La reforma laboral ya está siendo cabildeada por las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con legisladores de PAN y PRI para tratar de allanar el camino al proyecto, sea adoptado por algunas bancadas y, de esta forma, engañar que no se trata de una iniciativa gubernamental, con la intención de que el Congreso adopte “ese niño huérfano y le ponga nombre y apellido”, afirmaron ayer especialistas en un foro organizado por Casa Lamm.
El abogado Arturo Alcalde Justiniani dijo que la iniciativa, cuya paternidad no quiere reconocer el gobierno, ya fue bautizada como reforma Lozano y lo grave es que bajo este proyecto se pretende cambiar los artículos 387, 899-A y 899-C, de la Ley Federal del Trabajo, para suprimir los derechos de libre asociación, contratación y huelga.
En tanto, el abogado Lauro Sol, quien también preside una de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, advirtió que al parecer la intención gubernamental es que la reforma pase fast track, mientras Jesús Ramírez Stabros, diputado del PRI y ex líder de la Asociación de Pilotos de Aviación, señaló que esta reforma “no tiene padre... ni madre...”
Alcalde comentó que la STPS “ha jugado a que la reforma Lozano no es el oficial, pero todo mundo sabe que sí lo es”. Indicó que la esencia de la propuesta es modificar drásticamente los requisitos para iniciar una huelga, registrar un contrato colectivo o crear un sindicato”.
Lo anterior porque, según las modificaciones propuestas, será casi imposible emplazar a huelga por firma de contrato colectivo, pues para hacerlo habrá que pedir permiso a los patrones, ya que un requisito es que los trabajadores presenten la solicitud a la empresa y luego el patrón certifique que efectivamente son sus trabajadores los que hacen la petición, lo cual es como “pedirles permiso a los demandados para demandarlos”, agregó.
Resaltó que se ponen obstáculos infranqueables para que los trabajadores puedan crear un nuevo sindicato, dado que se propone que entreguen una lista con nombres y firmas de los inconformes, con sus registros del Seguro Social. Luego la empresa tiene que certificar que efectivamente son sus empleados, lo que da margen para que antes de que llegue la solicitud a algún escritorio, los trabajadores sean incluso despedidos.
La diputada Rosario Ortiz, del PRD, hizo hincapié en que aún cuando la iniciativa habla de crear “trabajo decente” en el país, a lo largo del capitulado de esta iniciativa el objetivo se diluye.
El abogado Arturo Alcalde Justiniani dijo que la iniciativa, cuya paternidad no quiere reconocer el gobierno, ya fue bautizada como reforma Lozano y lo grave es que bajo este proyecto se pretende cambiar los artículos 387, 899-A y 899-C, de la Ley Federal del Trabajo, para suprimir los derechos de libre asociación, contratación y huelga.
En tanto, el abogado Lauro Sol, quien también preside una de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, advirtió que al parecer la intención gubernamental es que la reforma pase fast track, mientras Jesús Ramírez Stabros, diputado del PRI y ex líder de la Asociación de Pilotos de Aviación, señaló que esta reforma “no tiene padre... ni madre...”
Alcalde comentó que la STPS “ha jugado a que la reforma Lozano no es el oficial, pero todo mundo sabe que sí lo es”. Indicó que la esencia de la propuesta es modificar drásticamente los requisitos para iniciar una huelga, registrar un contrato colectivo o crear un sindicato”.
Lo anterior porque, según las modificaciones propuestas, será casi imposible emplazar a huelga por firma de contrato colectivo, pues para hacerlo habrá que pedir permiso a los patrones, ya que un requisito es que los trabajadores presenten la solicitud a la empresa y luego el patrón certifique que efectivamente son sus trabajadores los que hacen la petición, lo cual es como “pedirles permiso a los demandados para demandarlos”, agregó.
Resaltó que se ponen obstáculos infranqueables para que los trabajadores puedan crear un nuevo sindicato, dado que se propone que entreguen una lista con nombres y firmas de los inconformes, con sus registros del Seguro Social. Luego la empresa tiene que certificar que efectivamente son sus empleados, lo que da margen para que antes de que llegue la solicitud a algún escritorio, los trabajadores sean incluso despedidos.
La diputada Rosario Ortiz, del PRD, hizo hincapié en que aún cuando la iniciativa habla de crear “trabajo decente” en el país, a lo largo del capitulado de esta iniciativa el objetivo se diluye.
Nota de Patricia Muñoz, La Jornada, 21 de mayo.
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