Las dependencias locales y federales de salud pública del Distrito Federal podrían ahorrar hasta 20 millones de pesos anualmente si los embarazos se interrumpen con medicamentos o métodos seguros como los aplicados a la mayoría de las ocho mil mujeres atendidas después de la despenalización del aborto.
Este cálculo, se basa en el estudio “El costo del aborto inseguro realizado en la Ciudad de México”, elaborado en 2007 por The Council Population, en el que se revela que estas dependencias han invertido 29 millones de pesos en atender las complicaciones de abortos inseguros y en la interrupción de embarazos con métodos arcaicos.
En la investigación de esta organización de renombre internacional se explica que “la atención a las complicaciones del aborto, en un contexto legalmente restringido y con técnicas consideradas obsoletas —como el legrado uterino instrumental— cuesta alrededor de 29 millones de pesos”.
Mientras que, agrega el texto, “en un contexto legal y utilizando tecnología moderna y segura como lo es la aspiración manual intrauterina o la interrupción del embarazo con medicamentos, el costo podría reducirse a la tercera parte, es decir, a 9 millones”, medidas que se han aplicado en 95 por ciento de los casos atendidos en la Secretaría de Salud del DF.
El estudio, que analizó la operatividad de tres hospitales públicos y uno privado, concluyó que la atención de las complicaciones y la práctica de abortos legales (únicamente realizados bajo las causales permitidas antes de la despenalización) era más cara para el gobierno que la realización de interrupciones del embarazo ilegales que practicaba la clínica privada, debido a la utilización de tecnología más moderna.
El costo por mujer atendida en el servicio público por complicaciones del aborto iba desde los 6 mil 611 hasta más de 23 mil pesos y la realización de interrupciones legales mediante legrados costaba hasta mil 500 pesos.
Esta investigación fue citada por Ipas México, agrupación no gubernamental internacional consultora del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas dedicada a disminuir las muertes de mujeres provocadas por la realización de abortos inseguros o mala atención posaborto, en varias de sus publicaciones.
Ipas documentó que en 2003 sólo en el sector público a nivel nacional gastó 514 millones 604 mil 740 pesos en las complicaciones por aborto, lo cual equivale a siete por ciento del total del gasto hospitaliario destinado a salud reproductiva.
En otro estudio realizado por las investigadoras Heidi B. Johnston, Maria F. Gallo y Janie Benson, se asegura que el servicio público de salud se puede ahorrar hasta 86 por ciento de lo que ha gastado en atender a mujeres por abortos inconclusos, si existe un marco de una legislación liberal y la utilización de un método seguro.
Respuesta a descalificaciones
La directora de Ipas México, agrupación que trabaja con la Organización Mundial de la Salud y otras instancias internacionales, Rafaella Schiavon, respondió a las acusaciones de corrupción y maquillaje de cifras que lanzaron los opositores a la despenalización del aborto al decir que ella es médica de profesión y no le gusta caer en especulaciones.
Explicó que las más de mil 500 muertes en los últimos cinco años y los casi un millón de casos de hospitalización por complicaciones de abortos inseguros a nivel nacional que reportaron fueron producto de un cálculo que realizó Ipas, a través de cifras oficiales del INEGI, para definir la mortalidad, y del Sistema de Información de Salud de la Secretaría de Salud federal —que incluye datos del IMSS, ISSSTE y Ssa y hospitales federales— para determinar la morbilidad.
Si aterrizamos estas cifras al DF, en cuatro años —de 2001 a 2005— hubo 213 muertes por aborto —constituyéndose en la tercera causa de muerte materna a nivel local—, y egresaron de los hospitales de la ciudad —incluidos la Ssa, IMSS, ISSSTE y hospitales federales— 112 mil 683 mujeres, entre los 10 y los 54 años, por complicaciones de aborto, de las cuales 456 eran niñas de entre 10 y 14 años de edad.
La detección de estas cifras se facilitó gracias a que México se comprometió, al signar los retos del milenio, a disminuir 75 por ciento la mortalidad materna, y para ello tuvo primero que definir en cifras reales cuántas y por qué causas morían.
Para ello, explicó la también ex directora adjunta de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Ssa, se utilizaron claves aprobadas internacionalmente (llamadas CIE-10) para clasificar las muertes de mujeres relacionadas con el aborto.
Según la sistematización que realizó Ipas —que ha trabajado en los últimos años con la Ssa federal en la capacitación de personal para la atención de las complicaciones
posaborto—, el rubro que predomina dentro de esta clasificación son los llamados abortos no especificados, los cuales son procesos inconclusos o mal hechos que terminan por ser atendidos en hospitales del servicio de salud pública.
En el caso de la cifra de hospitalizaciones por complicaciones del aborto, información que se encuentra en la página de internet de la Ssa, se detectó a través de lo que se llama cubos de morbilidad mediante los cuales se pueden hacer un análisis por causa de hospitalización, los cuales también cuentan con la misma clave internacional específica que identifica los casos relacionados con este rubro.
Además, enfatiza, estas cifras pueden ser conservadoras, ya que según estimaciones que ha realizado el Instituto Guttmacher, por cada mujer que llega a un hospital a atenderse hay otras cuatro que se han practicado un aborto que no llegan a la hospitalización, por lo que esta cifra podría llegar al millón de abortos al año practicados en México.
En este panorama, explica Schiavon, el acontecimiento menos peligroso que le puede suceder a una mujer que está embarazada es practicarse un aborto legal y seguro hasta antes de la semana 12, ya que de cada 100 mil mujeres que se lo realizan muere menos de una —es decir .4 por ciento—, en cambio esta tasa aumenta a 7.06 por ciento tratándose del parto de un niño vivo.
Respecto a si a unos meses de la despenalización ya se puede apreciar estadísticamente una disminución en el número de ingresos a los hospitales por complicaciones, Schiavon explicó que “si lo que nosotros vemos en los hospitales no es más que la quinta parte de lo que realmente sucede afuera, para que esto se refleje en una disminución de los abortos incompletos tendremos que esperar más tiempo, esto podrá observarse a mediano y largo plazo”.
Este cálculo, se basa en el estudio “El costo del aborto inseguro realizado en la Ciudad de México”, elaborado en 2007 por The Council Population, en el que se revela que estas dependencias han invertido 29 millones de pesos en atender las complicaciones de abortos inseguros y en la interrupción de embarazos con métodos arcaicos.
En la investigación de esta organización de renombre internacional se explica que “la atención a las complicaciones del aborto, en un contexto legalmente restringido y con técnicas consideradas obsoletas —como el legrado uterino instrumental— cuesta alrededor de 29 millones de pesos”.
Mientras que, agrega el texto, “en un contexto legal y utilizando tecnología moderna y segura como lo es la aspiración manual intrauterina o la interrupción del embarazo con medicamentos, el costo podría reducirse a la tercera parte, es decir, a 9 millones”, medidas que se han aplicado en 95 por ciento de los casos atendidos en la Secretaría de Salud del DF.
El estudio, que analizó la operatividad de tres hospitales públicos y uno privado, concluyó que la atención de las complicaciones y la práctica de abortos legales (únicamente realizados bajo las causales permitidas antes de la despenalización) era más cara para el gobierno que la realización de interrupciones del embarazo ilegales que practicaba la clínica privada, debido a la utilización de tecnología más moderna.
El costo por mujer atendida en el servicio público por complicaciones del aborto iba desde los 6 mil 611 hasta más de 23 mil pesos y la realización de interrupciones legales mediante legrados costaba hasta mil 500 pesos.
Esta investigación fue citada por Ipas México, agrupación no gubernamental internacional consultora del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas dedicada a disminuir las muertes de mujeres provocadas por la realización de abortos inseguros o mala atención posaborto, en varias de sus publicaciones.
Ipas documentó que en 2003 sólo en el sector público a nivel nacional gastó 514 millones 604 mil 740 pesos en las complicaciones por aborto, lo cual equivale a siete por ciento del total del gasto hospitaliario destinado a salud reproductiva.
En otro estudio realizado por las investigadoras Heidi B. Johnston, Maria F. Gallo y Janie Benson, se asegura que el servicio público de salud se puede ahorrar hasta 86 por ciento de lo que ha gastado en atender a mujeres por abortos inconclusos, si existe un marco de una legislación liberal y la utilización de un método seguro.
Respuesta a descalificaciones
La directora de Ipas México, agrupación que trabaja con la Organización Mundial de la Salud y otras instancias internacionales, Rafaella Schiavon, respondió a las acusaciones de corrupción y maquillaje de cifras que lanzaron los opositores a la despenalización del aborto al decir que ella es médica de profesión y no le gusta caer en especulaciones.
Explicó que las más de mil 500 muertes en los últimos cinco años y los casi un millón de casos de hospitalización por complicaciones de abortos inseguros a nivel nacional que reportaron fueron producto de un cálculo que realizó Ipas, a través de cifras oficiales del INEGI, para definir la mortalidad, y del Sistema de Información de Salud de la Secretaría de Salud federal —que incluye datos del IMSS, ISSSTE y Ssa y hospitales federales— para determinar la morbilidad.
Si aterrizamos estas cifras al DF, en cuatro años —de 2001 a 2005— hubo 213 muertes por aborto —constituyéndose en la tercera causa de muerte materna a nivel local—, y egresaron de los hospitales de la ciudad —incluidos la Ssa, IMSS, ISSSTE y hospitales federales— 112 mil 683 mujeres, entre los 10 y los 54 años, por complicaciones de aborto, de las cuales 456 eran niñas de entre 10 y 14 años de edad.
La detección de estas cifras se facilitó gracias a que México se comprometió, al signar los retos del milenio, a disminuir 75 por ciento la mortalidad materna, y para ello tuvo primero que definir en cifras reales cuántas y por qué causas morían.
Para ello, explicó la también ex directora adjunta de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Ssa, se utilizaron claves aprobadas internacionalmente (llamadas CIE-10) para clasificar las muertes de mujeres relacionadas con el aborto.
Según la sistematización que realizó Ipas —que ha trabajado en los últimos años con la Ssa federal en la capacitación de personal para la atención de las complicaciones
posaborto—, el rubro que predomina dentro de esta clasificación son los llamados abortos no especificados, los cuales son procesos inconclusos o mal hechos que terminan por ser atendidos en hospitales del servicio de salud pública.
En el caso de la cifra de hospitalizaciones por complicaciones del aborto, información que se encuentra en la página de internet de la Ssa, se detectó a través de lo que se llama cubos de morbilidad mediante los cuales se pueden hacer un análisis por causa de hospitalización, los cuales también cuentan con la misma clave internacional específica que identifica los casos relacionados con este rubro.
Además, enfatiza, estas cifras pueden ser conservadoras, ya que según estimaciones que ha realizado el Instituto Guttmacher, por cada mujer que llega a un hospital a atenderse hay otras cuatro que se han practicado un aborto que no llegan a la hospitalización, por lo que esta cifra podría llegar al millón de abortos al año practicados en México.
En este panorama, explica Schiavon, el acontecimiento menos peligroso que le puede suceder a una mujer que está embarazada es practicarse un aborto legal y seguro hasta antes de la semana 12, ya que de cada 100 mil mujeres que se lo realizan muere menos de una —es decir .4 por ciento—, en cambio esta tasa aumenta a 7.06 por ciento tratándose del parto de un niño vivo.
Respecto a si a unos meses de la despenalización ya se puede apreciar estadísticamente una disminución en el número de ingresos a los hospitales por complicaciones, Schiavon explicó que “si lo que nosotros vemos en los hospitales no es más que la quinta parte de lo que realmente sucede afuera, para que esto se refleje en una disminución de los abortos incompletos tendremos que esperar más tiempo, esto podrá observarse a mediano y largo plazo”.
Valeria Berumen, Milenio, 6 de junio.
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