El proceso por la “Farcopolítica” que se veía venir con el hallazgo de los computadores de Raúl Reyes comenzó en firme ayer luego de que el fiscal general colombiano, Mario Iguarán, pidiera a las autoridades investigar a nueve personas, entre ellas tres senadores y cinco extranjeros, por sus vínculos con ese grupo ilegal.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia investigará a los senadores Piedad Córdoba, Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez, con quienes los jefes de las FARC habrían tenido contactos.
La senadora Córdoba fue delegada por el presidente Álvaro Uribe para que junto con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, buscaran la liberación de los llamados canjeables. Pero ambos fueron relevados de esa labor en noviembre del año pasado. En las computadoras de Reyes aparecen varias comunicaciones dirigidas a “Teodora de Bolívar”, quien según informes de inteligencia de la policía es la senadora. En las cartas se habla de la expansión del Movimiento Bolivariano en América Latina y la ayuda de Chávez para su financiación.
Córdoba afirmó que la investigación es “una estrategia para inmovilizarlos” y “tapar el escándalo de la parapolítica”. Borja, quien fue dirigente sindical antes de ingresar en la política, manifestó que respeta la decisión de la fiscalía pero teme que esté relacionada con la insistencia del Polo Democrático para que se investigaran los nexos de políticos y militares con los grupos paramilitares.
También se pidió investigar a los periodistas William Parra, corresponsal de Telesur, y Carlos Lozano, director del periódico Voz, del Partido Comunista; del ex ministro Álvaro Leyva, quien sirvió de puente entre el ex presidente Andrés Pastrana y las FARC, para adelantar el proceso de paz entre noviembre de 1998 y febrero de 2002; el ex asesor de Paz Lázaro Viveros; y Liliana Patricia Obando, miembro de la ONG Frunce Agro. Al enterarse de la decisión, Viveros indicó que su relación con las FARC se limita a “la realización de unas cuantas entrevistas” y a la búsqueda de la paz. El gobierno colombiano también investigará los contactos de las FARC con el venezolano Amílcar Figueroa, miembro del Parlamento Latino y dirigente del movimiento V República; los ecuatorianos María Augusta Calle, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, e Iván Larrea; y el profesor universitario de los Estados Unidos James Jones. Los documentos de las FARC señalan que Figueroa, conocido como Tino, habría servido como contacto con proveedores de armas australianos. Calle aparece referenciada como Alicia y se investiga la utilización de sus cuentas de ahorros para manejar dineros de las FARC, en Ecuador.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia investigará a los senadores Piedad Córdoba, Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez, con quienes los jefes de las FARC habrían tenido contactos.
La senadora Córdoba fue delegada por el presidente Álvaro Uribe para que junto con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, buscaran la liberación de los llamados canjeables. Pero ambos fueron relevados de esa labor en noviembre del año pasado. En las computadoras de Reyes aparecen varias comunicaciones dirigidas a “Teodora de Bolívar”, quien según informes de inteligencia de la policía es la senadora. En las cartas se habla de la expansión del Movimiento Bolivariano en América Latina y la ayuda de Chávez para su financiación.
Córdoba afirmó que la investigación es “una estrategia para inmovilizarlos” y “tapar el escándalo de la parapolítica”. Borja, quien fue dirigente sindical antes de ingresar en la política, manifestó que respeta la decisión de la fiscalía pero teme que esté relacionada con la insistencia del Polo Democrático para que se investigaran los nexos de políticos y militares con los grupos paramilitares.
También se pidió investigar a los periodistas William Parra, corresponsal de Telesur, y Carlos Lozano, director del periódico Voz, del Partido Comunista; del ex ministro Álvaro Leyva, quien sirvió de puente entre el ex presidente Andrés Pastrana y las FARC, para adelantar el proceso de paz entre noviembre de 1998 y febrero de 2002; el ex asesor de Paz Lázaro Viveros; y Liliana Patricia Obando, miembro de la ONG Frunce Agro. Al enterarse de la decisión, Viveros indicó que su relación con las FARC se limita a “la realización de unas cuantas entrevistas” y a la búsqueda de la paz. El gobierno colombiano también investigará los contactos de las FARC con el venezolano Amílcar Figueroa, miembro del Parlamento Latino y dirigente del movimiento V República; los ecuatorianos María Augusta Calle, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, e Iván Larrea; y el profesor universitario de los Estados Unidos James Jones. Los documentos de las FARC señalan que Figueroa, conocido como Tino, habría servido como contacto con proveedores de armas australianos. Calle aparece referenciada como Alicia y se investiga la utilización de sus cuentas de ahorros para manejar dineros de las FARC, en Ecuador.
Nota de Clara Isabel Vélez, Milenio, 23 de mayo.
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