El Instituto Nacional de Migración (INM) carece de autoridad sobre los agentes policiacos que se exceden en el uso de la fuerza durante los operativos contra indocumentados, reconoció Juan Carlos Calleros Alarcón, asesor de la Comisionada Cecilia Romero.
En una conferencia dictada en la Facultad de Economía de la UNAM, justificó que el 20 por ciento de las quejas por violaciones a los derechos humanos de los migrantes ocurren cuando participan instituciones con personal armado, por lo que la dependencia debe tomar medidas para corregir esa situación.
"El INM tiene la obligación de llevar a cabo operativos para asegurar los migrantes, pero no tiene la autoridad sobre esas policías. Los agentes migratorios no están armados, entonces para hacer aseguramientos requieren del apoyo de otras instituciones que sí manejen armas.
"Lamentablemente, el INM no tiene autoridad sobre esas instituciones, es un problema que se debe resolver, porque tiene la obligación de coordinar los aseguramientos pero no tiene autoridad sobre las instituciones", señaló.
Calleros Alarcón externó que, según un estudio del Instituto, de 500 quejas de violaciones a los derechos humanos contra el INM entre 2005 y 2007, 84 por ciento se refieren a violaciones de derechos humanos que no atentan contra la integridad física y la vida de los migrantes.
El resto de las quejas corresponden a abusos más graves en las que intervienen otras autoridades.
El 31 de marzo de este año, 90 migrantes centroamericanos fueron golpeados con garrotes por personal de la Marina en el ejido Las Palmas, en la comunidad de San Francisco Ixhuatán, municipio de Ixtepec, Oaxaca.
"Cuando ha ocurrido las violaciones más fuertes a derechos humanos, en una buena medida, intervienen otras autoridades, policías municipales, Policía Federal Preventiva y desde luego, elementos de otras instituciones como en el caso de Oaxaca, la Marina.
"Si alguna policía se excede en el uso de la fuerza, como en el caso de la Marina, desde luego, cae en la responsabilidad del Instituto, pero se tiene que corregir ese aspecto de que quienes participen en el operativo respondan única y exclusivamente -mientras dure el operativo- a quien está coordinando, en este caso el INM", recomendó.
En una conferencia dictada en la Facultad de Economía de la UNAM, justificó que el 20 por ciento de las quejas por violaciones a los derechos humanos de los migrantes ocurren cuando participan instituciones con personal armado, por lo que la dependencia debe tomar medidas para corregir esa situación.
"El INM tiene la obligación de llevar a cabo operativos para asegurar los migrantes, pero no tiene la autoridad sobre esas policías. Los agentes migratorios no están armados, entonces para hacer aseguramientos requieren del apoyo de otras instituciones que sí manejen armas.
"Lamentablemente, el INM no tiene autoridad sobre esas instituciones, es un problema que se debe resolver, porque tiene la obligación de coordinar los aseguramientos pero no tiene autoridad sobre las instituciones", señaló.
Calleros Alarcón externó que, según un estudio del Instituto, de 500 quejas de violaciones a los derechos humanos contra el INM entre 2005 y 2007, 84 por ciento se refieren a violaciones de derechos humanos que no atentan contra la integridad física y la vida de los migrantes.
El resto de las quejas corresponden a abusos más graves en las que intervienen otras autoridades.
El 31 de marzo de este año, 90 migrantes centroamericanos fueron golpeados con garrotes por personal de la Marina en el ejido Las Palmas, en la comunidad de San Francisco Ixhuatán, municipio de Ixtepec, Oaxaca.
"Cuando ha ocurrido las violaciones más fuertes a derechos humanos, en una buena medida, intervienen otras autoridades, policías municipales, Policía Federal Preventiva y desde luego, elementos de otras instituciones como en el caso de Oaxaca, la Marina.
"Si alguna policía se excede en el uso de la fuerza, como en el caso de la Marina, desde luego, cae en la responsabilidad del Instituto, pero se tiene que corregir ese aspecto de que quienes participen en el operativo respondan única y exclusivamente -mientras dure el operativo- a quien está coordinando, en este caso el INM", recomendó.
Nota de Silvia Garduño, Reforma, 18 de mayo.
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