La mayoría de condiciones que impuso el Senado de Estados Unidos a México en la Iniciativa Mérida fueron avaladas por más de 20 organizaciones no gubernamentales mexicanas, aliadas de las estadunidenses Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Las ONG son, entre otras, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Nacional de Comunicación Social, DECA Equipo Pueblo, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Fundar.
Estos organismos se han distinguido por exigir que se discutan de manera amplia y transparente los asuntos que tienen repercusión en México, pero en este caso no lo hicieron, se asienta en un documento sobre los riesgos de la Iniciativa Mérida, entregado al Senado.
El reporte, firmado por el especialista Primitivo Rodríguez Oceguera, fue enviado el domingo 31 de mayo a los coordinadores parlamentarios y a las comisiones de Seguridad Pública, Derechos Humanos, Defensa y Relaciones con América del Norte. También se entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la que Rodríguez Oceguera es asesor.
En el texto se advierte que son demasiados los riesgos para el país si se acepta la Iniciativa Mérida, porque “reúne los ingredientes necesarios para hacer de México un país subordinado, violento y enfermo”.
Condiciones y promotores
Rodríguez Oceguera recuerda que las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos se reunirán en los próximos días para aprobar una versión común de la iniciativa.
Reitera que son nueve las condiciones impuestas por el Senado estadunidense, pero entre todas destaca el hecho de que el gobierno mexicano debe crear un mecanismo en el que participen organismos civiles para monitorear algunos aspectos de la Iniciativa Mérida e informar periódicamente al Congreso y gobierno de Estados Unidos de lo que hagan las autoridades mexicanas en la materia.
“Validarla así es como sostener que es aceptable comprometer a México en conflictos y guerras que no son suyos, siempre que se cree un grupo civil, bien pagado por Estados Unidos, para monitorear que ello se realice sin corrupción y con respeto a la ley”, señala.
Al parecer, sostiene, Human Rights Watch, Amnistía Internacional USA y ONG mexicanas que las acompañan estarían buscando, además del respeto a los derechos humanos, ser parte de la instancia “civil independiente” y supranacional para impulsar las reformas que México requiere en materia judicial y militar.
Según el experto, los otros condicionamientos son que el gobierno mexicano impulse reformas judiciales; que informe a su Congreso si hay suficiente garantizado que el Ejército y las policías que reciban fondos no estén involucradas en la violación de derechos humanos o corrupción; crear un banco de datos sobre la policía y el Ejército mexicanos, y que se cumpla con la prohibición de obtener información y confesiones a través de tortura.
También exige que las fuerzas armadas entreguen a soldados infractores a cortes civiles; crear comisiones de quejas en las policías; que se fortalecezca la autonomía de la CNDH, y que se apoye financieramente a la oficina en México de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU.
- Claves
Peticiones cruzadas
• Esta semana varias de estas ONG exigieron la renuncia del presidente de la CNDH por su actitud “vergonzante” en la remoción del representante del Alto Comisionado la ONU para Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra. El 24 de marzo, Soberanes se quejó ante la comisionada, Louise Arbour, de la postura asumida por Incalcaterra sobre el trabajo de la comisión.
• Rodríguez Oceguera es especialista en las relaciones México-Estados Unidos, candidato a doctor por el Colegio de México y promotor de organizaciones de migrantes mexicanos.
Las ONG son, entre otras, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Nacional de Comunicación Social, DECA Equipo Pueblo, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Fundar.
Estos organismos se han distinguido por exigir que se discutan de manera amplia y transparente los asuntos que tienen repercusión en México, pero en este caso no lo hicieron, se asienta en un documento sobre los riesgos de la Iniciativa Mérida, entregado al Senado.
El reporte, firmado por el especialista Primitivo Rodríguez Oceguera, fue enviado el domingo 31 de mayo a los coordinadores parlamentarios y a las comisiones de Seguridad Pública, Derechos Humanos, Defensa y Relaciones con América del Norte. También se entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la que Rodríguez Oceguera es asesor.
En el texto se advierte que son demasiados los riesgos para el país si se acepta la Iniciativa Mérida, porque “reúne los ingredientes necesarios para hacer de México un país subordinado, violento y enfermo”.
Condiciones y promotores
Rodríguez Oceguera recuerda que las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos se reunirán en los próximos días para aprobar una versión común de la iniciativa.
Reitera que son nueve las condiciones impuestas por el Senado estadunidense, pero entre todas destaca el hecho de que el gobierno mexicano debe crear un mecanismo en el que participen organismos civiles para monitorear algunos aspectos de la Iniciativa Mérida e informar periódicamente al Congreso y gobierno de Estados Unidos de lo que hagan las autoridades mexicanas en la materia.
“Validarla así es como sostener que es aceptable comprometer a México en conflictos y guerras que no son suyos, siempre que se cree un grupo civil, bien pagado por Estados Unidos, para monitorear que ello se realice sin corrupción y con respeto a la ley”, señala.
Al parecer, sostiene, Human Rights Watch, Amnistía Internacional USA y ONG mexicanas que las acompañan estarían buscando, además del respeto a los derechos humanos, ser parte de la instancia “civil independiente” y supranacional para impulsar las reformas que México requiere en materia judicial y militar.
Según el experto, los otros condicionamientos son que el gobierno mexicano impulse reformas judiciales; que informe a su Congreso si hay suficiente garantizado que el Ejército y las policías que reciban fondos no estén involucradas en la violación de derechos humanos o corrupción; crear un banco de datos sobre la policía y el Ejército mexicanos, y que se cumpla con la prohibición de obtener información y confesiones a través de tortura.
También exige que las fuerzas armadas entreguen a soldados infractores a cortes civiles; crear comisiones de quejas en las policías; que se fortalecezca la autonomía de la CNDH, y que se apoye financieramente a la oficina en México de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU.
- Claves
Peticiones cruzadas
• Esta semana varias de estas ONG exigieron la renuncia del presidente de la CNDH por su actitud “vergonzante” en la remoción del representante del Alto Comisionado la ONU para Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra. El 24 de marzo, Soberanes se quejó ante la comisionada, Louise Arbour, de la postura asumida por Incalcaterra sobre el trabajo de la comisión.
• Rodríguez Oceguera es especialista en las relaciones México-Estados Unidos, candidato a doctor por el Colegio de México y promotor de organizaciones de migrantes mexicanos.
Rogelio hernández López, Milenio, 4 de junio.
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