La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se deslindó ayer de las versiones periodísticas que le atribuyen haber presionado para el relevo de Amérigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
En un escueto comunicado de tres puntos, la dependencia aclaró que la designación de los representantes de la OACNUDH “es facultad exclusiva de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Sin mencionarlo por su nombre, la SRE destacó que “el representante en México de la oficina citada, asumió sus funciones en octubre de 2005” y reiteró el compromiso del gobierno mexicano con la promoción y protección de los derechos humanos y su mejor disposición para mantener una estrecha cooperación con los organismos de las Naciones Unidas.
El comunicado de la dependencia no alude a las declaraciones de activistas de derechos humanos, que confirmaron la presunta molestia de la cancillería con el trabajo de Incalcaterra, publicadas ayer en EL UNIVERSAL.
El domingo, el periódico español El País reveló la salida de Incalcaterra, atribuyéndola a presiones del gobierno mexicano.
En un escueto comunicado de tres puntos, la dependencia aclaró que la designación de los representantes de la OACNUDH “es facultad exclusiva de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Sin mencionarlo por su nombre, la SRE destacó que “el representante en México de la oficina citada, asumió sus funciones en octubre de 2005” y reiteró el compromiso del gobierno mexicano con la promoción y protección de los derechos humanos y su mejor disposición para mantener una estrecha cooperación con los organismos de las Naciones Unidas.
El comunicado de la dependencia no alude a las declaraciones de activistas de derechos humanos, que confirmaron la presunta molestia de la cancillería con el trabajo de Incalcaterra, publicadas ayer en EL UNIVERSAL.
El domingo, el periódico español El País reveló la salida de Incalcaterra, atribuyéndola a presiones del gobierno mexicano.
Nota de María de la Luz González, El Universal, 7 de mayo.
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