La United Steelworkers envió ayer sendas cartas a los congresistas estadunidenses para que no se otorgue apoyo económico a México por medio de la Iniciativa Mérida, ya que argumentaron que las fuerzas públicas están cometiendo serias violaciones a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos, lo cual sería indigno financiar, “como en el caso de los ataques que se ha perpetrado contra los trabajadores del sindicato minero”.
Las cartas, firmadas por el presidente de esa organización, Leo W. Gerard, fueron entregadas a los legisladores. En ellas se indica que los obreros metalúrgicos estadunidenses están profundamente preocupados por que se otorguen 350 millones de dólares al gobierno mexicano, “dada la cultura de corrupción y abusos a los derechos humanos y laborales que cometen las fuerzas de seguridad en ese país”, y por el uso de la violencia para reprimir a los trabajadores y a la sociedad civil.
Los dólares de los contribuyentes de Estados Unidos no deben “ser utilizados para socavar o reprimir los esfuerzos legítimos de los trabajadores para sindicalizarse u organizarse” en México, ya que por ejemplo, el gobierno de ese país, “trabajando mano a mano con la enorme empresa minera Grupo México, ha mantenido un continuo e injusto ataque contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y su secretario general, Napoleón Gómez Urrutia”, señala la misiva.
Hace referencia a un reporte de marzo de 2009 de la Internacional Metalworkers Federation, según el cual autoridades gubernamentales y Grupo México han violado sistemática y repetidamente la ley y los estándares internacionales “para aplastar a este sindicato independiente”.
Añade que para los trabajadores metalúrgicos estadunidenses “las fuerzas más desestabilizadoras del México de hoy son la pobreza, los salarios bajos y la falta de oportunidades dignas de trabajo. En lugar de militarizar los problemas aumentando la ayuda militar, una propuesta seria para la seguridad regional se enfocaría en la creación de trabajo digno con salarios dignos”, y pide por ello que se detengan los fondos para la Iniciativa Mérida.
Pugna con la STPS
Por otra parte, ayer el sindicato minero respondió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social respecto del señalamiento que hizo la dependencia porque el líder de la sección sindical 65 de Cananea, Sergio Tolano Lizárrana, no se presentó a una reunión a la que fue convocado para negociar la huelga.
Esta organización planteó al respecto que se “invitó” a una reunión al dirigente minero con el secretario general de Gobierno de Sonora, Roberto Ruibal Astiazarán, y el subsecretario de la STPS, Álvaro Castro, pero no se le pidió a ningún representante de la empresa Minera de Cananea a asistir, así como a ningún representante del comité ejecutivo del sindicato.
Las cartas, firmadas por el presidente de esa organización, Leo W. Gerard, fueron entregadas a los legisladores. En ellas se indica que los obreros metalúrgicos estadunidenses están profundamente preocupados por que se otorguen 350 millones de dólares al gobierno mexicano, “dada la cultura de corrupción y abusos a los derechos humanos y laborales que cometen las fuerzas de seguridad en ese país”, y por el uso de la violencia para reprimir a los trabajadores y a la sociedad civil.
Los dólares de los contribuyentes de Estados Unidos no deben “ser utilizados para socavar o reprimir los esfuerzos legítimos de los trabajadores para sindicalizarse u organizarse” en México, ya que por ejemplo, el gobierno de ese país, “trabajando mano a mano con la enorme empresa minera Grupo México, ha mantenido un continuo e injusto ataque contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y su secretario general, Napoleón Gómez Urrutia”, señala la misiva.
Hace referencia a un reporte de marzo de 2009 de la Internacional Metalworkers Federation, según el cual autoridades gubernamentales y Grupo México han violado sistemática y repetidamente la ley y los estándares internacionales “para aplastar a este sindicato independiente”.
Añade que para los trabajadores metalúrgicos estadunidenses “las fuerzas más desestabilizadoras del México de hoy son la pobreza, los salarios bajos y la falta de oportunidades dignas de trabajo. En lugar de militarizar los problemas aumentando la ayuda militar, una propuesta seria para la seguridad regional se enfocaría en la creación de trabajo digno con salarios dignos”, y pide por ello que se detengan los fondos para la Iniciativa Mérida.
Pugna con la STPS
Por otra parte, ayer el sindicato minero respondió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social respecto del señalamiento que hizo la dependencia porque el líder de la sección sindical 65 de Cananea, Sergio Tolano Lizárrana, no se presentó a una reunión a la que fue convocado para negociar la huelga.
Esta organización planteó al respecto que se “invitó” a una reunión al dirigente minero con el secretario general de Gobierno de Sonora, Roberto Ruibal Astiazarán, y el subsecretario de la STPS, Álvaro Castro, pero no se le pidió a ningún representante de la empresa Minera de Cananea a asistir, así como a ningún representante del comité ejecutivo del sindicato.
Patricia Muñoz Ríos, La Jornada, 5 de junio.
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