BOGOTÁ.- Un nuevo escándalo, que amenaza con traspasar las fronteras, sacude a Colombia, la denominada "Farcpolítica" que pretende poner en el banquillo de los acusados,por presuntos vínculos con la guerrilla izquierdista a tres congresistas y a otras nueve personas, incluyendo cuatro extranjeros.
Correos electrónicos contenidos en computadoras confiscadas al fallecido número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC "Raúl Reyes", y que fueron certificadas por la Interpol la semana pasada, son las supuestas pruebas con las que la Fiscalía solicitó ayer una investigación judicial.
Los legisladores incluidos en el pedido son la senadora opositora Piedad Córdova, quien medió para buscar la liberación de rehenes en manos de la guerrilla, Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez; además de los ecuatorianos María Augusta Calle e Iván Larrea; el venezolano miembro del Parlamento latino, Amílcar Figueroa; al estadounidense y economista James Jones, y a la activista Liliana Patricia Obando.
"En principio es por lo encontrado en los computadores, correos por ejemplo (en los que) hay referencia que podrían estar indicando algo mucho más de una gestión (con las FARC) en aras de la paz", dijo ayer el Fiscal General, Mario Iguarán.
"Lo que ha considerado Policía Judicial es que hay unos presuntos vínculos con las FARC por justificar de estas personas", abundó.
El nuevo escándalo surge casi dos años después del proceso llamado "parapolítica", en el cual la Corte Suprema de Justicia investiga a más de 60 congresistas -32 ya presos- por nexos con paramilitares de ultraderecha, y mientras se averigua un presunto soborno a legisladores para la aprobación de la reelección presidencial inmediata.
Correos electrónicos contenidos en computadoras confiscadas al fallecido número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC "Raúl Reyes", y que fueron certificadas por la Interpol la semana pasada, son las supuestas pruebas con las que la Fiscalía solicitó ayer una investigación judicial.
Los legisladores incluidos en el pedido son la senadora opositora Piedad Córdova, quien medió para buscar la liberación de rehenes en manos de la guerrilla, Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez; además de los ecuatorianos María Augusta Calle e Iván Larrea; el venezolano miembro del Parlamento latino, Amílcar Figueroa; al estadounidense y economista James Jones, y a la activista Liliana Patricia Obando.
"En principio es por lo encontrado en los computadores, correos por ejemplo (en los que) hay referencia que podrían estar indicando algo mucho más de una gestión (con las FARC) en aras de la paz", dijo ayer el Fiscal General, Mario Iguarán.
"Lo que ha considerado Policía Judicial es que hay unos presuntos vínculos con las FARC por justificar de estas personas", abundó.
El nuevo escándalo surge casi dos años después del proceso llamado "parapolítica", en el cual la Corte Suprema de Justicia investiga a más de 60 congresistas -32 ya presos- por nexos con paramilitares de ultraderecha, y mientras se averigua un presunto soborno a legisladores para la aprobación de la reelección presidencial inmediata.
Nota de Reuters, Reforma, 24 de mayo.
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