierno estatal: “si eres un indocumentado, no tienes que estar aquí, así de sencillo”, dijo.
El decreto contiene previsiones como permitir a patrulleros de Rhode Island participar en el polémico programa 287(g) del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, mediante el cual se “federaliza” a agentes estatales y de condado para hacer las veces de policías migratorios, pese a las posibles violaciones a derechos humanos e identificación racial que conlleva la medida.
La nueva directriz también ordena a empresas locales verificar el estatus migratorio de cualquier persona que busque empleo, reportar a quien no presente los documentos adecuados a las autoridades y deben revisar la identidad de todos los empleados, para impedir que indocumentados estén al servicio del estado.
El decreto hace de las distintas agencias del gobierno del estado, en pocas palabras, agentes al servicio de la Oficina de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna.
“Esto solo va a empeorar la identificación por perfiles raciales en el estado”, deploró la Unión de Libertades Cívicas Americana (ACLU, por sus siglas en inglés) al tener las primeras noticias del decreto que, dicen sus críticos, abrirá la puerta a que cualquier persona de aspecto hispano sea detenida por los patrulleros de Rhode Island.
La medida tendrá un mayor impacto entre mexicanos: el Pew Hispanic Center calcula que 90 por ciento de los hispanos en la zona, en la que no hay consulado de México y que debe ser protegida por el consulado en Boston, son precisamente connacionales.
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior reporta que el grueso provienen del municipio pesquero de Teconoapa, en la frontera entre Guerrero y Oaxaca; la delegación Azcapotzalco, en el Distrito Federal, y otro municipio pesquero, Tlalixcoyan, en Veracruz.
Datos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores apuntan a que el crecimiento mexicano en la zona ha sido tal que hasta clubes de corte político han comenzado a formarse en Rhode Island, donde tres asociaciones ya tienen registro ante el IME.
Uno de esos clubes acusó a Carcieri de racista por su decreto.
“Desafortunadamente, señor gobernador, usted carece de personal que le dé información adecuada en cuanto a nuestra creciente comunidad en el estado y también usted como gobernador está aferrado a eliminar a esta ‘epidemia migrante’”, señaló Julio César Aragón, presidente del Comité César Chávez de Rhode Island, en una misiva enviada a mediados de abril pasado.
Trasfondo político
Titulado “Orden de Control de la Inmigración Ilegal”, el decreto de Carcieri se suma a otras medidas impulsadas en Rhode Island en los últimos años para “desalentar” a los migrantes mexicanos y centroamericanos de establecerse en la entidad, cuya población es predominantemente blanca.
El entramado legal que hace la vida difícil al migrante en Rhode Island incluye las leyes HB 6161 y HB 7120. Ambas establecen “normas mínimas” para obtener licencias de conducir y asistencia médica, una práctica que ha comenzado a generalizarse en otros estados y ciudades de la unión y que reserva estos servicios a ciudadanos, naturalizados y residentes.
Ambas leyes dictan que ningún indocumentado podrá obtener papeles oficiales (licencia de manejo, construcción y permiso de agua) o acceder a clínicas subvencionadas por el estado. La HB 7120 incluso está dirigida a afectar no a los migrantes mayores de edad, sino a sus hijos.
“Ningún niño no ciudadano (sic) podrá enrolarse en el programa de Medicaid (asistencia médica) de Rhode Island después del 31 de diciembre de 2006”, se lee en dicha ley propuesta por la bancada republicana.
Por supuesto, hay quienes dicen que Carcieri tiene objetivos políticos en el tema.
En un principio simpatizante del ex precandidato republicano Mitt Romney, Carcieri ha sido nombrado por sectores conservadores como una posible carta de equilibrio en la candidatura de McCain, un liberal en lo que a la inmigración se refiere y, por ende, un candidato con problemas de penetración entre los sectores de ultraderecha del electorado estadunidense.
“Carcieri es un opositor mucho más enfático a la inmigración ilegal que McCain, lo que podría ayudar a nivelar la más fuerte debilidad de McCain entre las bases republicanas”, opinó Leon Wolf, editor del influyente blog republicano RedState.
Hogar de entre 30 y 50 mil mexicanos originarios de Guerrero, Hidalgo, Veracruz y el Distrito Federal —el número de connacionales en la zona se triplicó en los últimos cinco años—, el estado más pequeño de Estados Unidos tiene ya en funcionamiento una de las leyes locales más restrictivas de todo el país, una que penaliza al extremo al inmigrante indocumentado. Por ejemplo, les hace casi imposible obtener servicios sociales, hasta los de emergencia médica.
Firmado por el gobernador Donald Carcieri el pasado 27 de marzo, el decreto 08-01 se ha establecido en el centro de los esfuerzos del político republicano por frenar lo que denominó a finales del mes pasado: “la epidemia de migrantes” que azota a Rhode Island. La entidad es tan pequeña que suele ser utilizada como “laboratorio” en temas de políticas públicas, que posteriormente se aplican en el resto de Estados Unidos.
En una conferencia de prensa en la que fue increpado por activistas mexicanos, Carcieri –un ferviente católico a quien el sector conservador del Partido Republicano busca hacer vicepresidente de John McCain—fue enfático al presentar su decreto, según se desprende de una versión estenográfica del gobierno estatal: “si eres un indocumentado, no tienes que estar aquí, así de sencillo”, dijo.
El decreto contiene previsiones como permitir a patrulleros de Rhode Island participar en el polémico programa 287(g) del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, mediante el cual se “federaliza” a agentes estatales y de condado para hacer las veces de policías migratorios, pese a las posibles violaciones a derechos humanos e identificación racial que conlleva la medida.
La nueva directriz también ordena a empresas locales verificar el estatus migratorio de cualquier persona que busque empleo, reportar a quien no presente los documentos adecuados a las autoridades y deben revisar la identidad de todos los empleados, para impedir que indocumentados estén al servicio del estado.
El decreto hace de las distintas agencias del gobierno del estado, en pocas palabras, agentes al servicio de la Oficina de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna.
“Esto solo va a empeorar la identificación por perfiles raciales en el estado”, deploró la Unión de Libertades Cívicas Americana (ACLU, por sus siglas en inglés) al tener las primeras noticias del decreto que, dicen sus críticos, abrirá la puerta a que cualquier persona de aspecto hispano sea detenida por los patrulleros de Rhode Island.
La medida tendrá un mayor impacto entre mexicanos: el Pew Hispanic Center calcula que 90 por ciento de los hispanos en la zona, en la que no hay consulado de México y que debe ser protegida por el consulado en Boston, son precisamente connacionales.
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior reporta que el grueso provienen del municipio pesquero de Teconoapa, en la frontera entre Guerrero y Oaxaca; la delegación Azcapotzalco, en el Distrito Federal, y otro municipio pesquero, Tlalixcoyan, en Veracruz.
Datos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores apuntan a que el crecimiento mexicano en la zona ha sido tal que hasta clubes de corte político han comenzado a formarse en Rhode Island, donde tres asociaciones ya tienen registro ante el IME.
Uno de esos clubes acusó a Carcieri de racista por su decreto.
“Desafortunadamente, señor gobernador, usted carece de personal que le dé información adecuada en cuanto a nuestra creciente comunidad en el estado y también usted como gobernador está aferrado a eliminar a esta ‘epidemia migrante’”, señaló Julio César Aragón, presidente del Comité César Chávez de Rhode Island, en una misiva enviada a mediados de abril pasado.
Trasfondo político
Titulado “Orden de Control de la Inmigración Ilegal”, el decreto de Carcieri se suma a otras medidas impulsadas en Rhode Island en los últimos años para “desalentar” a los migrantes mexicanos y centroamericanos de establecerse en la entidad, cuya población es predominantemente blanca.
El entramado legal que hace la vida difícil al migrante en Rhode Island incluye las leyes HB 6161 y HB 7120. Ambas establecen “normas mínimas” para obtener licencias de conducir y asistencia médica, una práctica que ha comenzado a generalizarse en otros estados y ciudades de la unión y que reserva estos servicios a ciudadanos, naturalizados y residentes.
Ambas leyes dictan que ningún indocumentado podrá obtener papeles oficiales (licencia de manejo, construcción y permiso de agua) o acceder a clínicas subvencionadas por el estado. La HB 7120 incluso está dirigida a afectar no a los migrantes mayores de edad, sino a sus hijos.
“Ningún niño no ciudadano (sic) podrá enrolarse en el programa de Medicaid (asistencia médica) de Rhode Island después del 31 de diciembre de 2006”, se lee en dicha ley propuesta por la bancada republicana.
Por supuesto, hay quienes dicen que Carcieri tiene objetivos políticos en el tema.
En un principio simpatizante del ex precandidato republicano Mitt Romney, Carcieri ha sido nombrado por sectores conservadores como una posible carta de equilibrio en la candidatura de McCain, un liberal en lo que a la inmigración se refiere y, por ende, un candidato con problemas de penetración entre los sectores de ultraderecha del electorado estadunidense.
“Carcieri es un opositor mucho más enfático a la inmigración ilegal que McCain, lo que podría ayudar a nivelar la más fuerte debilidad de McCain entre las bases republicanas”, opinó Leon Wolf, editor del influyente blog republicano RedState.
Reportaje de Víctor Hugo Michel, Milenio, 9 de mayo.
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