La consulta en el DF sobre la reforma energética que anunció el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, “representaría una intromisión de una facultad exclusiva del Congreso de la Unión”, advirtió la Secretaría de Gobernación.
El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Daniel Cabeza de Vaca, envió la noche de ayer una misiva a Ebrard, en la que pide “no llegar a conclusiones” en el artículo 26 de la Constitución “leyendo sólo una parte”, además de que la consulta en materia energética ya se realizó y agotó en los trabajos previos al Plan Nacional de Desarrollo que presentó el Ejecutivo.
En tres cuartillas, el funcionario federal aseguró que dicho artículo “previene una figura específica de consulta, con un fin y objetivos precisos y particulares. Dicho procedimiento no tiene un ámbito de aplicación general y absoluto como lo ha pretendido interpretar, sino por el contrario se encuentra acotado exclusivamente al Sistema Nacional de Planeación”.
Aseguró que el Ejecutivo concretó consultas en las que participaron académicos, legisladores, sindicatos, legisladores, gobiernos estatales y ciudadanos que permitieron la elaboración del PND 2007-2012.
En el último párrafo le recuerda a Ebrard su participación en uno de los foros de debate que organiza el Senado, por lo que advierte que “pretender efectuar otra consulta en los términos propuestos por usted, representaría una intromisión de una facultad exclusiva del Congreso de la Unión prevista en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que en dicho poder se encuentra representada la ciudadanía conforme a los artículos 40 y 41 del citado ordenamiento”.
Por la noche, el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, respondió a los señalamientos e insistió en que Ebrard está facultado por la Constitución, el estatuto de Gobierno del DF, el Código Electoral y la Ley de Participación Ciudadana locales para realizar la consulta.
Además, dijo que dicho mecanismo “fortalece el proceso de consulta que se lleva acabo en el Senado”, e insistió en que es indispensable que se tome en cuenta la opinión de todos los ciudadanos.
“El hecho de que el Ejecutivo federal descalifique una legítima y democrática consulta ciudadana no deja de preocupar al gobierno de la Ciudad de México, que tiene como eje fundamental el principio constitucional de que la soberanía recae en el pueblo y se constituye en beneficio de él”, concluyó.
El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Daniel Cabeza de Vaca, envió la noche de ayer una misiva a Ebrard, en la que pide “no llegar a conclusiones” en el artículo 26 de la Constitución “leyendo sólo una parte”, además de que la consulta en materia energética ya se realizó y agotó en los trabajos previos al Plan Nacional de Desarrollo que presentó el Ejecutivo.
En tres cuartillas, el funcionario federal aseguró que dicho artículo “previene una figura específica de consulta, con un fin y objetivos precisos y particulares. Dicho procedimiento no tiene un ámbito de aplicación general y absoluto como lo ha pretendido interpretar, sino por el contrario se encuentra acotado exclusivamente al Sistema Nacional de Planeación”.
Aseguró que el Ejecutivo concretó consultas en las que participaron académicos, legisladores, sindicatos, legisladores, gobiernos estatales y ciudadanos que permitieron la elaboración del PND 2007-2012.
En el último párrafo le recuerda a Ebrard su participación en uno de los foros de debate que organiza el Senado, por lo que advierte que “pretender efectuar otra consulta en los términos propuestos por usted, representaría una intromisión de una facultad exclusiva del Congreso de la Unión prevista en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que en dicho poder se encuentra representada la ciudadanía conforme a los artículos 40 y 41 del citado ordenamiento”.
Por la noche, el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, respondió a los señalamientos e insistió en que Ebrard está facultado por la Constitución, el estatuto de Gobierno del DF, el Código Electoral y la Ley de Participación Ciudadana locales para realizar la consulta.
Además, dijo que dicho mecanismo “fortalece el proceso de consulta que se lleva acabo en el Senado”, e insistió en que es indispensable que se tome en cuenta la opinión de todos los ciudadanos.
“El hecho de que el Ejecutivo federal descalifique una legítima y democrática consulta ciudadana no deja de preocupar al gobierno de la Ciudad de México, que tiene como eje fundamental el principio constitucional de que la soberanía recae en el pueblo y se constituye en beneficio de él”, concluyó.
Elba Mónica Bravo, Milenio, 6 de junio.
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