El gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa acordó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por Elba Esther Gordillo, la reforma o revolución educativa a través de una alianza nacional con la cual se propondrá establecer como obligatorio el bachillerato y llegar a 15 años de escolaridad promedio.
En la iniciativa, que se trabajó incluso este fin de semana en la comisión mixta, destaca la modificación legislativa que implicaría la reforma, desde establecer modificaciones al artículo tercero de la Constitución, para lograr la obligatoriedad del bachillerato hasta promover una reforma a la Ley General de Educación para incluir de forma más clara términos como calidad y evaluación para el sistema público, pero también especificar cómo regular las escuelas particulares.
A propósito de los festejos del Día del Maestro se convocará a todos los actores de la sociedad a pactar una estrategia que mejore la calidad de la educación, reducir la desigualdad y fortalecer la escuela pública.
Se prevé que este jueves 15 de mayo se presente la reforma educativa que lleva como título, hasta ahora, Alianza por la Calidad de la Educación y el Fortalecimiento de la Escuela Pública. Aunque aún se discute el tema y se prevé que incluso el nombre se pudiera acortar a sólo Alianza Nacional por la Educación.
Una vez firmada, en un plazo no mayor de 60 días, se convocará a expertos nacionales e internacionales para que evalúen el impacto de este nuevo modelo educativo.
La SEP y el SNTE continúan revisando el documento en la comisión mixta establecida a principios del mes de febrero entre ambas dependencias, y que tuvo dos propósitos: primero abordar la negociación salarial que concluyó el 15 de abril con un incremento de 4.8 más prestaciones; y segundo, acordar los puntos y estrategias de la reforma.
Hasta ahora los tres objetivos que se tienen —de acuerdo con el documento preliminar al que tuvo acceso EL UNIVERSAL— es “construir una nueva educación que permita cerrar la brecha de calidad, competitividad y desarrollo”; dos, superar el rezago y las desigualdades del sistema como infraestructura, equipamiento escolar, oportunidades educativas, cobertura, calidad, atender la alfabetización y acceso a nuevas tecnologías, y la certificación de conocimientos y habilidades.
El tercer objetivo que plantea es convertir a la educación en un plataforma para que desde la escuela se impulse una “política social de largo aliento”.
La “revolución educativa” que centralizará sus acciones en seis puntos implicará: dotar a las escuela de tecnología e infraestructura; ampliar las escuelas de tiempo completo; fortalecer las acciones de salud para que todos los niños y jóvenes tengan acceso a servicios de salud; fortalecer el programa de escuela segura con esquemas de prevención de adicciones; servir comida caliente en zonas de alta vulnerabilidad; generalizar la enseñanza del inglés; crear un sistema integral de evaluación; que los maestros y autoridades sean designados por concurso; iniciar una rezonificación escolar para mejorar la gestión de las escuelas; y reformar la carrera magisterial, entre otros.
De acuerdo con integrantes de ambas comisiones (SEP y SNTE) un punto central de la construcción de la reforma o revolución educativa del gobierno del presidente Calderón será atender las desigualdades y “focos” en la distribución del financiamiento, la doble negociación salarial que existe entre el SNTE y los gobiernos estatales, el rezago en la infraestructura y el equipamiento de las escuelas.
Otra iniciativa legal será la de promover una reforma al código penal para tipificar como delito grave el robo a las escuelas.
A diferencia de la reforma energética o de otras reformas emprendidas en la actual administración, la reforma educativa se construye con la participación del SNTE y la intervención directa de la secretaria Josefina Vázquez Mota y de la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo.
Pero hasta ahora, ha sido el SNTE quien ha encabezado las gestiones para la difusión de la reforma, puesto que a través de las más de 50 secciones se han organizado encuentros con los gobernadores, los secretarios de educación y los integrantes de los congresos estatales o las comisiones de educación en las entidades.
En los estados de Coahuila, Querétaro, Veracruz, Nuevo León y Durango, ya se lograron puntos de acuerdo con las legislaturas locales para que una vez aprobada la reforma se emprendan las modificaciones.
En la iniciativa, que se trabajó incluso este fin de semana en la comisión mixta, destaca la modificación legislativa que implicaría la reforma, desde establecer modificaciones al artículo tercero de la Constitución, para lograr la obligatoriedad del bachillerato hasta promover una reforma a la Ley General de Educación para incluir de forma más clara términos como calidad y evaluación para el sistema público, pero también especificar cómo regular las escuelas particulares.
A propósito de los festejos del Día del Maestro se convocará a todos los actores de la sociedad a pactar una estrategia que mejore la calidad de la educación, reducir la desigualdad y fortalecer la escuela pública.
Se prevé que este jueves 15 de mayo se presente la reforma educativa que lleva como título, hasta ahora, Alianza por la Calidad de la Educación y el Fortalecimiento de la Escuela Pública. Aunque aún se discute el tema y se prevé que incluso el nombre se pudiera acortar a sólo Alianza Nacional por la Educación.
Una vez firmada, en un plazo no mayor de 60 días, se convocará a expertos nacionales e internacionales para que evalúen el impacto de este nuevo modelo educativo.
La SEP y el SNTE continúan revisando el documento en la comisión mixta establecida a principios del mes de febrero entre ambas dependencias, y que tuvo dos propósitos: primero abordar la negociación salarial que concluyó el 15 de abril con un incremento de 4.8 más prestaciones; y segundo, acordar los puntos y estrategias de la reforma.
Hasta ahora los tres objetivos que se tienen —de acuerdo con el documento preliminar al que tuvo acceso EL UNIVERSAL— es “construir una nueva educación que permita cerrar la brecha de calidad, competitividad y desarrollo”; dos, superar el rezago y las desigualdades del sistema como infraestructura, equipamiento escolar, oportunidades educativas, cobertura, calidad, atender la alfabetización y acceso a nuevas tecnologías, y la certificación de conocimientos y habilidades.
El tercer objetivo que plantea es convertir a la educación en un plataforma para que desde la escuela se impulse una “política social de largo aliento”.
La “revolución educativa” que centralizará sus acciones en seis puntos implicará: dotar a las escuela de tecnología e infraestructura; ampliar las escuelas de tiempo completo; fortalecer las acciones de salud para que todos los niños y jóvenes tengan acceso a servicios de salud; fortalecer el programa de escuela segura con esquemas de prevención de adicciones; servir comida caliente en zonas de alta vulnerabilidad; generalizar la enseñanza del inglés; crear un sistema integral de evaluación; que los maestros y autoridades sean designados por concurso; iniciar una rezonificación escolar para mejorar la gestión de las escuelas; y reformar la carrera magisterial, entre otros.
De acuerdo con integrantes de ambas comisiones (SEP y SNTE) un punto central de la construcción de la reforma o revolución educativa del gobierno del presidente Calderón será atender las desigualdades y “focos” en la distribución del financiamiento, la doble negociación salarial que existe entre el SNTE y los gobiernos estatales, el rezago en la infraestructura y el equipamiento de las escuelas.
Otra iniciativa legal será la de promover una reforma al código penal para tipificar como delito grave el robo a las escuelas.
A diferencia de la reforma energética o de otras reformas emprendidas en la actual administración, la reforma educativa se construye con la participación del SNTE y la intervención directa de la secretaria Josefina Vázquez Mota y de la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo.
Pero hasta ahora, ha sido el SNTE quien ha encabezado las gestiones para la difusión de la reforma, puesto que a través de las más de 50 secciones se han organizado encuentros con los gobernadores, los secretarios de educación y los integrantes de los congresos estatales o las comisiones de educación en las entidades.
En los estados de Coahuila, Querétaro, Veracruz, Nuevo León y Durango, ya se lograron puntos de acuerdo con las legislaturas locales para que una vez aprobada la reforma se emprendan las modificaciones.
Nota de Nurit Martínez, El Universal, 12 de mayo.
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